Un asunto español

Josep Guardiola pidió hace pocos días ayuda internacional para celebrar un referéndum sobre la proclamación de la república independiente catalana. Al margen de la incongruencia de calificar en su discurso al Estado español de “autoritario”, cuando se trata de una democracia equivalente a las de los países fundadores de la Unión Europea, con los que esa hipotética república dice querer integrarse, quizás Guardiola debería pensar que, en el fondo, a quien deberían pedir ayuda los independentistas catalanes es al conjunto de los españoles.

La opinión emitida por la Corte Suprema de Canadá respecto a la eventual secesión de Quebec ya rechazó que existieran normas de derecho internacional aplicables al caso. La pregunta que deberían hacerse los independentistas catalanes es si, pese a no tener amparo en el derecho internacional ni en el derecho interno español, pueden presentar ante los españoles en su conjunto razones suficientes, basadas en el llamado principio democrático, como para llevarles a admitir una negociación sobre esa eventual secesión. Teniendo en cuenta además, como señala el profesor Tomás de la Quadra-Salcedo en su fundamental Independencia y democracia: el título VIII y la indisoluble unidad de la nación española (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), que “el principio democrático se aplica a todas las partes confrontadas con el problema y que a todas les es exigible el respeto a la Constitución, aunque sea para reformarla”.

Es lícito, explica De la Quadra-Salcedo, plantearse que el principio democrático también pone límites a las razones que puedan invocarse, que no pueden ser arbitrarias, caprichosas o insolidarias. No cabría, por un lado, el argumento de que Cataluña paga más de lo que recibe (insolidario) ni, por el otro, que el pueblo soberano (español) puede decidir arbitrariamente lo que sea. “El pueblo soberano”, escribe De la Quadra-Salcedo, “podría quizás aprobar el apartheid, la esclavitud o suprimir el derecho a una tutela judicial efectiva, pero ningún jurista, ni ninguna persona de buena voluntad, podrá aceptarlo como algo indiscutible, sin poner en cuestión la legitimidad democrática sustantiva de ese orden”.

Los independentistas catalanes deben también tener en cuenta que las decisiones que afectan a un colectivo determinado solo pueden ser tomadas por los integrantes de ese colectivo, y no cabe pensar que la secesión de Cataluña solo afectaría a los catalanes, puesto que el resto de los españoles resultaría concernido. ¿Puede la Constitución encontrar la forma de que sea una parte del colectivo la que, una vez expresada claramente su voluntad, exija la apertura de unas negociaciones en el colectivo entero, sin final predeterminado pero en el que se plantee como objetivo posible la secesión?

Esa es la pregunta que deberían hacerse los independentistas catalanes. Si abandonamos el terreno de la legalidad y la constitucionalidad y nos situamos en el campo de lo que es justo y democrático (como quieren los independentistas catalanes), deberían aceptar, para empezar, que una decisión como la eventual separación de Cataluña no debería ser decidida por una parte. La cuadratura del círculo viene dada porque se plantea que “una minoría relevante puede afirmar que su voluntad es por sí misma un derecho que somete a los demás a la obligación democrática de acceder a esa voluntad, les afecte o no”. Ninguna negativa a tramitar o conceder la separación será legítima, advierte De la Quadra-Salcedo, si no se han considerado lealmente las razones que se invocan para ella. Ninguna pretensión de separación será legítima si no se reconoce que las cuestiones que afectan a todos, por todos deben ser tratadas y de acuerdo con cauces legales y democráticos establecidos. ¿Ve Guardiola cómo quizás es mejor pedir apoyo a los españoles?