Pseudoterapias

Empecemos por la sentencia judicial que absolvió en enero al curandero José Ramón Llorente, especialista en “medicina naturista y ortomolecular”, de haber causado la muerte del joven estudiante de Físicas Mario Rodríguez. El estudiante había muerto tras renunciar a tratarse su leucemia para ponerse en manos del ortomolecular. “No constituye el objeto de este procedimiento”, decía la sentencia, “si la denominada ‘medicina natural’ es una alternativa real y eficaz a los tratamientos médicos actualmente existentes contra el cáncer”. Eso fue una fortuna para el curandero, que salió absuelto gracias a que las evidencias científicas aplastantes no han logrado penetrar en las sólidas paredes de los juzgados.

Esta semana hemos conocido un caso similar, como puedes leer en Materia, con la muerte de una mujer que había rechazado el tratamiento médico para su cáncer de mama, de nuevo para confiar en un curandero. El primer impulso de cualquiera sería demandar al curandero, pero el médico de la mujer, Joaquim Bosch, se acordó de inmediato de la sentencia absolutoria del caso anterior, y ha preferido denunciarlo en los medios y en su cuenta de Twitter. Bosch lamenta que la ley esté “del lado de los curanderos”, y demanda una mayor implicación del Ministerio de Sanidad, y que se promuevan los cambios legales necesarios. Desde una perspectiva científica, es obvio que tiene razón.

Por una ironía del destino, el caso de la mujer con cáncer de mama ha coincidido en el tiempo con un estudio de la Universidad de Yale que muestra un dato que deberán tener muy en cuenta los juristas y legisladores. Los pacientes que se echan en manos de curanderos duplican su riesgo de morir aun cuando también se sometan a la medicina real. La razón no es que la pseudoterapia agrave su estado –en realidad no hace ni eso ni ninguna otra cosa—, sino que estos pacientes acaban renunciando al segundo ciclo de la quimio, por ejemplo, o retrasan una operación vital. De modo que los curanderos son dañinos aun en los casos en que no disuaden por completo del tratamiento médico. Cuando ocurre esto último, el riesgo de muerte no es que se duplique, es que llega a quintuplicarse.

Si el objetivo de los procedimientos judiciales no es determinar “si la denominada ‘medicina natural’ es una alternativa real y eficaz a los tratamientos médicos actualmente existentes contra el cáncer”, será la autoridad sanitaria quien tenga que dejar meridianamente claro que no: que esa estafa no es una alternativa, ni real ni eficaz, a la única medicina que existe, que es la basada en la ciencia. Si a Sanidad le preocupa salvar vidas, aquí tiene una tarea que sacar adelante. Cuanto antes.