75 científicos de élite exigen a Rajoy que evite el “desmantelamiento” de sus centros

Dos de los mejores centros de investigación de España lanzan la voz de alarma ante la inminente pérdida de parte de su plantilla debido a un embrollo legal que rivaliza con las pesadillas burocráticas que imaginaba Kafka.

75 jefes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) alertan al Gobierno de que “la labor investigadora en ambos centros se encuentra en serio peligro”. En una carta enviada el viernes a Luis de Guindos, ministro de Economía, jefes de grupos y unidades responsables de la actividad diaria de estos dos organismos alertan de que, hasta el 31 de diciembre, el CNIO perderá 66 personas —el 15% de su plantilla— y el CNIC a 30 —el 7%— si el Gobierno no hace nada para evitarlo. “Durante 2018 la situación se recrudecerá” con otros 9 trabajadores menos en el CNIO y 22 en el CNIC, alerta la misiva, a la que ha tenido acceso Materia.

La carta también se ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; así como a los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro; Sanidad, Dolors Montserrat; y Empleo, Fátima Báñez, según fuentes del CNIO.

El CNIO y el CNIC están reconocidos por el Gobierno como centros Severo Ochoa —los de máxima calidad científica del país— y suelen figurar entre los mejores del mundo en sus respectivos campos. Desde finales de septiembre, algunos grupos que investigan el cáncer cerebral, como el de Massimo Squatrito, o la relación entre tumores y envejecimiento, como el de Óscar Fernández-Capetillo, se han visto amenazados con quedarse casi sin efectivos a final de año. Ambos firman ahora la carta al Gobierno.

El 31 de diciembre, el CNIO perderá 66 personas, el 15% de su plantilla, y el CNIC a 30, el 7%

El origen del problema es una disposición adicional de la ley de presupuestos de 2017 que impide a estos centros renovar contratos temporales. Tampoco pueden hacer contratos indefinidos, según detalla la carta. Estas trabas burocráticas llevan a los centros a una situación surrealista en la que es imposible conservar a parte del personal ni de forma temporal ni indefinida si quieren cumplir con la ley, a pesar de tener dinero para hacerlo.

El conflicto afecta a todas las categorías profesionales: investigadores, técnicos de laboratorio y también “jefes de unidad y directores de departamento, muchos de ellos clave para el normal funcionamiento de los centros”, explican los firmantes. Estas restricciones ponen “en serias dificultades el desarrollo del trabajo habitual”. Si no se soluciona el problema algunos de los grupos de investigación y unidades que prestan servicios a estos organismos “quedarán desmantelados de facto con la aplicación de la nueva legislación”. “En estas condiciones, es simplemente imposible que la productividad y la calidad que se espera de estos centros no se vean afectadas”, añaden.

La carta exige al Gobierno que permita que estos centros puedan “hacer contratos indefinidos no fijos al personal cuyas funciones son de carácter estructural” y señalan que no hacerlo sería “una grave irresponsabilidad”.

Después de que este diario informara de la crítica situación que afectaba a algunos de sus mejores investigadores, el Gobierno aprobó un parche legal para intentar resolver el problema. Pero a principios de mes María Blasco, directora del CNIO, y Vicente Andrés, director de investigación Básica del CNIC, explicaron que esa solución no arregla el problema. Blasco resaltó que el CNIO queda en una situación “desesperada”. Este organismo de investigación del cáncer ya ha perdido a varios empleados por este problema.

En el Ministerio de Economía, un portavoz de la secretaría de Estado de Investigación aseguró que están trabajando en una solución al problema y que “quedará resuelto antes del 31 de diciembre”.