Oportunismo fiscal

Resulta difícil de explicar que en un contexto de profunda crisis territorial el Gobierno de Mariano Rajoy haya dado prioridad a su estabilidad antes que intentar resolver el prometido sistema de financiación autonómica para las autonomías de régimen general. Al desafío independentista catalán —un terremoto político sin precedentes en la democracia española— le ha sucedido una oleada de reivindicaciones autonómicas que merecen ser escuchadas; muy especialmente la de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Por el contrario, el Ejecutivo ha optado por garantizarse su continuidad y la aprobación de los presupuestos con la medida más contraproducente: fijar para los próximos cinco años el cupo vasco, cuyo montante supone un trato de privilegio para el País Vasco, según la mayoría de los expertos.

En mayo, Rajoy pactó con los nacionalistas vascos para lograr la mayoría parlamentaria que necesitaba y evitar las urnas. Ahora, su nuevo acuerdo es más difícil de sostener argumentalmente, pues la fijación del cupo suscita pocas simpatías en Cataluña y agita los sentimientos de agravio comparativo en el resto del país en un momento histórico delicado.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha desmarcado del PP con un duro discurso que reivindica la solidaridad territorial y la igualdad de todos los españoles. Pero el problema no es el Concierto Vasco, amparado por la Constitución, sino el método de cálculo aplicado para fijar ese cupo, lo que durante años ha supuesto la sobrefinanciación de una de las comunidades más ricas de España en detrimento de otras más necesitadas.

El cupo (lo que el País Vasco debe aportar a las arcas del Estado para compensar los servicios no transferidos) no debería seguir fijándose en función del número de escaños. Debería calcularse, como el futuro sistema de financiación general, en reglas técnicas blindadas a los vaivenes partidarios. Es un objetivo difícil si se tiene en cuenta que Hacienda ni siquiera escucha a sus propios expertos.

El otro gran partido político de gobierno, el PSOE, se ha sumado al oportunismo del PP en un movimiento táctico arriesgado que revela las incoherencias de su proyecto territorial. A cambio de la estabilidad del Gobierno vasco —sostenido por los socialistas—, el PSOE ha abierto la caja interna de los truenos —ya han protestado sus líderes en Andalucía, Valencia, Asturias y Castilla-La Mancha— y ha renunciado a cualquier negociación posterior a escala nacional, bien sea para modificar los presupuestos, bien para acelerar la puesta en marcha de ese nuevo sistema de financiación autonómico que tanto ha exigido. Rajoy arrastra de nuevo los pies y las autonomías perjudicadas pagan, mientras tanto, los platos rotos de la falta de consenso entre los dos grandes partidos.