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OPINIÓN

No, los pobres no se gastan el dinero en móviles

Las transferencias condicionadas de efectivo se han mostrado como uno de los métodos más eficaces de lucha contra la pobreza

Una usuaria del tranvía de Medellín usa el teléfono mientras cruza uno de los barrios populares de la ciudad.
Una usuaria del tranvía de Medellín usa el teléfono mientras cruza uno de los barrios populares de la ciudad.

“La gente miente respecto a sus ingresos para conseguir ayudas económicas”. “Cuando un pobre se acostumbra a vivir de subsidios nunca vuelve a trabajar”. “No hay que dar dinero en efectivo a los pobres, porque se lo gastan en bebida o en recargas para el móvil”. Hemos oído comentarios como estos en infinidad de ocasiones y, sin embargo, se acercan poco a la verdad. Son los mitos de la lucha contra la pobreza, ideas erróneamente preconcebidas que empañan la realidad y ocultan los éxitos de muchos de estos programas.

Hay numerosas iniciativas destinadas a reducir la pobreza. Los programas de transferencias monetarias condicionadas son una de las fórmulas más extendidas. Se aplicaron por primera vez en México y en Brasil hace dos décadas y en la actualidad benefician a 136 millones de personas de 17 países de América Latina y el Caribe. Su propósito es aliviar la situación de los más desfavorecidos alentando la creación de capital humano mediante acciones en salud y educación para que las nuevas generaciones se enfrenten a un futuro mejor. Ello se consigue apoyando el consumo de los hogares más pobres con la entrega de dinero a, principalmente, las madres de familia para que puedan invertirlo en aquello que más necesiten en el momento de recibirlo.

Esta entrega de efectivo da origen a uno de los falsos mitos más comunes: que los beneficiarios hacen mal uso del dinero de todos, ya sea comprando recargas para sus teléfonos móviles o emborrachándose, por citar solamente alguna de las teorías más comunes. La realidad es muy distinta: las familias usan el dinero para comprar comida, útiles escolares o artículos de primera necesidad.

136 millones de personas de 17 países de América Latina y el Caribe se benefician de las transferencias condicionadas de efectivo

Estos programas no entregan el dinero sin más; para ser beneficiario hay que cumplir con una serie de condiciones o responsabilidades. Inicialmente las madres se comprometían a cumplir con los protocolos de salud, nutrición y vacunación para niños en edad preescolar y a garantizar la asistencia de sus hijos a la enseñanza básica (hasta noveno grado). A medida que se cumplían esos objetivos, las condicionalidades evolucionaron en algunos países para actuar sobre la prevención en la salud de adolescentes y adultos, así como sobre la educación media superior. Más recientemente, algunos países han introducido transferencias dirigidas a fomentar la transición a la educación terciaria.

El compromiso que se adquiere es, además, bidireccional. Uno de los aspectos más innovadores de los programas de transferencias condicionadas es el concepto de corresponsabilidad. Si para recibir una ayuda económica los niños tienen que ir a la escuela o a un centro sanitario, los gobiernos tienen la obligación de crear los medios para que eso sea posible dotando de servicios de calidad a las zonas sobre las que se quiere incidir.

Obtener un empleo es la principal estrategia de las familias para salir de la pobreza y, en particular, conseguir un empleo estable. Para que los niños de hoy consigan un trabajo cuando sean adultos necesitan más educación y de mejor calidad. Pero para generar buenos empleos y para que los jóvenes con mayor preparación puedan aprovecharlos, es fundamental el crecimiento económico del país y que dicho crecimiento se concentre en sectores de la economía que crean empleo. De esta manera, las políticas que estimulan la inversión, la innovación y el crecimiento promueven asimismo la reducción de la pobreza.

Sin embargo, la lucha contra la pobreza no esta exenta de críticas y los mitos continúan. Hay voces que argumentan que estos programas generan dependencia, que los pobres no tienen incentivos para trabajar porque están recibiendo un dinero que perderían si aceptaran algún empleo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los principales impulsores de este tipo de programas, asegura que ningún estudio realizado al respecto encontró aspectos negativos a corto plazo. De hecho, en el programa colombiano Más familias en acción se vio que a largo plazo había aumentado el empleo formal entre las mujeres de áreas urbanas beneficiarias de ese programa. Por otra parte, el monto de la transferencia, que varía entre los 20 y los 50 dólares por familia al mes, hace muy poco probable que una persona renuncie a un empleo por no perder esta ayuda.

La entrega de dinero da origen a uno de los falsos mitos más comunes: que los beneficiarios lo derrochan. La realidad es muy distinta

Ante las acusaciones de que estos programas están politizados y se asignan de forma arbitraria, el Programa de Inclusión Social Prospera muestra que mientras en México el 60% de los subsidios públicos a la energía benefició al 20% de la población más rica (que es la que más electricidad, gasolina o gas consume), sólo el 8% de sus transferencias condicionadas fueron a parar a las clases medias y altas. Los beneficiarios de estos programas se asignan mediante reglas claras y transparentes, establecidas a nivel central y aplicables a todo el territorio sin que medie arbitrariedad por parte de los gobiernos locales. Al mismo tiempo, los programas han invertido en el diseño de sistemas de gestión de la información que aumentan la transparencia, permiten hacer un seguimiento y ayudan a controlar el gasto.

Pero tal vez el mito más extendido es que estos programas son caros y merman otros tipos de beneficios sociales. En una publicación del BID donde se analiza en profundidad el diseño, la aplicación, los resultados y los retos de cara al futuro de las transferencias condicionadas, se asegura que los programas con mayor cobertura en América Latina y el Caribe han llegado a invertir entre el 0,3% y el 0,4% de su Producto Interior Bruto mientras el gasto promedio en pensiones no contributivas podía alcanzar el 0,5% o los subsidios a la energía podían ser del 0,85% del PIB de la región superando el 3% en algunos países.

Pocas iniciativas en la lucha contra la pobreza han generado más resultados positivos que los programas de transferencias condicionadas. Y aunque siempre habrá anécdotas desafortunadas sobre las que se construyen falsos mitos, los datos y la propia realidad se encargan de desmontarlos.

Nadin Medellín Almanza es consultora en el departamento de Protección Social y Salud del BID.

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