Tribuna:CIRCUITO CIENTÍFICOTribuna
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El asesoramiento científico en los Parlamentos

La relación entre ciencia y política ha sido un matrimonio de conveniencia. En 1957 la ciencia alcanzó el máximo rango político cuando el presidente estadounidense Eisenhower creó el Comité Científico Asesor del Presidente (PSAC). Desde entonces, los Gobiernos han ido creando capacidades de asesoramiento científico.

Un campo menos conocido es la relación de la ciencia con los Parlamentos. El Congreso de los Estados Unidos creó, en 1972, una institución interna para su asesoramiento científico y tecnológico: la Office of Technology Assessment (OTA). La preocupación social que existía entonces por los posibles efectos negativos de algunos avances tecnológicos, tales como la energía nuclear o los pesticidas, así como el deseo de fortalecer el parlamento frente al ejecutivo explican el éxito que durante años tuvo la iniciativa.

La evaluación social de la tecnología o la evaluación de opciones científico-tecnológicas, technology assessment (TA), se consolidó como práctica para producir información, no politizada, basada en un conocimiento científico de alto nivel para mejorar la toma de decisiones políticas.

El TA se difundió por Europa, aunque en un contexto y con objetivos distintos. Así a finales de los ochenta varios Parlamentos y sus diputados pusieron en marcha iniciativas para promover el acceso a la información mejor y más objetiva posible para tomar decisiones que tuvieran una componente científicotécnica.

En cada país los acuerdos políticos que han conducido a la creación de estas Oficinas Parlamentarias de Evaluación de Tecnologías (OPET) y las circunstancias de su creación han sido muy variados, pero se han identificado dos modelos: el instrumental y el discursivo.

El modelo instrumental, en el que se encuentran los Parlamentos del Reino Unido, Alemania, Francia e incluso el Parlamento Europeo, se desarrolla por medio de unidades internas que trabajaban para las Comisiones legislativas. La Parliamentary Office of Science and Technology (POST), el Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), le Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) y la Scientific and Technological Options Assessment (STOA) del Parlamento Europeo juegan ese papel. Incluso recientemente Parlamentos regionales (la Comunidad Flamenca en Bélgica) han creado estas oficinas de asesoramiento (WTA).

El modelo discursivo se da en algunos países caracterizados por una arraigada cultura ciudadana. Un instituto independiente, pagado por el Gobierno, está al servicio del Parlamento en Holanda (Instituto Rathenau) o en Dinamarca (Oficina Danesa de Tecnología, Teknologirådet), pero también tienen el mandato por ley de promover el debate entre los ciudadanos sobre las consecuencias sociales, económicas o éticas del desarrollo científico y tecnológico.

Ambos tipos de oficinas se basan en la separación entre las opiniones científicas y las decisiones políticas que, aunque mejor informadas, quedan en manos de los parlamentarios. Estas oficinas parlamentarias o institutos independientes son pequeñas entidades con poco más de media docena de científicos especializados en diferentes campos, que producen documentos, organizan comparecencias con expertos o encargan a los mejores expertos la elaboración de informes sobre los temas requeridos. Independencia, autonomía o carencia de orientación partidaria son algunos de los conceptos que contribuyen a explicar el éxito de las iniciativas. Docenas de informes se han producido a demanda de estos parlamentos sobre la experimentación con humanos, el uso de células madre, la ética y la investigación, el hidrógeno como fuente de energía, el envejecimiento de la población, el futuro de las pensiones, el comercio electrónico, etcétera.

En España, con un Parlamento dotado de escasas capacidades de asesoramiento científico, que quizás refleja la debilidad científica del país, hubo una experiencia frustrada por la convocatoria anticipada de las elecciones en 1989. Ese año, tras la iniciativa de Miguel Ángel Quintanilla, presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Ciencia y Tecnología, el entonces presidente de la Cortes Generales, Félix Pons, se comprometió a la creación de una Oficina de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas en las Cortes Generales. Tras las elecciones el tema cayó en el olvido.

Por la creciente importancia de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad el tema vuelve y la pregunta es la misma: ¿puede nuestro Parlamento seguir tomando decisiones sobre temas de alto contenido científico y tecnológico sin disponer de un órgano propio, independiente y no partidista que pueda asesorarle cuando lo demande?

Luis Sanz Menéndez, de la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, organiza un seminario sobre asesoramiento científico en los Parlamentos el 12 de septiembre en Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0009, 09 de septiembre de 2003.