La salud no debería depender de un pasaporte

La salud es un derecho asociado a la condición de ser humano, no a la posesión de un pasaporte. Se trata de un principio básico de la dignidad humana, establecido en los acuerdo universales de derechos humanos y consagrado en normas internacionales asumidas por Estados democráticos. Para millones de personas migrantes, sin embargo, un principio tan simple se ha convertido en una quimera.

He tenido la oportunidad de comprobarlo esta semana, durante el seminario que el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Ministerio de Sanidad marroquí y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) han organizado en Rabat con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además de la presentación del trabajo en este campo del Observatorio de Salud del Mediterráneo, cinco países de la región (Libia, Yemen, Marruecos, Túnez y Egipto) mostraron los resultados de su experiencia en la atención sanitaria de los migrantes y la construcción de sistemas nacionales de salud que consideren los retos de la población en movimiento.

No hay nada sencillo en este asunto. Unos veintiún millones de africanos viven en el mundo como migrantes, buena parte de ellos dentro de la propia región africana. Y, en contra de un mito bien establecido en el imaginario europeo, nueve de cada diez lo hacen por razones económicas, no en busca de asilo. La mayor parte de los países de la región son al mismo tiempo origen, tránsito y destino de la movilidad humana (¿se puede decir algo diferente de España, por cierto?), lo que les obliga a considerar los riesgos y oportunidades de este proceso para la salud de sus sociedades.

Marruecos ilustra a la perfección los retos de una economía emergente en esta área. El país es hoy protagonista en una ruta migratoria que promete intensificarse aún más en los próximos años. Afortunadamente, no todo consiste en medidas coercitivas para intentar expulsarlos de su territorio: la regularización de unos 25.000 inmigrantes (datos oficiales) en situación irregular en 2014 convirtió a Marruecos en una de las referencias de la región en la gestión de este desafío.

Esta medida es la más llamativa de una serie de pasos que buscan alinear las políticas públicas de Marruecos con sus compromisos internacionales en materia de derechos e inmigración, mejorando de paso una imagen internacional tocada por las escenas de inmigrantes en los montes que rodean la ciudad de Melilla, por ejemplo. Solo un año después de la regularización el conjunto de inmigrantes en situación legal fueron incorporados al sistema público de salud, mientras que el plan estratégico nacional sobre la salud de los inmigrantes (2017-2021) propone una batería de medidas para que todos los extranjeros que residan legalmente en el país (incluyendo los estudiantes) cuenten con una tarjeta sanitaria.

Los inmigrantes irregulares están todavía excluidos de todo lo que no sea la atención básica, y los regulares están sujetos a las mismas limitaciones de servicio y copagos que sufren los marroquíes, pero el paso adelante es indudable. Marruecos está sentando las bases legales, institucionales y sociales de un proceso complejo que requiere una buena dosis de creatividad, además de una inversión política y económica. Los donantes internacionales pueden ayudar mucho a este esfuerzo con su cooperación, pero también con un enfoque migratorio menos obsesionado por el control que por el gobierno de los flujos.

Aunque parece situarse en otro universo, el caso de Libia también ha ofrecido un ejemplo interesante. En medio de un contexto descrito candorosamente por el representante de la OIM como “un país con más de un gobierno”, Libia acoge en este momento a más de un millón estimado de inmigrantes (sin contar desplazados internos), de los que unos 390.000 están identificados por las organizaciones internacionales y entre 60.000 y 70.000 recluidos en 24 centros de detención que solo se diferencian de un presidio en el nombre.

La atención es básicamente humanitaria, incluyendo la lucha contra la trata y el apoyo al retorno para los que quieren utilizarlo. La situación no permite hacer planes muchos más allá de eso. Pero mantiene viva la idea de que no todo vale en el esfuerzo por retener a los inmigrantes a este lado del Mediterráneo, que no es poca cosa.

Con su trabajo en migraciones, el Observatorio Mediterráneo de Salud puede contribuir a ofrecer respuestas a algunas preguntas fundamentales: ¿cuáles son las condiciones y necesidades de salud de las poblaciones inmigrantes? ¿Quién y dónde está ofreciendo respuestas eficaces y replicables? ¿Cómo pueden los países de la región dotarse de las políticas públicas de salud ajustadas a sociedades que están cambiando? ¿Qué apoyo o formación necesitan los profesionales de la salud y los responsables de estas políticas?

Confío en que muy pronto podamos contarles desde aquí algunas de las respuestas que hemos ido encontrando a estas preguntas.