Otro Estatut

El Congreso de los Diputados celebró el pasado miércoles uno de los contados plenos monográficos sobre Cataluña desde que la Generalitat adoptó el programa de la secesión, hace siete años. Este hecho revela la preferencia de la mayoría de las fuerzas políticas por agitar esta crisis fuera del Parlamento antes que por resolverla dentro, siempre tratada como munición electoral. Ahí radica la causa necesaria de que una reclamación de independencia para la que no existe mayoría democrática se agite hasta parecer que deja al Estado sin respuesta, cuando este conserva intactos sus principales mecanismos políticos. La causa suficiente es que los principales partidos de ámbito estatal se aferran a respuestas que ni van dirigidas estrictamente al independentismo, ni son compatibles entre sí. Cuando el Partido Popular y Ciudadanos proponen simultáneamente la aplicación del artículo 155 y la inmediata llamada a las urnas, ¿es porque consideran razonable aplicar una norma de excepción con las Cámaras disueltas, un Gobierno en funciones y en medio de una campaña electoral?

La rotundidad con la que las fuerzas partidarias de la independencia rechazaron el miércoles la propuesta de un nuevo Estatut no puede ocultar la dificultad para argumentar su posición, ofreciendo a cambio la retórica sacrificial que precede a las catástrofes. Si, como no han dejado de repetir, el Estatut fue una respuesta fallida al problema del autogobierno, lo congruente es intentar otra respuesta, no inventarse otro problema. Sobre todo cuando el nuevo problema solo ha servido para poner en peligro el autogobierno y también para algo más grave, cuyo precio paga ya la sociedad catalana y no tardará en hacerlo la del resto del país. El abandono de un catalanismo que era mayoritario en favor de un independentismo minoritario condena a los partidos que han recorrido este trayecto a renunciar tarde o temprano a las credenciales democráticas, dirigiendo su acción política a doblegar mediante el uso groseramente sectario de las instituciones que gobierna la voluntad de la mayoría que rechaza su programa. La consigna independentista de que un nuevo Estatut llega tarde olvida que la secesión simplemente no llegó ni es previsible que lo haga.

Exigir la aplicación del artículo 155 y la convocatoria inmediata de elecciones no define ninguna posición sobre las salidas políticas al problema territorial de Cataluña, salvo que se contemple sin decirlo la recentralización encubierta mediante una toma de control extraordinaria de las competencias autonómicas. Si así fuera, los ataques que hoy padece la Constitución no solo estarían procediendo de quienes quieren imponer la secesión por vías de hecho, sino también de quienes, declarándose sus más determinados defensores, hacen otro tanto para orientar el sistema autonómico hacia un Estado unitario contrario al orden constitucional. Desde el momento en que, debido a su tortuosa tramitación, el vigente Estatut es un flanco abierto en el bloque de constitucionalidad sobre el que se apoya el sistema democrático español, el acuerdo para reformarlo aparece como un punto de encuentro elemental, al menos, entre las fuerzas no independentistas. Con y sin elecciones inmediatas. Con y sin la aplicación de medidas extraordinarias, si es que de verdad se siguen interpretando como extraordinarias.