Ciudades españolas comprometidas con la sostenibilidad
Los Ayuntamientos de Madrid y Valencia destacan su implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana en un curso de verano de la UCM organizado por la FAO
“Queremos poner una muralla verde alrededor de Valencia para frenar la expansión de la ciudad”. De esta forma tan tajante se expresaba Joan Ribó, alcalde de la capital del Turia, en la mesa redonda El papel de las ciudades en el desarrollo sostenible, organizada por la FAO dentro de los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. La mesa, celebrada en San Lorenzo de El Escorial, ha estado moderada por Enrique Yeves, director de Comunicación de la FAO. Dispuesto a detener el crecimiento urbanístico desbocado que caracterizó a muchas ciudades españolas hasta el estallido de la crisis, Ribó busca posicionar a Valencia como una urbe sostenible y ecológica. Es por ello que la ciudad levantina ha sido nombrada Capital Mundial de la Alimentación en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). “Tratamos de dejar atrás la imagen de Valencia como capital estatal de la corrupción”, asegura Ribó, quien llegó a la alcaldía en 2015 de la mano de Compromís.
Otra de las ciudades españolas que se esfuerza por ser más sostenible es Madrid. Su alcaldesa Manuela Carmena ha puesto en marcha varias medidas para reducir el impacto ambiental generado por los casi dos millones de vehículos que componían su parque automovilístico en 2015, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Una de las iniciativas más polémicas es la limitación de la circulación en la ciudad los días en que se registran altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno. “Ese protocolo ya existía, pero nunca se aplicaba”, afirma Carmena, quien también gobierna desde 2015 al frente de la candidatura ciudadana Ahora Madrid. Por otra parte, la mandataria de la capital española ha impulsado varios sistemas de alquiler de coches compartidos como Car2Go, que cuenta con una flota de 500 vehículos eléctricos y 150.000 usuarios. Todo ello apunta en la misma dirección: hacer de Madrid una ciudad amigable con el medio ambiente capaz de afrontar los retos del siglo XXI.
“El cambio climático está ahí, por mucho que el señor Trump lo niegue”, asevera Ribó. Durante sus más de dos años al frente del Ayuntamiento valenciano, Ribó ha apostado por cambiar el modelo de movilidad en la ciudad. La inauguración del anillo ciclista, un carril bici de 4,7 kilómetros de longitud que rodea el centro histórico, ejemplificó la apuesta de la administración local por transportes alternativos al automóvil. “Nuestra ilusión es que Valencia sea la Copenhague del Mediterráneo”, expresa Ribó, aludiendo al extendido uso de la bicicleta como medio de transporte diario de los habitantes de la capital danesa.
Pero la promoción de la bicicleta no solo tiene un fin ecológico. Valencia, tras convertirse en la primera ciudad del mundo en firmar un convenio con la FAO, se encuentra a la vanguardia de las políticas de alimentación urbana. Ribó, firme defensor de la huerta valenciana, apunta a “que todo el mundo por el hecho de nacer tenga derecho a comer y a comer bien”. El gran problema de la alimentación en las ciudades españolas no tiene tanto que ver con la cantidad de comida disponible como con la calidad. La proliferación de hábitos ligados al consumo de productos con altas cantidades de azúcares y grasas ha disparado los niveles de obesidad, un fenómeno que también conlleva malnutrición. Para luchar contra esta lacra —más del 50% de los españoles padece sobrepeso—, Ribó propone favorecer los productos ecológicos, de proximidad y ricos en micronutrientes, así como desincentivar el consumo de comida rápida. El impulso de la bicicleta como transporte cotidiano también apunta a mejorar las condiciones de salud los habitantes.
La obesidad es un problema global. Según Marcela Villarreal, directora de Asociaciones y Promoción Institucional de la FAO, existen 500 millones de personas obesas, tratándose de “un tema creciente en el mundo desarrollado y en desarrollo”.
Valencia, Capital Mundial de la Alimentación
Como Capital Mundial de la Alimentación, Valencia se ha puesto a la cabeza del Pacto de Milán, un acuerdo sobre política alimentaria urbana rubricado en 2015 por 116 ciudades de todo el mundo, entre las que también están Madrid y otras cuatro ciudades españolas. Este acuerdo, que se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana, tiene como principal objetivo garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de las ciudades, que hoy en día ya suponen más de la mitad de la población mundial. Teniendo en cuenta el aumento demográfico de los entornos urbanos, el sistema de gobernanza mundial del desarrollo ha empezado a tomar en cuenta a las ciudades. Mientras que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados para los primeros 15 años del siglo XXI los gobiernos locales apenas aparecían, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible han adquirido un rol protagónico.
En el propósito de reafirmar la seguridad alimentaria urbana, una de las cuestiones cruciales consiste en acabar con el despilfarro de comida. Según Villarreal, cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a toda la producción anual del África subsahariana. Este dispendio se concentra principalmente en las ciudades, por lo que los gobiernos locales adquieren un papel preponderante en su prevención.
El cambio climático está ahí, por mucho que el señor Trump lo niegue Joan Ribó, alcalde de Valencia
La constatación del despilfarro de alimentos ha llevado a muchos expertos a dejar de apostar por un mayor volumen de producción y a buscar en cambio una distribución más equilibrada de la comida. “Hay suficientes alimentos a nivel global, el problema es que la gente no tiene capacidad económica para comprarlos. Es un problema de pobreza. O un problema de riqueza. Algunos tienen dinero para comprar alimentos y otros no”, considera Enrique Yeves, director de Comunicación de la FAO. “La experiencia nos ha demostrado que allá donde había voluntad política se puede reducir el problema de pobreza y hambre. Ahí está el ejemplo del Brasil de Lula, con unos avances espectaculares”, remarca.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid trabaja en la creación de un centro de estudios sobre el hambre en el mundo, intentando dar visibilidad a un problema que afecta a 793 millones de personas, según el último informe sobre ODS de Naciones Unidas. “Es inexplicable que existan tan pocos espacios de investigación sobre este tema, teniendo en cuenta que el número de víctimas del hambre es mucho mayor que el de la guerra”, expone Carmena.
Otro de los aspectos principales del Pacto de Milán consiste en promover las dietas sostenibles mediante el consumo de proximidad. Es decir, promocionar la ingesta de alimentos que hayan sido producidos lo más cerca posible de los lugares de consumo.
“De todos los alimentos que consume Medellín (Colombia), solo el 40% llega de un radio inferior a 100 kilómetros”, manifiesta Villarreal con preocupación. Para invertir esta tendencia, el Pacto de Milán fomenta la participación de los pequeños agricultores en las decisiones sobre alimentación, tratando de acercar dos mundos complementarios como el rural y el urbano.
Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, sobre todo en ciudades
No obstante, tanto los gobiernos locales como el resto de actores que apuntan a fortalecer la seguridad alimentaria deben hacer frente a las grandes empresas que componen el lobby alimentario. Desde la FAO, Villarreal recuerda que su organización se preocupa de proporcionar información transparente y científicamente comprobada a los parlamentos nacionales para contrarrestar la influencia de los grupos de cabildeo, nada interesados en que se aprueben legislaciones que limiten el consumo de alimentos con altos porcentajes de azúcares, grasas o sales. En España, Ribó tiene claro que los diferentes niveles de gobierno no deberían dejarse influir por los grupos de presión, que anteponen sus ganancias al bienestar de la ciudadanía. “La soberanía alimentaria no se puede pensar desde los mercados globales”, sostiene el regidor valenciano.
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