‘Aquarius’, una oportunidad

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Estos días los medios de comunicación no paran de hablar sobre el ya famoso Aquarius, el barco que ha rescatado a 630 migrantes en altamar, que finalmente arribaron hace unos días a costas valencianas.

Y desde entonces no han cesado las opiniones sobre la idoneidad o no de este desembarco, autorizado por el recientemente nombrado Gobierno socialista.

Frente a una opinión pública generalizada que alaba el gesto del Estado central y de la Comunidad Valenciana, diversas voces ya han alertado sobre las consecuencias que ello puede suponer, como la posible desatención de los barcos de salvamento de rescate en las costas libias por parte de las embarcaciones que estos días se han encargado del traslado de los migrantes hasta Valencia.

Por otra parte, se han puesto sobre la mesa diversos temas que incitan a la reflexión. En este caso, de manera excepcional se ha dotado a los extranjeros con una autorización de 45 días, medida que no se ha aplicado en otras situaciones similares. Sí ahora, que el tema ha sido muy mediático y con un posicionamiento sin precedentes por parte del Gobierno español. Se plantea: para el resto de personas que lleguen en embarcaciones los próximos meses ¿se aplicará la misma medida excepcional?

La ministra Magdalena Valerio, que asume la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, exponía en los medios su visión sobre un efecto huida rebatiendo a quienes alertaban de un posible efecto llamada tras el posicionamiento del Gobierno en la gestión del Aquarius. Tras las declaraciones de la nueva ministra, subyace una visión de las migraciones que dista de las directivas europeas que priorizan la expulsión en los casos de irregularidad administrativa, es decir, la deportación de aquellas personas extranjeras que no se encuentren regularizadas en el Estado español. Un posicionamiento que ha agradado a muchas de las personas que nos dedicamos al ámbito de las migraciones desde hace años y conocemos las dificultades con las que se encuentran las personas irregulares al llegar a España. El tema de fondo ahora es: ¿servirá este caso concreto del Aquarius para modificar nuestra actual legislación en materia de migraciones y convertirla en una normativa más flexible e inclusiva con las personas que quieran empezar una nueva vida aquí?

¿Servirá este caso del Aquarius para modificar nuestra actual legislación en materia de migraciones y convertirla en una normativa más flexible?

El tema es muy complejo y suscita muchos interrogantes: ¿se está teniendo en cuenta la situación de las personas migradas que ya se encuentran en territorio español, tanto de los migrantes como de los solicitantes de asilo? Estos últimos pueden entrar en el programa estatal de protección internacional y gozar de una cierta cobertura durante los primeros meses en España pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no pueden solicitar asilo o que les ha sido denegado?, ¿y con todas aquellas que realicen solicitudes por otras causas y que también la resolución sea denegada?, ¿se les garantizará la cobertura de las necesidades básicas?

Sabiendo que la acogida no se limita a ofrecer un alojamiento y alimentación, sino que va mucho más allá y supone un despliegue de medidas, un presupuesto y una voluntad muy concreta de realizar un proceso para que se pueda lograr una buena convivencia entre las personas de orígenes diversos que conviven en nuestras ciudades. Más allá de los acuerdos entre estados europeos, supone un trabajo de coordinación y de asunción de responsabilidades por parte de los distintos ministerios, de las distintas administraciones, de las entidades y de la población en general.

En la ciudad de Barcelona hay aproximadamente un 2,6% de personas en situación de irregularidad respecto del total de personas empadronadas y un 20,9% de personas extracomunitarias en situación de irregularidad. Ello supone una dificultad importante para garantizar el acceso a determinadas oportunidades. La principal, la incorporación al mercado de trabajo formal. Estos días se está hablando de unos permisos de trabajo temporales como posible solución, medida que no está prevista en la legislación vigente. Pero la competencia de emitirlos dependería del Gobierno central.

Este gesto supondría un giro en la política migratoria española actual, pero no sería suficiente si no se replantean otros temas fundamentales de los que estos días se habla poco en los medios: ¿Cómo se podrá garantizar la acogida de las personas migradas y solicitantes de asilo que ya están en España? ¿Cómo se gestionará el tema de los menores no acompañados? ¿Cómo se trabajará la cuestión de la trata? (en todas sus formas, no solamente la sexual). ¿Cómo se fomentará una inclusión en el mundo laboral sin que suponga un agravio comparativo con otros colectivos?

La sanidad universal ya aparece como una prioridad en la agenda de la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y ello supondría recuperar la atención sanitaria en todo el territorio español también para las personas irregulares. Recordemos que en el año 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la Ley dejando a estas —y otros grupos— sin la cobertura universal a la sanidad.

Más allá de los acuerdos entre estados europeos, la acogida supone un trabajo de coordinación y de asunción de responsabilidades  por parte de sociedad e instituciones

Y un tema de especial importancia: ¿cómo se trabajará este giro en la política migratoria con la sociedad general para garantizar una buena aceptación de las nuevas medidas?

El anuncio del nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de eliminar las concertinas de la valla de la Frontera Sur ha sido otra de las propuestas aplaudidas por la opinión pública, y no es para menos. Pero se vislumbra una necesidad imperiosa de no hacer promesas puntuales y excepcionales a raíz del desembarco del Aquarius en Valencia, sino de una reforma estructural de nuestra política migratoria. El análisis de las causas de los desplazamientos y el papel que juega España en este tema sería otro aspecto fundamental a abordar (el año 2017 España batió su récord de exportaciones de armamento con 4.346,7 millones, un 7,3% más que en 2016), así como abordar la cuestión de las vías seguras y legales necesarias para garantizar tránsitos en que las personas no se jueguen la vida.

En definitiva, es un tema muy complejo, un reto muy complicado. Una oportunidad de gestionar mejor las migraciones por parte del Gobierno español y una ocasión para establecer coordinaciones y asumir responsabilidades por parte de las diferentes administraciones, entidades, y de todos y cada uno de nosotros. Desde la actitud en el día a día hacia la población migrada —vecinos y vecinas de nuestra ciudad— pasando por la elección de votar a un partido o a otro, con objetivos y promesas electorales muy concretas respecto de cómo se deberían gestionar las migraciones en este país. Un país que se congratula estos días de ser solidario, inclusivo y defensor de todas las personas que salen de sus países en busca de una vida mejor. Esperemos que el Aquarius no se quede en una anécdota. Tenemos una oportunidad.

Jara Esbert-Pérez (@JaraEsbertPerez) es profesional de las Migraciones