Alquileres sociales

El mercado del alquiler necesita con cierta urgencia clarificar la definición de lo que es un piso turístico, con el fin de que pueda ser regulado como actividad económica; y sin duda es necesario coordinar las múltiples legislaciones autonómicas, porque el desorden legislativo favorece casi siempre la infracción y la evasión tributaria. Nada hay que oponer a la iniciativa declarada tanto desde Fomento como desde Industria de poner coto a los desmanes de los pisos turísticos, cuya explosión de precios está identificada como una de las principales causas del encarecimiento, casi especulativo (en torno al 18% en 2017), de los alquileres en España. Dado que el alquiler es hoy la forma más asequible de acceso a la vivienda de trabajadores y profesionales castigados por la crisis y también un resorte de seguridad para evitar una burbuja inmobiliaria, la intención del Gobierno está plenamente justificada.

Pero la presión actual de los precios de alquiler no puede corregirse tan solo con actuaciones parciales, por muy correctas que sean, tal como la ampliación de los períodos de los contratos. El problema es de fondo: la demanda de alquileres crece a mayor ritmo que la oferta, y esa tensión solo puede resolverse aumentando de forma sustantiva el volumen de pisos que pueden alquilarse en el mercado. Dicho con más precisión: la oferta privada de pisos en alquiler tiene que ser completada con un aumento de la oferta de vivienda pública para alquilar. Porque se trata no solo de enfriar los precios mediante un aumento de la oferta sino también de ofrecer alquileres más bajos que puedan competir con la presión especulativa de quienes acumulan vivienda para arrendarla confiando en un aumento persistente del precio.

El mercado de la vivienda pide pues una acción coordinada en varias direcciones. Y una negociación política a varias bandas que no será sencilla.