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La secesión, mal negocio para las pensiones

España tendría argumentos y fuerza sobrada para desentenderse tanto de las pensiones presentes como futuras en Cataluña

referendum cataluña
Concentración frente al Tribunal Superior de Justica de Cataluña. EL PAÍS

Una idea tóxica del laboratorio secesionista catalán, elaborada por el Consejo de Transición Nacional, es que una Cataluña independiente tendría pensiones mejores, más altas, fácilmente pagaderas y España además pagaría para ello. Craso error.

En agosto de 2017, Cataluña tenía 1.704.692 pensiones —casi 200.000 más que en Andalucía—, con una prestación media de 957,82 euros y 3.294.418 afiliados. Sus insuficientes cotizaciones producen déficits reiterados, en 2016 alcanzó los 4.700 millones. Una cantidad muy superior a los 2.000 millones que cifran los secesionistas.

La llama Ley de Transitoriedad Jurídica dice que una Generalitat independiente recaudaría todas las cotizaciones. Si eso sucediera, dejarían de ingresarse en la caja única de la Seguridad Social española. Normalmente, esta dejaría inmediatamente de pagar las pensiones de los ciudadanos residentes en Cataluña, ya que al darse una secesión unilateral, no existiría ni caja común ni solidaridad posible. La Generalitat tendría que pagar a sus pensionistas.

Para tranquilizar a su público, insinúan que, a pesar de ello, España mantendría la obligación de abonar las pensiones porque tendría una especie de “contrato” con los pensionistas catalanes. Esto es otro falso argumento. En un contrato quien incumple no puede exigir contraprestación. Algo fácilmente entendible, no puede ser que España, sin las cotizaciones catalanas, tenga que pagar las pensiones actuales reconocidas en Cataluña, más la parte de las pensiones futuras por el tiempo que los trabajadores pagaron cotizaciones a la Seguridad Social española. Estas sirvieron, por el sistema de reparto, para pagar las pensiones de los catalanes. No se quedaron en la Caja.

Tampoco se aplicarían los criterios de los convenios bilaterales de Seguridad Social o los de la UE. No estaríamos ante la coordinación de sistemas de países de la Unión para computar cotizaciones recíprocamente o para exportar prestaciones, sino ante el criterio de cómo repartir las obligaciones y derechos de Seguridad Social territorialmente. En este caso, y ante una ruptura forzosa, España tendría argumentos y fuerza sobrada para desentenderse tanto de las pensiones presentes como futuras, sin que la Generalitat pudiese hacer nada. Lo contrario implica aceptar una ruptura retroactiva del principio de solidaridad.

Es más, si alguna duda cupiese sobre qué Administración habría de hacerse cargo del pago de las pensiones de los residentes sería en sentido contrario al que proclama la propaganda oficial. Me explico: la Administración que sí tendría la obligación de pagar sería la Generalitat, pues atendiendo a la xenofobia que anima el denominado procés, una Cataluña independiente, en mi opinión, muy probablemente obligaría a cientos de miles de sus habitantes a cambiar la residencia a España. Esto ha pasado en casos similares. Por ellos, España podría exigir a la Generalitat el pago de sus pensiones. Si Cataluña no pagará, España podría hacerlo, y aplicar medidas de retorsión para cobrarse lo debido.

En definitiva, un tipo de negocio en el que todas las partes salen perjudicadas.

Ramón Marcos es letrado de la Seguridad Social.

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