Las sociedades científicas alertan del “colapso del sistema de ciencia”

Desde 2009, cuando la inversión en investigación y desarrollo alcanzó su momento de máxima financiación, se ha recortado un 35% del presupuesto total, con lo que el sistema de ciencia ha perdido unos 20.000 millones de euros hasta 2017, según los cálculos de las sociedades científicas españolas. España tiene 11.000 científicos menos que en 2010 y la plantilla de los principales centros de investigación pública envejece sin que nuevos profesionales ocupen todas las plazas que dejan los que se jubilan. En medio de esta situación, lo sorprendente es que los científicos consideran que su principal problema no es la falta de dinero, sino las nuevas leyes con las que el Gobierno está lastrando el día a día de la investigación hasta poner en peligro la viabilidad de algunos de los centros de I+D más prestigiosos del país.

Más allá de que España esté lejos de la media europea de inversión en ciencia, el país carece de una estrategia clara para los próximos años, según ha denunciado hoy la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). El organismo —que representa a 40.000 científicos agrupados en 79 sociedades— ha presentado hoy un estudio en el que su comisión de política científica ha analizado los presupuestos de ciencia en 2017, el plan estatal de investigación 2017-2020 y el cumplimiento del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos que llevó a Mariano Rajoy a renovar su puesto como presidente del Gobierno.

La primera conclusión es que hay “una ausencia de una política pública de I+D+i seria y comprometida”, según Aurelia Modrego, economista de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinadora del informe. Mientras los recortes presupuestarios durante la crisis amenazan con “un colapso del sistema de ciencia a medio o largo plazo”, hay “una falta de compromiso del Gobierno con la educación y la investigación”, ha resaltado Modrego. La investigadora ha explicado, por ejemplo, que en 2017, cada becario predoctoral cobra 16 euros menos que en 2016. “Aunque la dotación global y el número de becas ha aumentado, hay una repercusión directa en los sueldos de los becarios, una señal de que el Gobierno no cuida los detalles, sobre todo cuando mantener el sueldo supondría un gasto adicional de 600.000 euros”, ha detallado.

El trabajo resalta que el Gobierno no ha aprobado aún el Plan Estatal de Investigación 2017-2020 que traza la estrategia de la política científica para los próximos años. En este documento, que fue sometido a información pública en julio de 2017, la Cosce detecta “problemas” como “el envejecimiento de las plantillas”, el escaso personal de I+D en empresas y las “rigideces del marco normativo y los largos ciclos de gestión administrativa”. El plan además carece de un marco presupuestario y no existe una evaluación posterior, denuncia el documento.

En 2017, cada becario predoctoral cobra 16 euros menos que en 2016.  Mantener el sueldo supondría un gasto adicional de 6000.000 euros

Ante esta situación, la Cosce pide dotar a este plan con un “Fondo Estable de Inversión” en I+D+i. La organización también exige que se cree en el Congreso de los Diputados un grupo de trabajo formado por expertos de prestigio en los ámbitos económicos y sociales para que en un máximo de dos meses “establezca y desarrolle los elementos básicos e inexcusables para dotar al país de una auténtica política científica”.

La ley de la ciencia aprobada en 2011 determinaba que la Agencia Estatal de Investigación, el nuevo organismo que debía coordinar la financiación de la ciencia en España para darle más estabilidad, debía comenzar a funcionar un año después. En realidad el organismo no echó a andar hasta tres años después y este año es el primero desde su creación que tiene financiación propia contemplada en los presupuestos, aunque sigue condicionada por la supervisión del Ministerio de Hacienda, que está lastrando la actividad de centros punteros de investigación.

Uno de los pactos de investidura del actual Gobierno era reformar el estatuto la Agencia Estatal de Investigación, un organismo largamente ansiado por la comunidad científica, para que responda al modelo del Consejo Europeo de Investigación de la Comisión Europea, considerado un modelo a la hora de financiar proyectos científicos de élite. El documento de la Cosce pide que se aproveche esa reforma “para encontrar una forma jurídica que permita el desarrollo de una verdadera política científica y una gestión de los recursos acorde con las tendencias seguidas por los países que confían en la ciencia en la tecnología como motor de su desarrollo económico y social”.

“La desinversión que hay desde 2009 no se soluciona haciendo grandes inyecciones de capital, ni tampoco trayendo a 2.000 científicos de golpe”, ha opinado Nazario Martín, presidente de la Cosce. “Lo que necesitamos es un crecimiento estable del 4% del presupuesto durante 10 años y para ello necesitamos un pacto de Estado”, ha resaltado. Esto debe ir acompañado de una “gestión eficiente” de los recursos. “Actualmente el ministerio de Hacienda es quien está controlando el funcionamiento del sistema de I+D+i, por eso necesitamos que la Agencia tenga un presupuesto independiente y que siga funcionando a pesar del ciclo político, no como ahora que todo está paralizado por la aprobación de los presupuestos de 2018”, ha concluido Martín.