Guerra de protocolos
La Comunidad de Madrid acaba de presentar su norma contra la contaminación, mucho más laxa que la del Ayuntamiento de la capital
Hace unos días, la Comunidad de Madrid presentó su protocolo anticontaminación para la región. Se trata de una norma marco (de mínimos), que los Ayuntamientos pueden endurecer. La finalidad de la medida era, en palabras de la presidenta Cristina Cifuentes (PP), "dar coherencia a todas las actuaciones que se deben llevar a cabo, además de potenciar la coordinación entre los diferentes Ayuntamientos de la región". También “evitar la improvisación” que Cifuentes considera que se produce con el protocolo de la capital. “Hay que tener mucha arrogancia para hablar de improvisación cuando se presenta un protocolo dos años más tarde que el Ayuntamiento”, respondió, vía Twiter, la concejal de Medio Ambiente Inés Sabanés (Ahora Madrid).
La norma de la capital fue aprobada en 2015 por la entonces alcaldesa Ana Botella (PP) después de que la Unión Europea amenazara con multar a Madrid y Barcelona por incumplir con la normativa europea de calidad del aire. Durante el mandato de Botella —y aunque en ocasiones se superaron los niveles marcados en la norma— el protocolo nunca se aplicó.
Tras la llegada de Manuela Carmena (Ahora Madrid) a la alcaldía, el protocolo se endureció: “Si se llega a niveles muy altos, luego es dificilísimo bajarlo; la contaminación se haría sistémica”, argumentaba entonces en Ayuntamiento, que se plantea introducir variaciones en la norma el año que viene. El protocolo municipal contempla cuatro escenarios que recoge medidas que van desde la limitación de la velocidad (a 70 kilómetros por hora en la M-30 en el escenario 1) hasta la prohibición de circulación a la mitad de los vehículos en función de su matrícula (escenarios 3 y 4) pasando por la prohibición de aparcar en la almendra central (escenarios 2 y 3).
El protocolo presentado por la Comunidad de Madrid también contempla cuatro escenarios. Pero con medidas diferentes que van desde la simple información (escenario 1) hasta la recomendación de aplicar planes de movilidad (escenario 4). Entre medias, recoge la limitación de la velocidad en las circunvalaciones M-50 y M-45 (a 100 y 90 kilómetros por hora, respectivamente) así como en las vías de acceso y en las carreteras regionales. La norma regional no recoge medidas estructurales concretas; planes de coordinación de municipios ni obliga aumentar la dotación de transporte público regional (como el Metro) durante los episodios graves de polución. La norma regional obliga, eso sí, a los Ayuntamientos de más de 75.000 habitantes a elaborar un protocolo municipal, pero no establece un plan regional para luchar contra la polución. Para el resto de grupos en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos), la norma no es suficiente porque es “laxa”, “poco restrictiva”, y “oportunista”. Si se aplicase este protocolo durante los episodios de contaminación que sufre la capital, nunca se hubieran tomado medidas de restricción de tráfico, solo se hubieran hecho recomendaciones. Y la información, aunque útil, es de escasa eficiencia a la hora de reducir los niveles de contaminantes.
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