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Editorial:

Papeles de Salamanca

Al abordar asuntos como la investigación histórica, una nación debería priorizar ante todo la capacidad de acceso de los estudiosos antes que el lugar de depósito. Desgraciadamente no es del todo así en España, y bien lo saben no pocos historiadores españoles y extranjeros que se quejan de desorden y obstáculos y de las graves insuficiencias de nuestros archivos. El estudioso no entiende de litigios de competencia ni encaja en ambientes emocionales, y a veces incoherentes, de rivalidades nacionalistas o regionalistas por muy legítimos que sean los planteamientos. Y en ese sentido debería leerse el último de los capítulos de los llamados Papeles de Salamanca, y la recomendación, sensata, de los expertos designados por el Ministerio de Cultura de que se devuelvan los documentos originales a la Generalitat de Cataluña.

No se trata de una decisión vinculante, sino de un consejo muy meditado, que no ha merecido ningún voto contrario entre sus 18 miembros, aunque sí la abstención de los tres representantes salmantinos. Ahora es el Gobierno central el que tendrá que decir la última palabra. Muy probablemente corroborará como "justas y legítimas" las razones esgrimidas por la Generalitat para la devolución de las 507 cajas de legajos que se hallan desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron trasladados allí como botín por el Gobierno de Franco.

La reacción de satisfacción de la Generalitat y de los partidos catalanes ha tenido una respuesta un tanto virulenta del alcalde de Salamanca y de exponentes de la Junta de Castilla y León. Un aviso de "resistencia numantina", exagerado y visceral, que presagia probablemente batalla judicial. Mezclar la política en este asunto resulta bastante dañino, aunque el mal ya fue hecho hace casi una década cuando se dio rienda suelta a opiniones vehementes de castellanos y catalanes. Y en nada ayudó la última ministra de Cultura del PP, Pilar del Castillo, cuando decidió en 2002 paralizar la devolución escudándose en el principio de la "unidad de archivo", olvidando que este principio no puede amparar el expolio de documentos por las armas como fue el caso de estos legajos, en su mayoría papeles policiales sobre la detención o el fusilamiento de antifascistas en Cataluña durante la Guerra Civil. Menos viscerales son las opiniones que ha merecido la recomendación por parte del director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, alertando del peligro de disgregar la documentación de Salamanca. Resultan sensatos esos temores, pero los expertos de alguna manera los disipan al recomendar que allí quede copia de todo el material y, sobre todo, al pedir que se potencie el Archivo de Salamanca y se transforme en un auténtico Museo de la Guerra Civil con más medios y documentos que ahora no tiene.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de diciembre de 2004