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OPINIÓN

Telemedicina, una respuesta de Estado tóxico a la crisis de salud en Perú

El Gobierno pretende atender a distancia las necesidades sanitarias de los indígenas de Cuninico, que no tienen ni electricidad

 Mari Curmayari Calampa e hijo, vecinos de la comunidad de Cuninico.
Mari Curmayari Calampa e hijo, vecinos de la comunidad de Cuninico.

La pequeña choza, a unos metros de las coloridas viviendas de la Comunidad Nativa de Cuninico, en la Amazonia peruana, parecía inacabada. Cuatro paredes burdas y delgadas, un tejado de hojalata y una puerta equipada con una rampa eran la respuesta del Gobierno peruano a las desesperadas peticiones de ayuda procedentes de una comunidad en la que la mayoría de sus miembros han enfermado en los últimos años. No hay médicos a la vista, solo esta choza improvisada.

El gobierno de Perú lo llama telemedicina, y afirma que se trata de una solución moderna para conectar, a través de una computadora, a las comunidades aisladas con médicos en la capital del país. El problema, sin embargo, es que la comunidad de Cuninico no tiene un suministro estable de electricidad, no digamos ya acceso a Internet, que le permita una cita médica sin interrupciones por teleconferencia.

Lo que tienen quienes residen en Cuninico es una serie de enfermedades que incluyen calambres en el estómago, quemazón al orinar, alergias, erupciones cutáneas y abortos. Junto a la comunidad, un río del que se sabe que está contaminado con sustancias tóxicas es su única fuente de agua potable.

A lo largo de un año, equipos de Amnistía Internacional visitaron las comunidades Indígenas de Cuninico y Espinar, en las regiones amazónica y andina del país. Acabamos de publicar los resultados de nuestra investigación sobre la crisis de salud que afecta a estas comunidades.

El centro de salud más cercano a Cuninico está a una hora y media de distancia en lancha motora

En Cuninico, decenas de personas nos contaron que, en 2014, el agua del río y el pescado de los que depende la comunidad empezaron a tener un sabor extraño. Desde entonces, mujeres, niños, niñas y hombres han informado sobre enfermedades nuevas y más intensas que hasta entonces no habían experimentado. Ese mismo año, la Dirección Regional de Salud peruana reveló que los niveles de aluminio y de hidrocarburos totales de petróleo en el agua de Cuninico superaban lo permitido para consumo humano.

Dos años después, un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Perú mostró que más de la mitad de los miembros de la comunidad tenían niveles anormales de mercurio en la sangre. También se detectaron niveles alarmantes de cadmio y plomo en algunas personas, entre ellas niños y niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición al mercurio y al plomo puede causar problemas sumamente graves de salud y daños irreversibles en el desarrollo fetal.

El centro de salud más cercano a Cuninico está a una hora y media de distancia en lancha motora, y no cuenta con los especialistas requeridos para cubrir las necesidades de una población local expuesta a metales tóxicos.

Mujeres trabajando en la comunidad de Cala Cala ampliar foto
Mujeres trabajando en la comunidad de Cala Cala

Lo que destaca es la absoluta falta de voluntad por parte del Gobierno peruano para determinar la causa de las enfermedades de las comunidades o tomar medidas para abordarla. Pese a que, en 2017, el Ejecutivo declaró una emergencia pública en la zona, no se han tomado medidas reales para ayudar a la población local. Al contrario: a diario, las comunidades se ven obligadas a decidir entre la intolerable elección de consumir el agua tóxica que posiblemente las está envenenando a ellas y a sus niños y niñas, o pasar sin agua. Esa no es una elección.

La gente ha recurrido a recoger agua de lluvia para su consumo doméstico pero, cuando las lluvias son insuficientes, se ve obligada a beber agua contaminada del río. Sus peticiones para poder proteger a sus niños y niñas y para que se respeten sus derechos humanos fundamentales a la salud y al agua no contaminada caen en saco roto.

Existe un patrón similar en todo el mundo, en el que las comunidades Indígenas libran una ardua lucha para pelear por su derecho al agua no contaminada y a la salud. De Canadá a Brasil, pasando por Nicaragua, vemos cómo los pueblos indígenas combaten contra los numerosos abusos de los que son víctimas en un cruel intento de detener su activismo.

Los defensores del medio ambiente son asesinados a un ritmo de cuatro homicidios a la semana en todo el mundo

Pero esta lucha no carece de riesgos. Las evidencias muestran que los defensores y defensoras del medioambiente —las personas que defienden la tierra, los recursos naturales o la fauna de su comunidad— son asesinados en cifras sin precedentes, a un ritmo de cuatro homicidios a la semana en todo el mundo. A menudo, son los y las activistas indígenas quienes se encuentran en la primera línea de esta batalla.

Sin embargo, en un mundo que se está quedando rápidamente sin fuentes de agua no contaminada, estas luchas no deben verse como un problema aislado que afecta únicamente a las comunidades indígenas. Para 2030, se espera que la demanda global de agua supere al suministro disponible en hasta un 40%. Eso significa que habrá más competencia por el agua que tenemos, y una necesidad aún mayor de garantizar que la poca que queda es apta para el consumo humano.

Quizá aún no seamos conscientes de ello, pero en la lucha de las comunidades Indígenas por el agua no contaminada se está invirtiendo el bienestar de todas y cada una de las personas de este planeta. El Gobierno peruano debe a los propios pueblos indígenas, y también al futuro de toda su ciudadanía, el tomarse en serio las vidas y la salud de estas comunidades. Unos hospitales improvisados con computadoras desenchufadas son sencillamente inaceptables.

Salil Shetty es secretario general de Amnistía Internacional.

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