La antítesis de Robin Hood hace caja en Madrid

Este es un cuento real; la cara inversa de Robin Hood en Madrid. Cómo sacar dinero de los más necesitados para enriquecer a algunos. La historia comenzó en 2012, en plena crisis económica. Casi seis millones de españoles estaban en el paro y miles de familias (unas 40.000 solo en ese ejercicio según Amnistía Internacional) eran expulsadas de sus domicilios por impago. También algunas administraciones sufrían problemas financieros y muy especialmente el Ayuntamiento de Madrid, endeudado hasta las cejas, entre otras cosas, por los gastos faraónicos del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que (cierto es) modificaron para bien la zona sur de la M-30.

A la vista de lo que luego sucedió no es exagerado decir que al menos una parte de ese caro embellecimiento de la ciudad lo pagaron los más necesitados: aquellos que, con graves dificultades económicas, disfrutaban de un alquiler social —con derecho a compra en ocasiones— en viviendas protegidas del Ayuntamiento. ¿Cómo? El mecanismo fue grosero.

El Ayuntamiento se desprendió de parte de su patrimonio para enjugar su deuda y eso incluyó vender 1.860 viviendas de protección oficial a un fondo de inversión. Así fue como el consistorio logró dinero rápido (128,5 millones), traspasó a ese fondo la propiedad y, de paso, la potestad de renovar los contratos con peores condiciones a los inquilinos, elevar el precio del alquiler o expulsar a familias morosas sin contemplaciones aunque hubiera menores por medio. Todo ello, sin que el Ayuntamiento, entonces regido por Ana Botella, del PP, se manchara las manos con tan incómodas gestiones. Los desahucios se concentraron dos años después en esos pisos, según el Ministerio de Hacienda. Un buen negocio para ese fondo buitre (Fidere, de Blackstone) que compró a bajo precio y registró después imponentes plusvalías y un nefasto resultado para las arcas públicas.

El informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid refleja la ignominia del caso. No hubo concurso público. Las condiciones de la venta se hicieron, aparentemente, a la medida de Fidere, que pagó las viviendas incluso por debajo de su valor catastral (el Ayuntamiento calcula que perdió entre 55 y 290 millones de euros en la operación) y, además, se pagó con dinero público otros 2,4 millones a una empresa por su intermediación aunque no hay documentos que demuestren que hiciera tal trabajo.

Cuatro años después de este escándalo, el Ayuntamiento de Madrid, regido por Manuela Carmena, sigue peleando por anular semejante operación y, a ser posible, recuperar el dinero y/o los inmuebles. Los últimos movimientos son positivos. En agosto, la fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió el caso y hace dos semanas la Audiencia Provincial de Madrid reabrió la causa penal. El Ayuntamiento y la asociación de afectados están personados en los procedimientos, incluido otro europeo por presuntas ayudas de Estado. De momento, sin embargo, el caso es solo un manual de instrucciones —uno más— sobre cómo privatizar bienes públicos para favorecer a unos pocos.