¿Es legítima la secesión de Cataluña?

La secesión, cuando un Estado se desgaja de otro, ha venido justificada desde la teoría política por tres grandes argumentos.

El primero es la teoría adscriptiva, que defiende que el sujeto legitimado para secesionarse es la nación —comunidad territorialmente concentrada con trazos culturales comunes—. Una idea muy popular en el nacimiento de Estados-nación durante el XIX. Sin embargo, dado que las naciones son artefactos construidos, no resultan fáciles de objetivar (más aún cuando las identidades son compartidas). Además, si basta con ser nación para tener derecho a un Estado, esto podría justificar decisiones unilaterales o la violación de los derechos de las minorías.

La segunda teoría se conoce como la de causa justa. Según esta idea la secesión solo es legítima de manera excepcional; cuando se violan derechos humanos de un grupo o hay la vulneración de un acuerdo entre partes (normalmente de autogobierno). Esta idea encaja, por ejemplo, con las repúblicas de la antigua Yugoslavia. Sin embargo, esta teoría no resuelve quién es el árbitro que determina dicha opresión fuera de casos extremos de genocidio. Además, es un argumento contra-mayoritario. No importa que una mayoría quiera la independencia, no sería posible en ausencia de avasallamiento.

Por último, la tercera teoría se centra en el procedimiento, y establece que una secesión es legítima si se produce mediante cauces mayoritarios, con algún tipo de referéndum pactado. Los casos de Escocia y Quebec serían tipos ideales. Pero de nuevo, también hay críticas. No siempre se sabe qué sujeto (demos) es la base de dicha mayoría (¿Una región? ¿Un municipio?) y, según esta teoría, se podrían desencadenar secesiones ad infinitum. Además, las preferencias ni son inmutables ni son independientes de las opciones que se pregunte. Finalmente, no se debe olvidar que estas mayorías cambiantes generan decisiones casi irreversibles.

El independentismo catalán ha sabido manejar las tres ideas simultáneamente; Cataluña es una nación oprimida con una mayoría que desea ser preguntada. El principio de legalidad, sin restarle importancia, interpela poco a estos argumentos. Sin embargo, una afirmación tan grave necesita evidencia sólida para ser creíble en una democracia liberal, un marco flexible que permite acomodar derechos colectivos.

De ahí la naturaleza de este pulso. La senda unilateral requiere amplísimos apoyos dentro y fuera de Cataluña de los que el independentismo, a día de hoy, carece. Por lo tanto, lo fía todo a provocar una reacción desmedida del Estado que refuerce el argumento de la opresión. La vía plebiscitaria es esencialmente un instrumento frente a un Gobierno cuya falta de iniciativa política ha permitido la encerrona. Lo que está por ver es si, tras la inevitable colisión, se mueve algo en la correlación de fuerzas. Porque el día después la discusión de fondo seguirá esperando.