Queremos denunciadores, no héroes

Hay prófugos de la justicia y hay prófugos de la injusticia. En esta segunda categoría se podría encuadrar a muchos de esos ciudadanos corajudos que denuncian los delitos de los que son testigos y, a partir de ahí, ven cómo se les ha arruinado la vida. No es necesario picar muy alto, denunciar, por ejemplo, los bombardeos americanos en Irak contra población civil, para sufrir gravísimas consecuencias como las de la soldado transgénero Chelsea Manning, encarcelada durante siete años en condiciones inhumanas. Hay cientos de personas desconocidas en todo el mundo que pagaron o siguen pagando la osadía de denunciar a sus empresas o a un grupo delictivo.

EL PAÍS relataba recientemente el caso de un testigo protegido que denunció cómo funcionaban algunos clubes de Tolo Cursach, el mafioso rey de la noche mallorquina en cuyos clubes se mercadeaba con mujeres con la connivencia de las autoridades. Hoy, Cursach está en libertad tras pagar un millón de euros de fianza, mientras que el denunciante vive atemorizado, sufre amenazas y ha tenido que dejar la isla. Si hubiera sabido el calvario que le esperaba, dice, se habría callado. La supuesta protección judicial que le otorga la ley, opina, no sirve para nada.

El caso de los denunciadores —whistleblowers en inglés— es una de esas realidades que ponen el espejo a las contradicciones del sistema. El italofrancés Hervé Falciani destapó hace casi una década miles de cuentas en el banco suizo HSBC opacas al fisco. Refugiado en España, su colaboración supuso una importante inyección de dinero para Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y España. En este país, Hacienda recaudó unos 300 millones de euros extras gracias a la lista que entregó con 659 contribuyentes que eludían sus impuestos. Hoy está en libertad provisional, reclamado por la justicia suiza, que le acusa de haber violado el sacrosanto secreto bancario.

Los Gobiernos y los mafiosos no son los únicos que persiguen a estos denunciadores. Grandes y pequeñas empresas inmersas en actividades corruptas, como el trucaje de los sistemas de detección de gases de sus vehículos, intentan acallarlos por todos los medios. El Parlamento Europeo lleva tiempo pidiendo medidas de protección para ellos porque, dicen, sus soplos ahorran o ayudan a recaudar miles de millones de euros en toda la Unión Europea. Recuérdese el caso de LuxLeaks, que dejó al descubierto cómo en Luxemburgo hasta 350 empresas estaban exoneradas de impuestos o pagaban un máximo del 1% de sus ingresos. Sus denunciadores fueron condenados; eso sí, a una pena leve.

La Comisión Europea ha presentado esta semana una propuesta de directiva para proteger a los denunciadores. Prohibirá las represalias en cualquiera de sus formas (despidos, degradaciones, intimidación...) y ofrecerá una protección efectiva, incluida ayuda económica si fuera necesaria. La tramitación será lenta y las elecciones europeas del próximo año quizá obliguen a aplazar una norma muy necesaria. Frente a un mundo globalizado y los grandes conglomerados, las leyes son esenciales, pero los denunciadores, también. Lo que no es de recibo es que un ciudadano tenga que convertirse en un arriesgado héroe para denunciar un delito.