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Desconfianza

Las sospechas se acumulan sobre el Supremo y sus compromisos. Sin confianza, la democracia cojea

Manifestantes piden la liberación de los dirigentes catalanes encarcelados frente a la prisión de Lledoners, el pasado 2 de noviembre.
Manifestantes piden la liberación de los dirigentes catalanes encarcelados frente a la prisión de Lledoners, el pasado 2 de noviembre. AP

La solidez de un régimen político está en que las instituciones del Estado generen confianza a la ciudadanía. No es cuestión de adhesiones incondicionales ni de patriotismo frenético, al modo Casado-Rivera, que solo llevan a la polarización y a la liquidación del lenguaje. En democracia, la confianza es, por definición, crítica. Y requiere un nivel elevado de transparencia como garantía contra la tendencia natural a la sospecha.

Una de las bases de la confianza está en un funcionamiento razonable del equilibrio entre los distintos poderes: los del Estado y los de la sociedad. Estos equilibrios se vienen debilitando desde la revolución conservadora que en los años ochenta abrió el ciclo que se está agotando ahora. La historia del régimen del 78 es la historia de este periodo. Como en Europa, el modelo bipartidista que llegó a considerarse como genuino de la democracia representativa ha entrado en crisis por incapacidad de renovación. A la vez que aumenta la confusión en torno a la función de cada poder al desplazar hacia el judicial, decisiones políticas que no le conciernen.

El conflicto catalán ha actuado como motor y coartada, a la vez, del alarmante protagonismo de los jueces. En sus manos están en este momento —por subrogación de responsabilidades del Gobierno anterior— decisiones de muy serias consecuencias políticas, rompiéndose de este modo la práctica y la estética de la separación de poderes. Una anormalidad de este calibre solo puede ser fruto de deficiencias de calado del sistema que los legisladores nunca se preocuparon de reparar. Cuando el ejecutivo es incapaz de afrontar un problema político y lo transfiere a los tribunales algo falla.

Estamos cada vez más cerca del inicio del juicio contra los líderes independentistas catalanes, el poder judicial emite señales alarmantes para su reputación. Cuando una alarma en la bolsa, provoca que un presidente de sala, Díez Picazo, cuestione una sentencia de uno de sus tribunales en menos de veinticuatro horas y genere una movida insólita conduciendo al pleno de la sala a desautorizar a sus colegas y a dar satisfacción a las demandas de la banca; cuando el presidente del Supremo y de los jueces, Carlos Lesmes, en homenaje al fallecido juez Ramírez Suñer, instructor del 1-O en Cataluña, le agradece que “cambiaste el rumbo de la Historia de este país”, ¿se puede entender que el poder judicial afronta con las garantías de imparcialidad debidas los retos que le esperan en los próximos meses? Nos acercamos a un juicio que tendrá una enorme repercusión en el futuro del país y que atraerá la atención internacional, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el horizonte. Y las sospechas se acumulan sobre el Supremo y sus compromisos. Sin confianza, la democracia cojea. ¿No cabe siquiera esperar alguna higiénica dimisión de los responsables de los despropósitos de estos días?

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