Tras el deshielo, diálogo

Tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez, el president Quim Torra habló de “hilo de esperanza”. En efecto, emplazarse a futuras reuniones, dar paso a encuentros entre los miembros de ambos Gobiernos y reabrir las comisiones mixtas y bilaterales es dar por iniciado el deshielo que hará posible el diálogo.

Ese “hilo de esperanza” no impide constatar las enormes dificultades a las que nos enfrentamos. Mientras el Gobierno independentista de la Generalitat reclama autodeterminación, el Ejecutivo de España se muestra dispuesto a hablar de autogobierno, perspectivas claramente enfrentadas. Aunque el Gobierno independentista de la Generalitat está trabajando en el marco legal vigente, no quiere renunciar de forma expresa a la unilateralidad y la desobediencia. Aunque se haya iniciado el deshielo, los procesos judiciales en curso y la prisión preventiva dictada contra relevantes dirigentes independentistas y miembros del anterior Govern condicionan de forma significativa el diálogo político.

Tampoco debe olvidarse que el Gobierno de la Generalitat, plenamente legítimo, intenta pasar por alto la existencia de una notable división social en Cataluña sobre el camino a seguir. El Gobierno responde a una mayoría parlamentaria independentista que no refleja una mayoría social. Por ello conviene insistir en la necesidad de construir un amplio consenso entre las fuerzas políticas catalanas, si lo que se pretende es un cambio en profundidad de nuestro sistema institucional. No me cansaré de repetir que si los propios catalanes nos autoimpusimos la necesidad de un apoyo mínimo de dos tercios de los miembros del Parlament para reformar el Estatuto, no puede sostenerse que reformas aún más radicales puedan acometerse con un apoyo parlamentario menor.

Ello no impide que los Gobiernos de España y de la Generalitat puedan y deban dialogar, negociar y acordar muchas cuestiones que han quedado orilladas en los últimos ocho años. Cuestiones que tienen que ver con la mejora del autogobierno, de la financiación, de las inversiones públicas y de la cooperación entre Gobiernos. Todas las comunidades autónomas se han visto sometidas a un sobreesfuerzo en el proceso de reducción del déficit que exige una reestructuración de la deuda, todas ellas aprecian también una infrafinanciación del gasto sanitario y de la dependencia. Muchos conflictos competenciales deberían haber sido resueltos por la vía de la negociación entre Gobiernos en lugar de haber sido remitidos al Tribunal Constitucional sin haber agotado previamente las posibilidades del diálogo político. Muchas leyes aprobadas por el Parlament podrían haber tenido un destino distinto si los Gobiernos se hubieran esforzado en negociar.

Los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont dejaron en la mesa del anterior presidente, Mariano Rajoy, muchas demandas que no fueron ni estudiadas ni atendidas. El propio desarrollo del Estatuto vigente, y algunas reformas de leyes orgánicas permitirían conseguir un autogobierno más robusto y eficaz. El compromiso inversor del Estado con infraestructuras estratégicas para Catalunya (como el servicio de cercanías) y todo el levante español (como el Corredor Mediterráneo) ha brillado por su ausencia. Queda mucho por hacer todavía en el esfuerzo de defensa y promoción de la diversidad cultural y lingüística. Y virgen sigue en gran medida el fecundo terreno de la lealtad y la cooperación institucional que debería promover una cultura federal y, a través de las correspondientes reformas, la consecución de estructuras plenamente federales como el Senado territorial del que carecemos.

Resulta difícil explicar por qué se ha tardado tanto en iniciar el diálogo. Resulta increíble que algunos, intentando arañar un puñado de votos, critiquen el esfuerzo por intentar resolver problemas que afectan directamente al bienestar de nuestros conciudadanos. Quienes condicionan el diálogo a la rendición previa de uno de los interlocutores, lo que de verdad pretenden es que no se dialogue. Y, desde luego, si se alcanza un gran pacto entre las fuerzas catalanas y entre los dos Gobiernos, sería conveniente que los ciudadanos fuesen llamados a refrendarlo. Porque queremos votar, sí, pero no para dividir ni para separar, sino para asegurar que seguimos juntos y mejor.

Miquel Iceta es primer secretario del PSC y diputado del Parlament.