Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Presupuesto con prioridad social

Sánchez orienta el gasto hacia la ayuda al desempleo, pensiones y dependencia

Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda
Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda EFE

El Gobierno ha presentado unos Presupuestos del Estado para 2019 expansivos y con una intensa vocación social, como corresponde a una política económica que aspira a corregir las carencias de renta y de bienestar originadas por la crisis y por las políticas de austeridad de los últimos cinco años. Este es el valor principal de los primeros Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y, con independencia de que resulten aprobados o sean rechazados por la aritmética parlamentaria, responden a lo que se espera de una política de recuperación social que ya iba siendo urgente. Los damnificados por la crisis se beneficiarán de una redistribución de los recursos públicos, aunque inferior a la que hubiera podido aplicarse si el objetivo de déficit del 1,3% se hubiera ampliado al 1,8% como quería el Ejecutivo.

La orientación expansiva del Presupuesto, con un aumento del gasto del 5,3%, permite dar prioridad a recursos para atender a las pensiones —recuérdese que fue el último Gobierno de Rajoy el que pactó con el PNV la revalorización de las prestaciones con el IPC sin consignar la partida en las cuentas—, a las ayudas a la dependencia, que suben más del 59%, a las ayudas al desempleo o a la vivienda. La prioridad social permite destinar más dinero a becas y financiar el plan de 20.000 pisos sociales de alquiler en los próximos cinco años. El Gobierno está decidido además a propiciar un cambio social desde la Administración; así se entienden la exención fiscal a las empresas que incluyan consejeras en sus consejos de administración o la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho meses.

Nada de esto hubiera sido posible con el modelo presupuestario de los Gobiernos de Rajoy, fundado, en circunstancias distintas, es cierto, en recortes drásticos del gasto social y de la inversión pública. La política social que pretende defender el Gobierno desde los Presupuestos de 2019 es la que debiera haber aplicado el Gobierno anterior desde 2015. Ya entonces era posible aplicar una política más relajada de rentas y un Presupuesto menos pendiente de controlar el déficit sólo mediante recortes del gasto. La austeridad impuesta por encima de cualquier otra consideración y prolongada en el tiempo nunca ha sido una buena política.

Si el hallazgo del Presupuesto de 2019 es el crecimiento del gasto social, su talón de Aquiles es el cálculo demasiado optimista de los ingresos públicos. Solo con un crecimiento de la recaudación fiscal era posible cuadrar una contracción del déficit hasta el 1,3% con un crecimiento de las partidas sociales. Pero las previsiones del Gobierno, como han recordado casi todas las instituciones dedicadas al análisis económico, no son realistas. Es difícil suponer que los ingresos por IVA subirán el 11,7% con una previsión de crecimiento más moderada que la de 2018; tampoco infunden demasiada confianza los pronósticos de subida de ingresos por sociedades o por cotizaciones sociales. Por eso es tan importante observar el contenido y desarrollo de los impuestos de próxima creación y exigir al Gobierno una coordinación mejor de sus iniciativas fiscales.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >