Entrar en la trampa

Entrar en la trampa y cerrar la puerta: es lo que el Gobierno de la Generalitat pretende que hagan los catalanes, con su insistencia en celebrar un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre. Caer en la misma trampa en la que están cayendo otras muchas sociedades occidentales, es decir, asumir el deterioro de normas democráticas, como si no tuviera importancia ni se derivaran consecuencias, a cambio de objetivos lejanos y quizás inasequibles.

La trampa del Gobierno de la Generalitat exige provocar un conflicto de legitimidades, no de legalidad, lo que sería menos peligroso, aun a riesgo de que se produzca una fuerte división en su propia sociedad. Para colmo de desgracias, es posible que el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calculen que ese conflicto de legitimidades, claramente a su favor, les termine proporcionando, incluso, réditos electorales.

En muchos países se está enraizando una manera de actuar en política que hace relativamente poco se hubiera considerado anormal desde un punto de vista democrático y que, sin embargo, vamos ahora convalidando, casi sin darnos cuenta, pese al formidable peligro que supone.

Son normas desaliñadas, descuidadas, sujetas siempre al vertiginoso andamio del fin que justifica los medios y sientan precedentes muy dañinos. La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república elaborada en un intencionado secreto, en Cataluña, por JxS y la CUP es una exótica muestra de ese descuido democrático que se presenta como una obra jurídica necesaria para satisfacer al “pueblo verdadero” (el que vote “sí” en el referéndum) cuando realmente lo que configura es una especie de estado de excepción. Anular esa ley, caso de que se apruebe, sería curiosamente no una suspensión de la autonomía de Cataluña, sino justamente lo contrario: restablecer la legalidad autonómica.

El Gobierno de la Generalitat está recorriendo a marchas forzadas el camino de la devaluación de las normas democráticas con el pretexto del supremo fin que se busca: la independencia. Pero en realidad lo que sucede es que se abandonan normas democráticas que parecían inamovibles y que empiezan a estar más desdibujadas en Cataluña que en cualquier otra parte del Estado. Muchos catalanes convalidan la idea de que hay que celebrar un referéndum de independencia porque existe un mandato popular, cuando realmente no existe, ni ha existido nunca. Por mucho que les digan lo contrario, en las últimas elecciones autonómicas, los partidos que defendían la independencia no obtuvieron una mayoría de votos. Para colmo, ese referéndum no reúne los estándares democráticos habitualmente exigidos. ¿Qué extraña figura es la del “funcionario voluntario” que controlará la votación? Los funcionarios no son “voluntarios”, sino personas que ocupan, generalmente mediante oposición, un cargo en la Administración pública.

Los responsables de la Generalitat buscan plantear un problema de legitimidades. Es posible que crean que superando la consulta del 1 de octubre próximo lograrán poner en marcha unas nuevas instituciones derivadas de esa ley de transitoriedad, pero no se les puede ocultar que ese procedimiento ya se ha utilizado en otras partes del mundo (sin ir más lejos, el presidente Maduro acaba de ponerlo en marcha en la muy mencionada Venezuela) y que casi siempre ha sido suicida. El conflicto de legitimidades se crearía no solo con las instituciones españolas, sino, sin duda, dentro de la propia Cataluña. Está claro que una parte importante de la ciudadanía no acudirá a votar, no porque no tenga opinión respecto a la eventual independencia, sino porque considera que se trata de un referéndum privatizado y niega, precisamente, su legitimidad. La única manera de salvar el conflicto será celebrar, con la máxima urgencia, nuevas elecciones autonómicas.