El Gobierno portugués pone freno al desalojo salvaje de viviendas

“Me llamo Felicidad Silva, tengo 79 años y siempre viví en Alfama. Mi piso ha sido comprado por una chica de 20 años y quieren echarme”. Felicidad es uno de los Rostros del Desahucio, movimiento vecinal para evitar la invasión de pisos turísticos en los barrios históricos de Lisboa.

El precio de la vivienda ha subido un 18% en un año en la capital portuguesa, pero más aún en Alfama. Alfama no es que sea la Quinta Avenida, ni la playa de Ipanema. Las casitas de Alfama no tienen ni balcones ni suites, mucho menos ascensor o parking, pero a la bohemia europea, joven y con dinero, le gusta la incomodidad, lo auténtico, y están desalojando a los auténticos vecinos, sin edad ni dinero para mudanzas.

La situación alcanza tintes dramáticos en los barrios de Alfama, Morería, Chiado o Baixa. Hay miedo de abrir el buzón por si encuentran una fatídica carta en la que les anuncian la subida del alquiler o el precio de compra del inmueble. En un día, 16 familias de una calle de la Morería recibieron el fatídico aviso. Los fondos inmobiliarios compran no ya edificios, sino calles enteras, y esperan pacientemente al final de los contratos o a que las casas —o sus inquilinos— se caigan de viejas.

Según datos del distrito de Santa Maria Maior, estos barrios con 10.000 vecinos reciben diariamente 250.000 visitas. Su desnaturalización se agrava con la huida de sus habitantes. Hoy son 3.000 menos que hace cuatro años. Los permisos de alojamiento local han saltado de 43 a 1.676.

Si algo no se le puede achacar al primer ministro es falta de reflejos (con la excepción de los incendios). Ante la alarma creciente, en un santiamén ha aprobado una ley de vivienda que pone límites a la actual, aprobada por el anterior Gobierno. A partir de ahora, los mayores de 65 años no pueden ser desalojados de su casa, tampoco los que lleven en ella más de 25 años ni las personas con problemas de movilidad. La rehabilitación de la vivienda dejará de ser motivo de desalojo o renovación del alquiler. En 2017, la mitad de todos los contratos firmados tenían un año de vigencia.