Patrimonio y nacionalismo

La decisión tomada esta semana por el ministro de Cultura de ordenar la devolución al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de las 44 piezas que, a pesar de las sentencias judiciales, siguen en el Museo Diocesano de Lleida, ha sido tomada por los independentistas como una afrenta a la identidad de Cataluña y utilizada para cuestionar la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno.

Toca recordar, otra vez, que las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento. Y también, que la reclamación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento concernido es legítima, pues el tesoro de Sijena fue esquilmado, según las sentencias judiciales, con la participación de la diócesis de Lleida, el Vaticano y el Govern, en violación de las normas sobre patrimonio.

Igual que Cataluña recibió y la España democrática celebró como un acto de justicia histórica la devolución de los papeles de Salamanca que le habían sido esquilmados en la Guerra Civil, no cabe ahora sino lamentar la instrumentalización nacionalista de un contencioso que debería resolverse de forma exclusiva por las vías legales establecidas y con plenas garantías, sobre todo, para la integridad del patrimonio en cuestión.

El periplo histórico y consiguiente dispersión en colecciones públicas y privadas seguido por el conjunto patrimonial del Monasterio de Santa María de Sijena, ofrece un magnífico ejemplo de los dilemas que dominan hoy la gestión del patrimonio cultural.

También de la presión nacionalista sobre el mundo del arte y la cultura a cargo de políticos y gestores que aspiran a construir identidades y así afianzar sus relatos diferenciadores sobre la base de un patrimonio cultural que, al contrario de sus pretensiones, pertenece a toda la humanidad y no a una nación, pueblo o grupo. Si debatimos sobre dónde deben exponerse las obras es precisamente porque son de todos, no de unos pocos.