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Una ley impedirá a los municipios crecer sobre la huerta

Territorio redacta una norma que protegerá de la urbanización 10.000 hectáreas de suelo agrícola

La consejera María José Salvador, con concejales y miembros de su equipo, en la huerta de Almàssera.
La consejera María José Salvador, con concejales y miembros de su equipo, en la huerta de Almàssera.

El Gobierno valenciano protegerá 10.000 hectáreas de huerta, un espacio singular en Europa. La consejera de Territorio, María José Salvador, ha presentado hoy en Almàssera el  Plan de Acción Territorial de la Huerta, que se reforzará con una ley que impedirá a los municipios del área metropolitana crecer a costa de este suelo no urbanizable de especial protección. 

La consejera ha asegurado que son dos instrumentos de ordenación y dinamización de uno de los espacios más emblemáticos de la Comunidad Valenciana, que define y singulariza a la comarca y el área metropolitana más pobladas de nuestro territorio, con más de millón y medio de habitantes, el 30% del total de los habitantes. .

Ya existía un proyecto para la huerta, elaborado por la anterior Administración autonómica, pero se guardó en un cajón y nunca se aplicó.  "Queremos preservar este suelo", ha declarado la consejera ante alcaldes, concejales, agricultores y miembros de colectivos ciudadanos que han luchado durante décadas por preservarla del ladrillo.

El plan y la ley, que está previsto llegue a las Cortes Valencianas el segundo semestre de 2016, ha sido elaborada por funcionarios públicos de la consejería", ha remarcado Lluís Ferrando, director general de Ordenación del Territorio, departamento redactor de ambos textos.

Uno de los elementos centrales de la norma, que inicia ahora su tramitación administrativa, está recogido en el artículo 42.3 y se refiere a que no se permitirán recalificaciones de terrenos en suelo no urbanizable protegido. Ferrando ha recordado cómo proyectos que incluían campos de golf y cientos de viviendas o unifamiliares se proyectaron hace años sobre suelo de huerta.

El proyecto extiende la protección a la red de acequias, alquerías y otras infraestructuras propias de la huerta. Aunque el texto puede varias todavía, otro de los puntos esenciales es que la Generalitat en colaboración con otras Administraciones públicas podrán expropiar "el uso" de las tierras si permanecen tres años seguidos sin cultivar. Los terrenos podrán arrendarse durante siete años a otro agricultor, que deberá pagar un alquiler al propietario de las parcelas. 

Según Ferrando, la huerta no tiene viabilidad "sin agricultores" por lo que se creará un ente rector, con un cuerpo de agentes que cuidarán el área de robos y otras tropelías. Se proponen además un conjunto de itinerarios históricos, puntos de conexión con los sistemas de transporte sostenible de alta capacidad, una redes de miradores del paisaje o de puntos de acceso a la huerta "para el disfrute de un espacio cercano y cargado de historia".