Así frena la corrupción la inversión pública y el crecimiento

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La corrupción está dominando el debate público actual en América Latina y el Caribe. No es sorprendente que haya sido uno de los ejes centrales de la VII Cumbre de las Américas, recientemente celebrada en Lima. El escándalo Odebrecht, posiblemente el caso de corrupción de mayor extensión geográfica e impacto económico, ejemplifica como ningún otro en la historia de la región los perjuicios que la corrupción puede causar en las inversiones públicas y los procesos de licitación público-privados. Esto se traduce en asignaciones injustas de recursos, sobreprecios, cuellos de botella, empeoramiento de la calidad los bienes públicos, y freno al crecimiento económico.

Un tema de creciente importancia para los países de la región es la parálisis de la inversión pública. En varios de ellos, el estancamiento en la ejecución de grandes obras por irregularidades probadas o presuntas relacionadas con casos de corrupción está demostrando ser un tema con profundas implicaciones económicas. En números, el problema se entiende mejor: en Brasil, a principios de 2017, la prensa de este país advertía que Lava Jato habría generado una paralización de las obras por un monto de 90.000 millones de reales. Para poner esta cifra en contexto, esto equivale a 27.000 millones de dólares, es decir, prácticamente la totalidad del PIB de Paraguay en 2016. En Perú las paralizaciones de las obras podrían haber conllevado a una pérdida de aproximadamente un 1,5% del PIB, tal como lo ha explicado recientemente el Washington Post. En la República Dominicana, los medios locales reportaron que 3.900 trabajadores fueron suspendidos al haberse paralizado las obras de Odebrecht en este país.

La corrupción no es el único factor que explica esta parálisis. Otros factores contribuyen a ello, como la falta de liquidez de las empresas en un clima de bajos rendimientos empresariales, los congelamientos asociados a asuntos medioambientales y consultas con comunidades. Sin embargo, la sensación de alerta debido a la corrupción que viven hoy en día los responsables por avanzar a lo largo del ciclo de licitación, desarrollo o certificado de obras es un factor muy importante para entender dicha parálisis.

Los ejecutores públicos son cada vez más reacios a tomar decisiones por miedo a verse salpicados por la corrupción o por la percepción de esta. Les preocupa que, en el contexto actual, los medios y las redes sociales condenen más rápido que la justicia, y que la pena de banquillo mediática por una irregularidad o supuesta irregularidad no sea recurrible, y pueda suponer el fin de su carrera en el sector público. Y esta no es la única preocupación. Los órganos de control y las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más activos a la hora de identificar nidos de corrupción y solicitar información sobre el uso y destino de los recursos públicos.

Por ello, el interés y la urgencia por ideas y herramientas que contribuyan de manera efectiva a recobrar la confianza en las instituciones públicas son fundamentales. Varios ejemplos muestran como las nuevas tecnologías y los datos pueden ayudar a combatir la corrupción, como la App de denuncia de sobornos I paid a bribe (yo pagué un soborno) en la India, o el Observatorio del Gasto Público en Brasil, un portal de transparencia que realiza seguimiento a casi 5.000 millones de dólares de gasto público. Además, las plataformas online de visualización y georreferenciación de datos abiertos presentan un potencial claro en este sentido, siendo herramientas para el procesamiento, publicación y monitoreo de información.

Las obras públicas expuestas al escrutinio de los ciudadanos pueden llegar a presentar un costo aproximadamente un 50% más bajo

América Latina y el Caribe han sido pioneros en la utilización de estas plataformas con fines de transparencia, como por ejemplo la iniciativa MapaInversiones del BID que ayuda a mejorar la transparencia en la inversión pública. La iniciativa se inspira en MapaRegalías, una plataforma a través de la cual Colombia ha logrado generar trazabilidad al origen y el destino de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Se trata de una herramienta innovadora y útil, al divulgar grandes cantidades de información oportuna, de calidad, y en un formato sencillo e intuitivo.

MapaRegalías permitió un monitoreo más cercano de los proyectos por parte de los gestores de la inversión pública y los organismos de control, y también por los ciudadanos. Esta apertura de información se acompañó con un mecanismo que permitió asegurar que los municipios presentaran los datos, que son visualizados públicamente en tiempo y forma. En caso de no hacerlo, los municipios se arriesgan a la suspensión de los giros de fondos para proyectos concretos. En 2016 se suspendieron los pagos de regalías a 125 localidades, y 9 de cada 10 de ellas subsanaron su situación de manera casi inmediata.

El impacto del efecto monitoreo en la gestión de las obras públicas también fue recientemente demostrado por Paul Lagunes, profesor asistente de la Universidad de Columbia. Lagunes realizó un experimento a través del cual se evidencia que las obras públicas expuestas al escrutinio de los ciudadanos presentaron un costo aproximadamente 50% más bajo que aquellas obras no monitoreadas.

Como resalta el recién publicado informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018 del BID, América Latina y el Caribe necesitan apostar por la inversión pública y por la innovación para relanzar su crecimiento. La transparencia y las nuevas tecnologías son una parte imprescindible en esta ecuación, para lograr una inversión pública más eficiente, dinámica y conectada con las demandas de los ciudadanos. Esto no resolverá todos los problemas, pero ayudará a aceitar los engranajes para que los motores de la economía no se queden paralizados, y sigan en marcha.

Juan Cruz Vieyra es especialista en Modernización del Estado en la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID y Alejandro Barón es consultor del BID.

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