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Un niño que nace en África subsahariana tiene una probabilidad de morir antes de los cinco años 15 veces mayor que la de uno nacido en cualquier país de ingresos altos. Esta región tiene la mayor tasa de mortalidad infantil de todo el mundo, con 76,5 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Más de la mitad de estas muertes se deben a enfermedades prevenibles y tratables mediante intervenciones simples y asequibles, como sucede con la neumonía, la diarrea y la malaria. El retraso en el crecimiento y la malnutrición también pueden provocar el fallecimiento de estos menores.

Igualmente, cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. De ellas, 550 viven en África subsahariana. El riesgo más alto de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años, debido a las complicaciones durante el periodo de gestación y el momento de dar a luz, y también son prevenibles o tratables. El 75% de las muertes maternas se deben principalmente a hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), infecciones, hipertensión gestacional y abortos peligrosos. Las demás están asociadas a enfermedades como la malaria o las agravadas por el embarazo como la infección por VIH/SIDA, la diabetes o cardiopatías.

Las cifras de la mortalidad materno-infantil son todavía muy altas. Y, sin embargo, se han observado grandes avances en este campo. Entre 1990 y 2015, la tasa mundial de mortalidad materna disminuyó en un 44% y la de menores de cinco años se redujo en más de la mitad (de 93 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a 41 en 2016). Aun así, queda mucho por hacer para poder alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en África subsahariana, donde las cifras superan de largo las del resto del mundo.

Esta es la idea que defiende El estado de la salud materno-infantil en Costa de Marfil, Camerún y Benín, un informe elaborado por la Fundación Recover. Hospitales para África, y presentado en el marco de la II Jornada de Salud materno-infantil y cooperación organizada el pasado mes de junio en Madrid en colaboración con la Universidad Autónoma, la Fundación Jiménez Díaz y el Instituto de Empresa, entre otros. En ella participaron expertos de diversas ONG y profesionales de la salud.

Un encuentro con claros objetivos. El primero, “crear redes entre distintas organizaciones que trabajamos en África en temas de salud materno-infantil y sensibilizar sobre la inequidad que hay en el mundo a la hora de hablar de salud. Estas muertes son evitables y prevenibles, ya que tenemos los medios necesarios”, afirma Chus de la Fuente, directora de Recover. Esta se trata de una Fundación que lleva años empeñada en que el lugar donde nace una persona no determine su salud, aunque en la actualidad “desgraciadamente sea así”, añade. Esto se debe, principalmente, a la falta de voluntad política de los países más ricos, que no invierten en los más desfavorecidos. “Si quisiéramos resolverlo lo resolveríamos, simplemente ocurre que no estamos destinando los recursos que lo harían posible. Si los países ricos destinasen el 0,7% de su PIB a la cooperación, se resolverían los problemas de la mortalidad materno-infantil, pero no llegamos ni al 0,3% por falta de voluntad política”, se queja De la Fuente.

Benín, Camerún y Costa de Marfil son tres de los países donde Recover trabaja desde hace años para reducir las tasas de mortalidad materno-infantil, entre otros muchos programas. En ellos ha aprendido que poner fin a las muertes de mujeres y niños es una tarea muy ardua.

“No hay que olvidar que la salud materno-infantil es un fenómeno complejo que requiere de un enfoque trasversal que tenga en cuenta los factores socioeconómicos que contribuyen directamente a la muerte de estas personas”, explica Anna Arakelyan, autora del informe. Por ejemplo, en los tres países analizados en este documento, las altas tasas registradas tienen que ver con la escasez de personal médico y de servicios obstétricos de calidad, especialmente en zonas rurales y con los bajos niveles de asistencia profesional al parto. Pero también con unos servicios de salud empobrecidos e ineficaces en materia de gestión y distribución de recursos e inversiones en las infraestructuras sanitarias; con la falta de protección contra la malaria; la escasa educación de las madres en materias de educación sexual y reproductiva y planificación familiar; la malnutrición, los matrimonios precoces, la mutilación genital femenina y otras formas de discriminación y violación de los derechos de las mujeres y niñas. No menos importante es el escaso acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento e higiene. En definitiva, la pobreza y a falta de empoderamiento de la mujer están directamente ligados con la mortalidad materno-infantil.

Si los países ricos destinasen el 0,7% de su PIB a la cooperación, se resolverían los problemas de la mortalidad materno-infantil

Chus de la Fuente, directora de Recover

Estos tres países continúan la búsqueda de soluciones para mejorar la gestión y distribución de recursos del sector salud a través de diferentes modelos mixtos de financiación público-privada con el fin de promover una salud universal y asequible para todos. Pero el gasto público en esta área es insuficiente para cubrir las necesidades de la población y no supera el 1,5% del PIB, en ninguno de ellos. De ahí que dependan grandemente de la financiación proveniente de fuentes externas. Sin embargo, las fluctuaciones e incertidumbres que esta experimenta también tienen un impacto muy negativo sobre el sector de la salud pública y los recursos asignados para su desarrollo, en especial sobre los programas de salud materno-infantil, y ponen en peligro la continuidad de la lucha contra la mortalidad y morbilidad en este sector. Esta situación afecta de manera más profunda a las poblaciones menos privilegiadas.

En Benín, el porcentaje de ayuda externa representa alrededor del 34% del total del gasto nacional en salud, en Costa de Marfil un 27% y en Camerún el 8%. Si, además, se une el alto porcentaje de gasto directo a cargo del usuario de los servicios de salud (el dinero que pagan por recibir un tratamiento) y la poca inversión de los fondos públicos en el sector de la salud en estos países, se obtiene que sus habitantes difícilmente podrán escapar del círculo vicioso en el que salud y pobreza se conectan e influyen mutuamente el uno en el otro.

De ahí que el informe defienda la necesidad de un compromiso continuo de los países con mayores ingresos para revertir las cifras y lograr, por un lado, la mejora de la salud materno-infantil y, por otro, la promoción de alianzas para el desarrollo y la movilización de recursos domésticos, tanto públicos como privados, para el fomento del bienestar de las mujeres y los niños. Si no se consiguiese este objetivo, Benín, Camerún y Costa de Marfil fracasarán en su intento de reducir la mortalidad y morbilidad materno-infantil y, como consecuencia, lograr los demás retos marcados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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