Vía institucional

A lo largo de la jornada de este viernes se confirmará si la reunión que celebra el Gobierno central en Barcelona puede alcanzar los objetivos políticos para los que se había convocado o se limitará a acarrear consecuencias de orden público que nadie debería desear. El presidente Sánchez decidió trasladar a Barcelona una reunión del Ejecutivo como deferencia hacia la Generalitat, en tanto que esta ha pasado en pocas semanas del silencio a la hostilidad, para luego tratar de apagar el incendio que ella misma ha provocado. A este propósito responde el hecho de que aceptara en el último momento celebrar la reunión entre los jefes de los Ejecutivos central y autónomo, con el estrambote de un encuentro entre dos ministros y dos consejeros sin otro fin que evitar que quedaran cerradas todas las vías de contacto institucional. Mantenerlas abiertas tendrá un coste para Sánchez y su Gobierno, acosado por una oposición que comparte con el independentismo la estrategia de radicalizar las respectivas posiciones. El comunicado final acordado por Sánchez refleja ese escenario: no incurre en la inconstitucionalidad que le reprocha continuamente la oposición, pero contenta a unos independentistas que exigen suficientes dosis de imprecisión, con lo que muy previsiblemente dará origen a un nuevo boquete en la confianza del Partido Popular y Ciudadanos.

Las incertidumbres en torno a un Consejo de Ministros son de la entera responsabilidad del independentismo, y responden tanto a la ausencia de una estrategia compartida por sus diversas corrientes como a las crecientes dificultades para compatibilizar la gestión de las instituciones con la ley de la calle que algunas de ellas irresponsablemente alientan. La posibilidad de que los contactos políticos de ayer y de hoy acaben como un nuevo acto fallido obedece a la misma razón que está detrás de todos desde que el president Torra ha buscado ocultar la incapacidad de gestión tras el maximalismo: el independentismo desea fingir que dialoga y al mismo tiempo impedir cualquier diálogo. Porque si el diálogo es posible, entonces su estrategia se revela como lo que es: imponer por vías de hecho a una mayoría el programa que solo defiende una minoría, sustituyendo la legitimidad democrática por manipulación propagandística.

Durante los últimos días los dirigentes independentistas han hecho un llamamiento a los encapuchados que están amenazando con boicotear la reunión del Consejo de Ministros para que no actúen con violencia. Con esto piensan haber cumplido con su deber, reconfortándose en una representación de sí mismos como líderes responsables y del programa de la independencia como pacífico. La realidad es diferente, puesto que el mensaje que han transmitido es que la violencia no conviene, no que se vaya a enfrentar a una inequívoca condena. Porque si este hubiera sido el mensaje, la Generalitat no habría mantenido el insólito discurso de que hoy defenderá tanto la libertad de expresión del Ejecutivo central como la de los encapuchados que amenazan con boicotear el Consejo de Ministros que se celebra en Barcelona, disfrazando como equidistancia lo que no puede ser más que una confesión de ignorancia, porque un Gobierno reunido en Consejo no expresa opiniones que merecen ser amparadas, sino decisiones que deben ser cumplidas.