Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Sánchez: políticas contra el progreso

Un gobernante valiente y progresista sabría que para luchar contra la pobreza laboral, medidas como el complemento salarial suelen ser más efectivas que el SMI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la firma del acuerdo sobre el proyecto de Presupuestos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la firma del acuerdo sobre el proyecto de Presupuestos. EL PAÍS

Sánchez se presenta como un líder progresista. Sin embargo, una buena parte de las políticas públicas que propone, incluidas las “políticas estrella” en el reciente acuerdo presupuestario con Podemos, se parecen más a las de una izquierda antigua, anclada en el siglo XX y cargada de prejuicios, que a las de un proyecto moderno y de progreso para el siglo XXI. En muchos casos, además, esas propuestas son contraproducentes; perjudican, en vez de ayudar, a las personas –parados, precarios, jóvenes, etcétera– que dice querer defender.

Comencemos con dos de las “políticas estrella” del acuerdo con Iglesias. La primera es el compromiso de subir el SMI un 22% el año que viene. De primeras puede parecer una política progresista, pero lo cierto es que en el mejor de los casos no reducirá la precariedad y en el peor generará desempleo. En un país con más de un 15% de paro, encarecer de forma tan abrupta la contratación lleva a las empresas a dejar de contratar un buen número de trabajadores (en particular jóvenes con baja formación, mujeres y mayores de 55 años).

Tampoco es una medida efectiva para reducir la precariedad, puesto que el problema en España no está en que tengamos un bajo SMI, sino en que tenemos una pésima regulación laboral que promociona la ultra-temporalidad. Los trabajadores pobres de nuestro país lo son porque se pasan el día entrando y saliendo del mercado laboral y una buena parte del año sin ingresar nada.

Un gobernante valiente y progresista sabría que para luchar contra la pobreza laboral, medidas como el complemento salarial (o impuesto negativo) suelen ser mucho más efectivas que el SMI, puesto que no suben el coste de la contratación y se aplican a la renta familiar anual. El camino hacia un mercado laboral moderno e inclusivo, no es derogar reformas laborales (página 20 del acuerdo) para volver hacia no se qué modelo laboral fracasado del pasado, sino avanzar hacia modelos de flexiseguridad, reduciendo la desigualdad contractual que bloquea el acceso a la estabilidad laboral a millones de trabajadores precarios.

Un líder valiente y progresista, antepondría los intereses de los ciudadanos a los de los grupos de presión

La segunda “propuesta estrella” consiste en intervenir el mercado del alquiler para regular los precios (página 15 del acuerdo). La experiencia nos enseña que ese tipo de regulaciones suelen conseguir el efecto opuesto al deseado. Obligar al propietario a alquilar por un tiempo demasiado largo (5 años por ejemplo) o poner coto los precios del alquiler (como hacía Franco, por cierto), suele tener dos efectos. El primero es que a muchos propietarios, les deja de compensar poner su piso en alquiler, reduciendo la oferta de mercado y haciendo subir más los precios. El segundo es el fraude: la gente que realmente desea vivir en esos lugares caros puede acabar pagando de más en B (como sucedió en Suecia durante años). Decía Assar Lindbeck, economista y referente de la social-democracia escandinava, que limitar los precios del alquiler es la medida más eficaz a corto plazo para destruir una ciudad, a parte de bombardearla.

La tercera propuesta estrella, anunciada también esta semana, es fragmentar más la unidad de mercado y pasarle la patata caliente de la regulación a Ayuntamientos y CCAA. En estos momentos, en España, el Taxi funciona en una situación de cuasi monopolio, que se refleja en el altísimo coste de las licencias. ¿Quién las compraría a 200.000 euros si no ofrecieran un retorno rentable? De hecho, la irrupción de las VTC no ha hecho que se reduzcan los márgenes porque hay una situación evidente de falta de oferta en el mercado (en Cataluña, por ejemplo, hay menos licencias de taxi ahora que hace 25 años).

Buena parte de las políticas públicas que propone Sánchez se parecen a las de una izquierda antigua

Un líder valiente y progresista, antepondría los intereses de los ciudadanos a los de los grupos de presión y sabría que la competencia permite mejoras en el servicio, menor contaminación y… ¡creación de empleo! Y en vez de tratar de escurrir el bulto, lideraría una integración ordenada del sector, asegurando los derechos laborales y compensando, cuando correspondiera, a los taxistas que honradamente compraron sus licencias, como se ha hecho en otros países.

¿Y las instituciones? Uno de los grandes consensos respecto al diagnóstico de la reciente crisis en España es que la excesiva politización de las instituciones (reguladores, Cajas, administración, ayuntamientos, diputaciones, Justicia, Tribunal de Cuentas, etc) por parte de los partidos resultó en un debilitamiento de los checks and balances necesarios para controlar al poder. Esas instituciones débiles, en interacción con el boom de crédito potenciaron las dinámicas perversas de la burbuja y llevaron a que se disparara la corrupción y el despilfarro.

La primera obligación de un gobernante progresista y regenerador debería ser abordar las causas de raíz de la corrupción, reduciendo la politización excesiva. Pues bien, hasta ahora Sánchez ha hecho igual que el PP: colocar a más de 500 personas en altos cargos (incluyendo al 45% de su Ejecutiva). En muchos casos con un objetivo deliberado de poner las instituciones a servir al partido, en detrimento del interés público, como en el caso del CIS. Además esta misma semana el PSOE se ha opuesto a la moción de Ciudadanos para limitar los “dedazos” y primar la meritocracia en la administración.

¿Y qué sucede con la educación? Para reducir nuestro altísimo abandono escolar y mejorar nuestros resultados, debemos mejorar la carrera profesional docente, haciendo más exigente la selección y dotando de mejores herramientas a los profesores para hacer su trabajo. Ese fue uno de los pocos, pero importantes, consensos transversales que emergieron tras 15 meses de trabajo con expertos y sociedad civil en la mesa del Pacto Nacional por la Educación.

¿Y qué sucede con la educación? Debemos mejorar la carrera profesional docente dotando de mejores herramientas a los profesores para hacer su trabajo

Sin embargo, el PSOE se levantó de la mesa del Pacto con la coartada de que los compromisos de financiación eran insuficientes (cuando en realidad aumentaba la financiación por alumno), dilapidando los avances conseguidos. Un gobernante pragmático y progresista, sabría que mejorar la financiación es importante, pero que se pueden lograr acuerdos enormemente transformadores con el dinero disponible. Cuando Ciudadanos trajo la Ley para crear un MIR docente, el PSOE votó en contra. Por desgracia, algo parecido ha sucedido recientemente con la Universidad. En lo que va de legislatura, el Gobierno ha ejercido su derecho de veto sobre una sola Ley: la Ley por la transparencia y la regeneración de la Universidad de Ciudadanos.

Finalmente, hay dos cuestiones que afectan al corazón de los valores de cualquier proyecto de progreso: la igualdad y la libertad. La primera se refiere al cálculo del Cupo Vasco. PP y PSOE acordaron con el PNV reducir la contribución que hace Euskadi a la hacienda común, de tal manera que la segunda comunidad más rica es ahora receptora neta de recursos del resto de España. Cualquier gobernante preocupado por el progreso y la igualdad sabría que ahondar en esos desequilibrios resulta profundamente regresivo. Hoy un niño que nace 10 kilómetros al sur de la frontera del País Vasco (en la Rioja, por ejemplo) tiene acceso a casi la mitad de financiación en la escuela que uno que ha nacido 10 kilómetros al Norte.

La segunda se refiere a la delicada cuestión de la gestación subrogada. Ahora en España las parejas homosexuales o heterosexuales que quieren tener un hijo y no pueden, se van fuera de España. Obviamente, solo pueden hacerlo aquellos que tienen dinero para costearse un proceso largo en el extranjero. En algunos casos a lugares donde se respetan muy poco los derechos de las mujeres. En países con gobiernos progresistas como Canadá o Reino Unido, en vez de ponerse una venda en los ojos y criminalizar a los que optan por esta opción (como hace sistemáticamente Sánchez y su Gobierno), han regulado la gestación para asegurar que se hace de manera altruista y con todas las garantías posibles para la mujer que decida libremente ser gestante.

Antonio Roldán es diputado, portavoz de Economía y Secretario de Programas de Ciudadanos.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información