¿Qué cosas deben pagar los sistemas de sanidad pública?
Elegir qué medicamentos o tratamientos financian los Gobiernos es una tarea muy difícil que requiere sistemas bien definidos y transparentes
En lo que va de siglo, la esperanza de vida mundial ha aumentado cinco años. La calidad de esta es mejor y las tecnologías médicas se desarrollan a velocidades vertiginosas. Las poblaciones están cada día mejor informadas con respecto a su salud y son, por ende, más exigentes a la hora de reclamar servicios sanitarios. Esta nueva realidad, sin duda positiva, se une a importantes cambios epidemiológicos, y juntos actúan como fuerzas disruptivas en el panorama actual de la salud. La cobertura sanitaria universal es la meta y los gobiernos siguen teniendo ante sí, en nuevos escenarios, el viejo reto de hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles para el sector de la salud.
Sin embargo, ningún país, por rico que sea, puede permitirse pagar todas las medicinas que su población necesita, ni tiene capacidad económica para financiar todas las tecnologías o intervenciones sanitarias que aparecen en el mercado. Muchos Estados hacen frente a esta brecha de una manera implícita a través de listas de espera, merma de la calidad de las prestaciones, copagos elevados o negación de servicios en los puntos de atención. Estas formas de proceder no siempre inciden sobre los temas de salud más apremiantes o no tienen en consideración a los grupos más vulnerables, lo que les ha valido numerosas críticas por ser poco equitativos e ineficientes, sobre todo en regiones con tanta desigualdad social como América Latina y el Caribe.
Por ello, en los últimos años ha cobrado fuerza la tendencia a definir explícitamente los servicios que serán cubiertos con recursos públicos. Es lo que se conoce como priorizar en salud, ordenar según el grado de importancia los servicios, tecnologías o tratamientos sanitarios que serán financiados con recursos públicos para beneficio de la población.
Ningún país, por más rico que sea, puede permitirse pagar todas las medicinas que su población necesita ni para financiar todas las tecnologías o intervenciones sanitarias que aparecen en el mercado
El fin último es racionalizar el gasto, mejorar el acceso y la calidad de los servicios y mantener o promover la equidad en los sistemas sanitarios. Esta es una tarea muy compleja que exige a numerosos actores, con intereses y objetivos muy diferentes, interactuar y trabajar de una manera articulada. Instituciones gubernamentales, políticos, personal, industria farmacéutica y pacientes, entre otros, han de participar de una manera coherente y transparente en las decisiones que afectan a la salud porque de ello depende el apoyo de la población y de los grupos de interés a las políticas de cobertura sanitaria.
Sin embargo, la manera en que los países de América Latina tratan de adaptar sus recursos a las necesidades de sus poblaciones en materia de salud no ha sido uniforme y ha progresado a un ritmo diferente. La red regional Criteria del Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar un análisis comparativo de la priorización del gasto en salud en Brasil, Colombia y México. En él emplea un enfoque sistémico que enfatiza la relación existente entre los distintos procesos asociados a la priorización y en la definición de un principio rector que los coordine y articule. Las experiencias de política pública de estos países permiten extraer conclusiones para incitar a la reflexión y el debate mientras que el enfoque sistémico ayuda a identificar las partes y las relaciones entre los actores, ordenar los procesos y entender cómo su organización determina el resultado final.
Una adecuada planificación y evaluación de las políticas de priorización facilita detectar y subsanar problemas con mayor facilidad y se traduce en una mejor eficiencia del gasto público. Aunque no hay un camino único y cada país ha abordado sus planes en diferentes momentos y de maneras distintas, la publicación identifica una serie de acciones necesarias y comunes. También destaca los avances y los retos pendientes, puntos que pueden servir de referencia para aquellos países que todavía no han iniciado sus procesos de priorización en salud o que estén en proceso de crearlos o mejorarlos.
Construir sistemas fuertes de priorización sanitaria —coherentes, eficaces, legítimos y transparentes— permite contar con el respaldo de las poblaciones y es fundamental en contextos de restricción fiscal que limitan los recursos para cumplir las expectativas de los ciudadanos. Pero ello exige articular y conectar muy bien los procesos teniendo en cuenta los contextos políticos, institucionales y socioculturales. Una tarea larga y complicada de la que depende la salud y el bienestar de todos.
Ferdinando Regalia es jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.
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