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Por qué no hay asesores científicos en el Parlamento

Un grupo de investigadores consigue que el Congreso de los Diputados baraje crear una oficina de información científica como la que tienen las principales potencias europeas

Fachada del Congreso de los Diputados.
Fachada del Congreso de los Diputados.

La regulación de la homeopatía como fármaco va a debatirse próximamente en el Congreso de los Diputados. Sea cual sea el resultado, hay algo que puede saberse ya: el diálogo no estará apoyado por asesores científicos que expliquen las evidencias sobre la efectividad de estos productos, que es nula, aunque en ocasiones algún diputado haya defendido lo contrario. España es una rareza en Europa por la ausencia de una oficina de asesores científicos en el Parlamento, pero ya ha dado los pasos para solventar esta deficiencia. Los grupos políticos están dispuestos a crearla.

La red europea de estas oficinas, EPTA, tiene 22 miembros, tanto de parlamentos nacionales de Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Finlandia o Suecia, entre otros, como de regiones —Valonia y Cataluña— y países asociados como Rusia, EE UU, Chile, México o Japón.

“Los políticos, como el resto de los humanos, no toman decisiones basados solo en hechos, sino también en sentimientos y creencias. Nuestra tarea es ayudarles a tomar esas decisiones aportando información científica imparcial y relevante sobre cualquier asunto que estén tratando”, explica Theo Karapiperis, jefe del Panel de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento Europeo (STOA), organismo que ostenta la presidencia de EPTA en 2018. “Este tipo de oficinas comenzaron a crearse en Europa en los años 80 y 90 y cada vez más países las están poniendo en marcha. España e Italia son dos excepciones notables en Europa”, explica Karapiperis.

En este organismo trabajan 12 personas, ocho de ellos científicos, y su presupuesto anual es de 650.000 euros, señala Karapiperis. El STOA realiza estudios prospectivos de temas que impactarán a la sociedad en el medio plazo y pueden quedar olvidados por los legisladores y su ciclo político de cuatro o cinco años. En 2016 el servicio publicó un estudio sobre la responsabilidad legal de vehículos autónomos y otros robots que contribuyó a que el Parlamento Europeo fuese el primero en legislar en este tema.

“Este tipo de oficinas comenzaron a crearse en Europa en los años 80 y 90 y cada vez más países las están poniendo en marcha. España e Italia son dos excepciones notables en Europa”

Uno de los ejemplos paradigmáticos en los que la asesoría científica resultó importante fue el de los  bebés con tres padres. El Parlamento británico fue uno de los primeros del mundo en aprobar esta técnica de reproducción asistida. “Sabíamos que este asunto iba a llegar algún día al Parlamento así que empezamos a trabajar en el tema con dos años de antelación”, explica Chris Tyler, director de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST) entre 2012 y 2017. “Todos los parlamentos tienen servicios jurídicos que realizan informes para los diputados, pero si no nos hubiéramos adelantado, los parlamentarios hubieran pedido estos informes solo unos días antes de la votación. Este era un asunto con una importante carga de detalles científicos que había que entender para poner en contexto los argumentos de algunos grupos. Por ejemplo, la Iglesia Católica se opuso a esta técnica porque decía que no es segura, pero nuestro informe citaba que la tasa de fallos es baja y, a cambio, permite eliminar el 100% de las enfermedades mitocondriales que, de lo contrario, las madres transmiten a sus hijos. Todo esto ayudó a que hubiese un debate de mucho nivel y finalmente el Parlamento aprobó la transferencia mitocondrial”, recuerda Tyler. “Lo más importante es que este tipo de asesoría no es solo sobre temas científicos, sino sobre cualquier tema. En ausencia de este tipo de asesoría es muy fácil hacer afirmaciones infundadas y, si nadie lo vigila, el resultado es un debate parlamentario de baja calidad. Lo que hacen este tipo de servicios es asegurarle al ciudadano que sus impuestos generan un trabajo parlamentario de calidad. Lo único que puede hacer daño a la democracia es usar datos incorrectos o falsos”, asevera.

El producto estrella de POST son documentos de cuatro páginas que reúnen toda la información fiable sobre un tema concreto. Los elaboran estudiantes de doctorado durante una estancia de tres meses en la oficina parlamentaria. Para cada documento realizan unas 30 entrevistas con expertos que después revisan unos 20 académicos y expertos del Gobierno y el mundo empresarial. Es fundamental que la información sea imparcial y no entre en política. “Esto nos ha permitido ganar la confianza de los parlamentarios pero un solo con un error podemos perderla”, dice Tyler.

Actualmente Tyler trabaja en el University College de Londres investigando el impacto real de este tipo de servicios, que es difícil de medir. “Sí podemos decir que hemos tenido decenas de miles de interacciones entre políticos y científicos, por ejemplo en desayunos informales sobre temas específicos en los que los parlamentarios no sienten vergüenza de hacer preguntas tontas y, aunque es difícil de demostrar, creemos que tiene un gran impacto”, señala.

Uno de los ejemplos paradigmáticos en los que la asesoría científica resultó importante fue el de los niños con tres padres.

Este año, un grupo de 20 científicos ha lanzado la campaña Ciencia en el Parlamento para realizar encuentros entre científicos y diputados similar a la que ya se hace en el Parlamento Europeo. El proyecto fue muy bien recibido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en enero y el mes siguiente por la Mesa del organismo, en la que están representados todos los grupos políticos. Ya se ha aprobado celebrar dos días de ciencia en el Parlamento en noviembre, dentro de los actos de celebración del 40 Aniversario de la Constitución, que serán financiados por el propio Congreso y ayudas económicas puntuales de la Fundación Cotec y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La iniciativa ha recibido el apoyo de más de 3.000 personas y 160 instituciones, explica Andreu Climent, investigador del Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y uno de los promotores de la iniciativa.

“Nuestro primer objetivo es realizar reuniones periódicas entre científicos y políticos no para hablar de presupuestos ni política científica, sino de cómo la ciencia puede ser útil en diversos asuntos, desde la gestión de carreteras a la salud, la energía…”, explica Climent. La propuesta incluye estudiar la creación de un sistema permanente de asesoría científica en el Parlamento y, para ello, está previsto que Tyler acuda a la Cámara para explicar el funcionamiento de POST y las opciones de establecer un sistema semejante en España. “No se trata de copiar el modelo de Reino Unido, sino de entender cómo funciona su trabajo, pensar cómo los científicos podríamos ser de utilidad y que sean los parlamentarios los que decidan. Cuando lo propusimos, los miembros de la Mesa del Parlamento estuvieron de acuerdo en crear una oficina u otro sistema de asesoramiento científico permanente”, comenta.

La primera oficina de este tipo fue creada por el Congreso de EE UU en 1972 con un amplio consenso político. El organismo produjo más de 750 estudios sobre multitud de temas, desde la lluvia ácida al cambio climático pasando por la automatización del trabajo y las desigualdades que pueden crear las nuevas tecnologías. Fue eliminada en 1995 tras una campaña en contra liderada por el republicano Newt Gingrich.

Una oficina perseguida durante tres décadas

En España la poca visibilidad de los científicos en política es acentuada, ya que tampoco existe una oficina de asesor científico del presidente del Gobierno similar a la de EE UU. Tradicionalmente esta tarea ha recaído en organismos de investigación, como el CSIC en el caso de la riada de lodos tóxicos de la mina de Aznalcollar en 1998 —el peor desastre medioambiental de la historia de España— y el hundimiento del Prestige en 2002, o el Instituto de Salud Carlos III durante la crisis del ébola en 2014. Además existe el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, adscrito al Ministerio de Economía. Hasta ahora ha habido dos iniciativas anteriores para crear un sistema de asesoría científica en el Parlamento, el primero en 1989. “Yo era senador por el PSOE y propusimos al entonces presidente de las Cortes, Félix Pons, que se comprometió a hacerlo, pero después hubo elecciones anticipadas y el tema nunca se retomó”, explica Miguel Ángel Quintanilla, que por entonces era senador del PSOE. El catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Salamanca cree que ahora sí ha llegado el momento de crear este organismo, que además debería tener el objetivo de aumentar la participación ciudadana. La segunda intentona, en 2003, trajo a España a los representantes de las oficinas asesoras de varios parlamentos de países europeos, pero finalmente no fructificó. “Es evidente que en España ambos poderes, ejecutivo y legislativo, tienen un déficit grande en temas científicos y tecnológicos que este tipo de iniciativas podrían reducir”, explica Luis Sanz, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, que fue uno de los promotores de esa segunda iniciativa. Para el científico hay dos escollos fundamentales para conseguirlo. Uno, que la iniciativa debe contar con el apoyo de los letrados del Congreso de los Diputados, “que pueden ver con recelo la llegada de estos asesores científicos”. “El segundo es el propio Ejecutivo, ya que puede recelar de que el poder legislativo gane más independencia y debilite su función de apoyo al Gobierno de turno”, señala.

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