Pronunciamientos pendientes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una apuesta de alto riesgo tanto político como institucional el pasado jueves, en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. El documento suscrito junto a la Generalitat propone resolver en el terreno de la ambigüedad un contencioso en el que, por parte de las fuerzas integradas en el Govern, falta todavía un pronunciamiento claro sobre la renuncia a la unilateralidad y una condena expresa de la violencia de los grupos de encapuchados que tratan de imponer su ley en las calles de Cataluña. El contraste entre la ambigüedad del comunicado y los silencios de la Generalitat puede reducir, más que ampliar, el margen de maniobra de quienes desean una salida política para Cataluña dentro de la Constitución. La desleal actuación del independentismo en las instituciones durante el procésha generado una profunda desconfianza en el conjunto de la sociedad española y en aquella parte de la catalana que rechaza su programa, ahora acentuada con el comunicado. El temor generado durante los largos años de desafío al orden constitucional se concreta, desde el pasado jueves, en que la Generalitat convierta el comunicado en un instrumento para disfrazar como incumplimientos del Estado las diferencias de interpretación que el texto permite.

El conflicto creado por los independentistas, y en el que algunos de sus grupos y organizaciones persisten por todos los medios, absolutamente todos, para lograr el desistimiento de quienes no comparten su credo, no es entre Cataluña y España, sino entre los ciudadanos de Cataluña que rechazan el programa de la secesión y la voluntad de la minoría por imponerlo. Al suscribir un comunicado conjunto en el que se disolvía la enunciación de esta realidad en una formulación que no la excluía sin tampoco reafirmarla, el presidente Sánchez transmitió un mensaje que produce excitación entre una oposición política previamente dispuesta al maximalismo y desconcierto entre quienes defienden una salida constitucional sin recurrir a medidas extraordinarias mientras no existan razones legales para ello. El principal problema con el que se enfrenta el Gobierno por el hecho de haber suscrito este comunicado es que la iniciativa para clarificar su mensaje no está ya en sus manos, sino en las de los independentistas.

Así, no es el Gobierno central quien debe comunicar que ha obtenido garantías de la Generalitat en el sentido de que no recurrirá a la unilateralidad, sino esta quien tiene que ofrecerlas. Y otro tanto cabe decir de la violencia, de la que los dirigentes independentistas no pueden seguir diciendo que no conviene a su causa, cuando lo que se espera de la convicción democrática de la que tanto alardean es que la condenen aunque la ejerzan los encapuchados que defienden su mismo programa. La reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat era necesaria, como también es necesaria la continuidad del diálogo institucional y un control del orden público, dos hechos ante los que han sentido gran alivio amplios sectores de la ciudadanía no independentista en Cataluña. Sobre la Generalitat y sus pronunciamientos pendientes recae ahora la responsabilidad de decidir si perseguir la quimera de algunos justifica empujar de nuevo a todos a un escenario insoportable.