Listas estériles y responsables ocultos

Aunque el Ministerio de Hacienda de Montoro vendió la lista de morosos como un ejercicio supremo de transparencia y a pesar de la sonoridad de los nombres que aparecen en ella, en realidad apenas va más allá de una relación circunstanciada de empresas en trance de desahucio. Quien está en esa lista es porque no puede pagar su deuda fiscal; y las personas físicas que, en sospecha de la buena sí pueden hacerlo, sufrirán sin duda la labor indagatoria de los funcionarios para acabar pagando lo que deben con sus bienes ocultos. Como tantas otras decisiones de Cristóbal Montoro y de los Gobiernos del PP, cantadas con pífanos y tambores, no pasa de ser un trampantojo; ofrece transparencia cuando, en una gran parte, sólo es una relación estéril de personas y sociedades atrapadas en procesos judiciales, concursos de acreedores o quiebras crudas y duras. ¿Cualificación más exacta de esta máscara de morosidad? Pues que hasta el 44% de los 15.300 millones pendientes de cobro pertenecen a compañías en concurso de acreedores. La lista no informa de nada sustancial, pero deslumbra con la retahíla de nombres que aparecen en ella.

Veamos de cerca cómo se precipitan los morosos en esta relación. La Agencia Tributaria determina a una persona o empresa una deuda fiscal; pero a veces se presentan declaraciones sin posibilidad de pago y solicitan un aplazamiento; para aceptarlo, Hacienda pide un aval bancario al declarante y es posible que su banco no lo preste; entonces, se explora una hipoteca o prenda sobre bienes del titular; si el deudor tiene sus bienes embargados, el aplazamiento se deniega, salvo en casos excepcionales. La deuda entra en vía ejecutiva y el deudor pasa a la lista de morosos. Los que deben más de un millón son los que aparecen en la relación publicada el jueves.

De esa deuda ejecutiva se suele recuperar un euro de cada tres. Menos es nada. Ahora bien, si se varía ligeramente el ángulo de percepción del fenómeno podrá llegarse a una conclusión más interesante que la propia comprobación de desdichas, impagos y carreras por ocultar bienes que serán indefectiblemente descubiertos. Una deuda de 300 millones de euros no se consigue así como así; se necesitan años para acumularla. La pregunta relevante al caso es quién, desde los puentes de mando de la Agencia Tributaria (hay más de uno), permitió que esa deuda fuese creciendo sin tasa ni freno durante varios ejercicios. Tiene el mismo interés examinar los argumentos, jurídicos y económicos, que permitieron amontonar el débito hasta que ya no se puede pagar, es decir, no se puede cobrar. ¿Hay nombres de responsables públicos de la Agencia Tributaria que puedan explicarlo? ¿O es que no estamos ante una gestión descuidada del patrimonio público?

Con idéntica suspicacia hay que analizar el hecho de que sólo las empresas sean consideradas deudoras. En ellas hay administradores que han propiciado los aplazamientos hasta conseguir que dos tercios de la deuda ejecutiva sean incobrables. Las empresas que deben un millón o más tienen consejeros, directores financieros y otros cargos de lustre que han participado con sus decisiones fiscales en un quebranto de recursos públicos. ¿Tan difícil es que, cuando exista constancia de su participación en la morosidad de sus empresas, sus nombres aparezcan mencionados junto a la sociedad morosa y establecer que la responsabilidad del impago pueda derivarse hacia ellos?