El derecho a la salud de las trabajadoras bolivianas
Esto es lo que se encontró el autor en una reunión con empleadas de este país: sueldos irrisorios y jornadas inhumanas, sistemáticamente explotadas, ni siquiera podían ejercer abiertamente su derecho de asociación
Que las mujeres suelen quedar relegadas a un segundo plano en los procesos de desarrollo no es ninguna novedad, ya que la estructura patriarcal del Estado y las dinámicas del sistema productivo tienden casi de oficio a ignorar sus necesidades. Ni siquiera en países como Bolivia, donde el Gobierno de Evo Morales lleva años abanderando iniciativas rompedoras en la materia —hasta ocupar nada menos que el segundo puesto en la lista de la ONU sobre equidad de género en política— se ha logrado evitar que la pobreza y la precariedad laboral afecten con especial crudeza a la mujer trabajadora.
Cuando hace algo más de un año tuve la ocasión de participar en La Paz en un grupo con representantes de las trabajadoras en sectores informales como el aseo público, el servicio doméstico, la minería o la recolección de la castaña, ocurrió lo que nunca antes había visto en esta clase de reuniones: algunas de las participantes rompieron a llorar. Y no era para menos. Sus relatos de vida parecían escritos por un Dickens del altiplano: con sueldos irrisorios y jornadas inhumanas, sistemáticamente explotadas y oprimidas por los oprimidos, ni siquiera podían ejercer abiertamente su derecho de asociación por temor a las represalias de sus empleadores, que en muchos casos y en términos prácticos las tenían sometidas a un régimen de esclavitud.
De todas las adversidades que afrontaban había una que, como mujeres, acusaban con especial intensidad: la falta de acceso al sistema sanitario. Con un modelo de Cajas de Salud que limita la atención gratuita a una parte reducida de la población, las personas que carecen de un trabajo regulado por la ley —y aquí hay que decir que Bolivia ocupa el primer puesto de otro ranking mundial, esta vez el del FMI sobre economía informal— se ven obligadas a pagar los servicios recibidos en los hospitales públicos y ni se plantean siquiera la posibilidad de acudir a una clínica privada. De modo que en Bolivia enfermar o tener un embarazo complicado te puede costar la ruina, no solo por tener que hacer frente a la factura, sino por lo que dejas de ingresar durante un periodo de baja que no genera prestaciones ni ofrece protección alguna.
De ahí la importancia del acuerdo firmado en La Paz en septiembre por una veintena de organizaciones sociales reclamando el acceso gratuito a la salud universal como requisito para hacer efectivos los derechos socioeconómicos de las mujeres. Lo interesante del acuerdo, que toma la forma de una Hoja de Ruta con toda una serie de líneas de acción para asegurar su ejecución y seguimiento, es que deriva de un proceso de diálogo multiactor promovido por la cooperación europea a través del Partenariado Europeo por la Democracia y facilitado por Unitas, la veterana red de organizaciones de acción social. Pero, sobre todo que, a pesar de provenir de la sociedad civil, ha sido acogido de buen grado por el Ministerio de Salud, que desde un inicio entendió la iniciativa como una forma de estructurar las demandas de la población y se implicó proactivamente a lo largo del proceso.
En Bolivia enfermar o tener un embarazo complicado te puede costar la ruina, no solo por tener que hacer frente a la factura, sino por lo que dejas de ingresar
Este formato viene a plasmar el nuevo papel de la sociedad civil como interlocutor y socio del Gobierno en la formulación de políticas públicas, superando así el perfil meramente asistencial o la función de supervisión y control que tradicionalmente se le venía atribuyendo en los procesos de desarrollo. Es más, el carácter constructivo y la actitud propositiva de los actores implicados en el diálogo ha permitido superar la polarización que sufría el país desde que el MAS (que no se considera a sí mismo un partido sino una plataforma en la que convergen diferentes movimientos sociales) se erigiese en voz única de la sociedad civil boliviana. Sentando un precedente que luego sería copiado por muchos gobiernos populistas, en su día el vicepresidente García Linera llegó a acusar a cualquier ONG que recibiese fondos de cooperación de promover y defender una agenda extranjera.
Así que si algo hace especialmente valiosa la Hoja de Ruta es que ha sido consensuada por organizaciones sociales afines al Gobierno y por otras que suelen adoptar una posición más crítica, pero que ante un desafío común han sabido aunar fuerzas para alcanzar una visión compartida de los problemas que afrontan las trabajadoras bolivianas y proponer un reparto claro de tareas para hacer efectivos sus derechos. El momento político elegido para lanzar la iniciativa, con las próximas elecciones a la vuelta de la esquina, puede propiciar la adopción de un pacto de Estado que transforme en realidad el derecho a la salud reconocido por la Constitución boliviana y que el propio Evo Morales se propuso impulsar a través de la Cumbre nacional por la salud y la vida el pasado mes de octubre. Mientras tanto, las mujeres trabajadoras siguen su lucha cotidiana, pero ya no lo hacen a solas ni en silencio gracias a este diálogo que arrancó entre lágrimas hace más de un año y que ha servido para transformar sus demandas en propuestas concretas de política pública.
Sergio Rodríguez es asesor político en European Partnership Democracy y miembro de Col-lab.
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