Corregir el rumbo en la lucha contra la pobreza

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Para romper el círculo vicioso de la transmisión de la pobreza de padres a hijos, los programas de protección social apostaron en los años noventa por fomentar la acumulación de capital humano entre los niños. Se trataba de hacer que la población infantil cumpliera los protocolos sanitarios y nutricionales y asistiera a las escuelas con el objeto de que niños más sanos y mejor preparados pudieran llegar a la vida adulta en condiciones más favorables que sus padres. Ello les permitiría obtener mejores ingresos a través de sus propios esfuerzos.

Con ese fin se empezaron a transferir ingresos en efectivo a las familias en situación de pobreza condicionando esa ayuda monetaria al cumplimiento de una serie de requisitos. Inicialmente las condicionalidades se centraron en la salud materno infantil, nutrición y vacunación para niños en edad preescolar y en la asistencia a la educación básica. 20 años después de la introducción de estos programas, pocos dudan de su contribución en aliviar la situación de los más desfavorecidos.

Hoy en día los 50 millones de niños menores de cinco años que viven en América Latina y el Caribe se encuentran en mejores condiciones que hace unas décadas, tienen menos probabilidades de morir en el parto o en la primera infancia, están mejor alimentados, sufren menos enfermedades y asisten mayoritariamente a la escuela.

Los programas de transferencias condicionadas se caracterizaron desde sus inicios por el énfasis que ponen en medir sus efectos en la población. Ello lo realizan a través de rigurosas evaluaciones de impacto que les permiten crear evidencia muy valiosa para los proyectos de desarrollo. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que se puede observar un ciclo continuo de generación de evidencia, toma de decisiones y verificación de que esas decisiones fueron las adecuadas.

En Honduras, Bono Vida Mejor es uno de los programas prioritarios de alivio a la pobreza y acumulación de capital humano. El programa da una transferencia de ingreso condicionada a que los hogares beneficiarios visiten los centros de salud y sus hijos tengan una asistencia escolar de al menos el 80%. En 2013, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno hondureño lo sometió a una rigurosa evaluación que demostró que dicho programa había supuesto importantes beneficios en reducción de pobreza y en asistencia a la escuela y, sin embargo, su incidencia en indicadores de salud había sido inferior.

Los subsidios generalizados a servicios como la electricidad o el agua, suelen ser ineficientes

Al analizar las causas de esta realidad se vio que uno de los motivos de esta disparidad era que los hogares que formaban parte del programa recibían un monto fijo si al menos uno de los niños cumplía con alguna de las condiciones. Por ejemplo, si una familia tenía un niño asistiendo a la escuela primaria (la tasa de asistencia a primaria en Honduras está por encima del 90%) esta era condición suficiente para que el hogar recibiera el monto total de la transferencia (equivalente a unos 110 euros) cada cuatro meses sin importar si los niños en el hogar habían ido al centro de salud.

Para corregir este problema, en 2015 se aprobó un nuevo reglamento del programa: a partir de ese momento cada niño del hogar beneficiario debería cumplir con las condiciones que corresponden a su edad y recibiría un monto calculado individualmente. En 2017 se realizó una nueva evaluación y si bien los impactos del programa en términos de pobreza y educación seguían siendo muy claros y relevantes, en el área de salud se habían producido importantes cambios: la asistencia a controles de salud se había incrementado en casi un 25% y se apreciaban claras mejorías en la incidencia de las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas e incluso una reducción sustancial en la tasa de anemia.

Existen numerosas opciones de redistribución de los ingresos para corregir los índices de pobreza y muchas de ellas, como los subsidios generalizados a servicios como la electricidad o el agua, suelen ser ineficientes. El Bono Vida Mejor y sus transferencias condicionadas es un ejemplo claro de un esquema que además de ser eficaz en términos redistributivos ha tenido logros importantes mejorando la salud entre los grupos más vulnerables del país. Sin embargo, esos logros se dan como resultado de un análisis riguroso de los resultados obtenidos, de una profunda reflexión sobre lo que funciona y lo que no y de un ajuste en consecuencia.

Que algo funcione no quiere decir que no se pueda mejorar. En el caso de los programas de transferencias condicionadas, es importante adaptar las obligaciones que tienen que cumplir los beneficiarios para hacer frente a los nuevos factores que obstaculizan la acumulación de capital humano entre los jóvenes. La evaluación y la innovación serán las que marquen el camino para que la lucha contra la pobreza siga avanzando en la dirección deseada.

Luis Tejerina es especialista líder en protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo.

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