Declara como imputada la extrabajadora de un geriátrico por su relación con un brote letal de covid

El Juzgado de Instrucción número 1 de Olot ha citado esta mañana a declarar a una extrabajadora del geriátrico Torreblanca de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) como investigada por un presunto homicidio imprudente en relación con el brote de coronavirus en el que murieron siete residentes en 2021. La mujer, que sólo ha contestado a su defensa, ha negado haber ido a trabajar con síntomas de covid y ha alegado padecer “tos crónica”. El director del centro -que estaba fuera cuando ocurrió el brote- y su sustituta han asegurado que la investigada no les informó de que había acudido a trabajar enferma hasta que otra trabajadora se contagió. Los dos han apuntado a la auxiliar como responsable del brote, motivo por el cual fue despedida, según fuentes judiciales. La fiscalía todavía no se ha pronunciado.

Además también ha declarado este jueves la familia de Luciana Moreno, fallecida el 21 de agosto de ese año y cuya familia interpuso la denuncia. La jueza aun no ha citado a declarar a la compañera de trabajo de la investigada, a quien le habría confesado que tenía síntomas compatibles con el covid, como “tos, fiebre y resfriado”. “Es una testigo fundamental”, asegura el letrado de la familia, Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, que cree son unos hechos “muy graves” que califica de “homicidio múltiple por imprudencia grave”.

La investigada, Ana Isabel Z.A., de 61 años, origen hondureño y vecina de la población, trabajaba dsde hacia ocho años como auxiliar en la residencia Torreblanca. Ante la juez, se ha acogido a su derecho a no declarar y sólo ha contestado a tres preguntas de su letrada. Según el abogado de la acusación, en ellas “ha negado haber incumplido los protocolos de seguridad del centro, que acudiera a su puesto de trabajo con síntomas compatibles con el coronavirus y ha sostenido que lo que padecía, era “tos crónica””.

Sin embargo, tanto el director del centro como su sustituta la han apuntado como responsable del brote que afectó a 15 de los 53 residentes. Siete ancianos fallecieron y siete trabajadores fueron infectados. Los dos han ratificado las declaraciones hechas ante los mossos y han insistido en que la investigada fue despedida por considerar que había cometido una grave negligencia. El director ha destacado que casi todos los positivos se detectaron en la planta donde ella trabajaba. Entre los infectados también estuvo su compañera de trabajo, la testigo clave.

Según las diligencias realizadas hasta el momento, la investigada se hizo una PCR el 28 de julio y dos días después supo que había salido negativa. Sin embargo, cuando fue a trabajar el 30 y 31 de julio habría comunicado a su compañera de trabajo que que tenía síntomas compatibles con covid y ocultó su temperatura, según fuentes judiciales. El día 4 de agosto, la compañera informó al centro de que tenía covid y la directora llamó a la investigada para comprobar si se había contagiado. Dio positivo y cogió la baja.

Fue en ese momento cuando le reconoció que los días 30 y 31 de julio no se encontraba bien y que “había ido a trabajar para no perjudicar al servicio”. La directora le respondió que “no debería haber ido”. Los responsables del centro mediante un burofax el 25 de agosto le informaron que se había saltado todos los protocolos, que era una falta muy grave, y la despidieron. Ese mismo día la familia de Luciana Moreno puso la denuncia ante los mossos.

“No es que hayan fallado los protocolos, que haya sido un accidente o un descuido, es un acto criminal. Si con sintomatología de covid acudes a un centro con personas vulnerables te conviertes en un arma”, afirma Machado. El letrado de la familia de la víctima considera que se trata de “una conducta manifiestamente irresponsable, una imprudencia muy grave porque, de confirmarse las investigaciones, habrá costado la vida a siete personas”. A partir de ahora, falta que el juez prosiga la instrucción, faltan algunas declaraciones, como de la otra trabajadora, que la juez decida si hace el ofrecimiento de acciones a los familiares de las otras víctimas y decida si lleva el caso a juicio. Machado ha lamentado los continuos retrasos en la instrucción que ha pasado por manos de tres jueces.