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Asesinato en Río

El Gobierno brasileño debe aclarar cuanto antes la muerte de Marielle Franco

La concejal Marielle Franco, durante una intervención en el Ayuntamiento de Río de Janeiro en diciembre de 2017.
La concejal Marielle Franco, durante una intervención en el Ayuntamiento de Río de Janeiro en diciembre de 2017.

El asesinato a tiros en Río de Janeiro de Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad, es un crimen político sin parangón en la historia reciente de Brasil. Franco, de 39 años, la quinta concejal que recibió más votos en las elecciones municipales de 2016, fue acribillada junto a Anderson Gomes, el conductor del vehículo donde viajaba, el miércoles en el centro de la ciudad. La asesinada, que representaba en el Ayuntamiento al barrio de Maré, azotado por el narcotráfico, había destacado por denunciar los abusos policiales en la lucha contra la delincuencia.

A pesar del altísimo índice de criminalidad que sufre Río, el asesinato de Franco, planificado milimétricamente y calificado de “auténtica ejecución” en círculos políticos y mediáticos brasileños, es un hecho muy especial por tres razones. En primer lugar, supone un gran revés político a la ofensiva en materia de seguridad encabezada por el Gobierno federal que, en una medida sin precedentes desde la restauración de la democracia en 1985, puso el mes pasado la ciudad carioca en manos del Ejército. El problema de la violencia en Río es semejante a un rompecabezas muy complejo para el que se está demostrando que no valen las soluciones sencillas.

En segundo término, supone un salto cualitativo en los ataques contra activistas proderechos humanos. Franco se había hecho muy popular por sus documentadas denuncias de abusos policiales. Su muerte transmite además un mensaje de miedo a la población porque el asesinato no responde a los modos de la delincuencia común.

Finalmente, el Gobierno brasileño está obligado a aclarar cuanto antes la autoría. La concejal fue tiroteada con munición procedente de una partida adquirida en 2006 por la Policía Federal a la que luego se perdió la pista. La posible vinculación de elementos policiales o parapoliciales con el crimen plantearía graves problemas para la Administración a pocos meses de las elecciones presidenciales.

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