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Reforma constitucional

Antes muerta que reformada, tal parece la consigna de nuestra historia constitucional

Obra 'Democracia Fiscal' de Juan Luis Moraza, parte de la exposición de la muestra 'El poder del arte. Obras de la Colección del Museo Reina Sofía' en el Congreso de los Diputados.
Obra 'Democracia Fiscal' de Juan Luis Moraza, parte de la exposición de la muestra 'El poder del arte. Obras de la Colección del Museo Reina Sofía' en el Congreso de los Diputados. Efe

Nuestra muy asendereada historia constitucional apenas conoce momentos de reforma, aunque no falten y aun sobren los de procesos constituyentes. De las cinco Constituciones proclamadas en el siglo XIX (tres o cuatro más si se cuentan las nonatas y las leyes o estatutos del mismo rango), solo la de 1876 gozó de larga vida, y más que hubiera podido disfrutarla si el rey con las Cortes, sujetos ambos de soberanía, no hubieran hecho oídos sordos al clamor por una reforma constitucional elevado en las postrimerías de la Gran Guerra y a su final. La Constitución de la Monarquía, perfectamente reformable en un sentido similar al que demandaba el Partido Reformista —fin de las tutelas militar y eclesiástica, autonomía para las regiones, limpieza del sufragio…—, sucumbió a manos de un monarca y un general, que prefirieron verla morir antes que proceder a su reforma.

Antes muerta que reformada, tal parece la consigna que recorrió toda nuestra historia constitucional. Y ahora ¿qué? Pues hoy da la impresión de que casi todo el mundo lo tiene claro: la Constitución de 1978 necesita con urgencia, al cumplir sus 40 años, una reforma sustancial. Catedráticos que debaten, elaboran y publican ideas sobre el asunto; intelectuales que vuelven a mostrar su bien acreditado gusto por firmar manifiestos; un Congreso con algunos dipu­tados dispuestos a escuchar durante horas las voces de expertos en la materia; partidos que incluyen proyectos más o menos federalistas en sus programas: es como si un fantasma recorriera España, un fantasma que no es ya el de la revolución, sino el de la reforma constitucional en sentido federal.

Ocurre, sin embargo, que quienes no han querido ni quieren hablar de reforma constitucional ni de federalismo han sido y son aquellos para quienes mayormente la reforma federal se proyecta y ofrece. “No queremos ser un land alemán; no nos conformamos con eso; queremos más”, decía Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, en 1996, cuando afirmaba enfáticamente que su partido estaba en contra del federalismo porque supondría “a la larga la pérdida de identidad o la limitación del autogobierno de Cataluña”. Y 22 años después, la reforma constitucional es para los nacionalistas catalanes, como dicen, "pantalla pasada". Lo es ciertamente desde el día en que el Parlament de Catalunya declaró, por escasa mayoría de votos que representaban a una minoría amplia de ciudadanos, la creación del “Estado catalán independiente en forma de república”. Mientras no se retracten, en los hechos si no de palabra, esto es, mientras mantengan que la única política presente y futura consiste, como decía Romeva y repite Torra, en iniciar “negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un Estado catalán, independiente, en forma de república”, cualquier reforma de la Constitución que ellos mismos aprobaron en 1978 habrá muerto antes de nacer.

Y por lo que se refiere a los partidos de ámbito estatal, el punto de inflexión en esta historia fue la postergación y olvido del proyecto de reforma constitucional anunciado por Rodríguez Zapatero en su primer discurso de investidura, cuando sustituyó el compromiso tan solemnemente adquirido por la apertura de un ciclo de reformas estatutarias con vistas a consolidar las coaliciones con nacionalistas de izquierda en los Gobiernos de la Generalitat y del Estado.

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Esta decisión estratégica implicó tirar a la basura el informe, denso, exhaustivo, del Consejo de Estado sobre las cuatro reformas comprometidas e iniciar la senda hacia una reforma de estatutos que convirtiera las nacionalidades en naciones y las regiones en nacionalidades dejando intacta la Constitución. Y si en aquella coyuntura lo que se desechó fue la posibilidad de alcanzar con el PP un acuerdo que pusiera en marcha una reforma constitucional, ahora, que son cuatro los partidos, las condiciones de probabilidad de un acuerdo en torno a una reforma de la Constitución son nulas.

Y así estamos a los 40 años de la promulgación de la vigente Constitución, para qué nos vamos a engañar: con ella recusada por partidos nacionalistas que le deben todo el poder y con su reforma empantanada por los partidos de ámbito estatal, que vuelven a recurrir a la vieja arma de la crispación, multiplicada ahora por dos, en la creencia de que solo atacando con malos modos al vecino allana cada cual su camino hacia el poder.

 

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