“Si exportas armas sin condiciones, seguramente se usarán para violar el derecho internacional”

Fue un crimen de guerra. El 27 de abril de 2016, Mohamed Wasim Maaz, el último pediatra de Alepo, fue asesinado. El médico de 36 años atendía una urgencia cuando el hospital Al Quds, sostenido por Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad siria, fue bombardeado. Además de Wasim, otras 26 personas perdieron la vida en aquel ataque. Justo dos años antes, el 26 de abril de 2014, unos hombres armados la emprendían a tiros contra pacientes y médicos en un centro sanitario gestionado por la misma ONG en Boguila, República Centroafricana. De las 16 víctimas mortales, tres eran cooperantes de la única organización que prestaba atención sanitaria en la zona en aquel momento. Ocho miembros del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) acudían a un reparto de alimentos en el norte de Afganistán cuando el convoy en el que viajaban fue atacado el pasado febrero. Seis murieron y dos desaparecieron. Las escuelas infantiles también se han convertido en objetivo de guerra y con ellas los niños. En el norte de Yemen, una decena de alumnos entre ocho y 15 años asistían a su última clase en agosto de 2016: una bomba acabó con su colegio y su futuro.

Todos estos hechos fueron crímenes de guerra, violaciones del derecho humanitario internacional, de la Convención de Ginebra y de los acuerdos alcanzados en la primera Cumbre Mundial Humanitaria celebrada hace un año. Y los perpetradores lo sabían. Así lo cree Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, durante su participación en un encuentro para analizar los retos en las actuales crisis celebrado esta semana en Madrid. "Las partes en conflicto conocen la ley y que es ilegal atacar hospitales o a personal médico", afirmó. La culpa, sin embargo, no es solo de los brazos ejecutores. En su opinión, la responsabilidad también recae en los Gobiernos que venden armas sin condiciones, de los líderes que prometen y no cumplen, de los que ordenan ganar guerras a toda costa. Rodeado por un séquito de asesores, autoridades y otros acompañantes que le apremian para que acuda a la comida que tiene en agenda, Maurer atiende la entrevista para ahondar en la situación humanitaria en las mayores crisis del momento, desde Oriente Medio hasta África occidental. Despacio y sin tensión en su tono de voz, lanza críticas sin destinatario, sin molestar, al más puro estilo neutral de la Cruz Roja.

Pregunta. Los ataques a instalaciones y personal sanitarios son cada vez más comunes, ¿cómo se puede conseguir que se respete el derecho humanitario?

Respuesta. Lo que hemos observado en los últimos 10 o 15 años es que los Gobiernos han empleado mucha energía política y financiera en responder a las crisis, pero se ha hecho poco para frenarlas o, al menos, disminuir los efectos negativos. Y para minimizarlos hay que respetar el derecho internacional. Si no hubiéramos quebrantado la ley, la mitad de las víctimas no lo serían. No quiere decir que no habría víctimas, en la guerra siempre las hay. Pero cuando analizamos por qué hoy hay máximos de desplazados, por qué se destruyen tantas instalaciones civiles, como los hospitales, o muere tanta población civil en las guerras, todo se responde con la falta de respeto a las normas. Así que si los Estados se pueden poner de acuerdo sobre la paz, deberían al menos ponerse de acuerdo para respetar la ley durante la guerra. Este sería el modo más eficaz. Pero hoy todo el mundo acusa a los otros de violar la ley. Los países nunca se miran a sí mismos, a sus exportaciones de armas, y su apoyo a grupos armados estatales o no estatales involucrados en la batalla y que no cumplen las normas. La legislación tiene una receta clara, la pregunta es si hay voluntad de elaborar estrategias militares que permitan a los soldados respetar la ley. Ahora no pueden. Si solo quieres luchar y ganar las guerras sin condiciones, este es el resultado que obtienes.

Hoy todo el mundo acusa a los otros de violar la ley. Los países nunca se miran a sí mismos, a sus exportaciones de armas

P. ¿Por qué el CICR no critica a esos países que violan las leyes humanitarias o venden armas a quienes lo hacen?

R. No nos pronunciamos sobre las exportaciones de armas, pero advertimos de que, si exportas armas y no te aseguras de que se usan de acuerdo con la ley, entonces es muy probable que se utilicen para violar el derecho internacional. Y las disposiciones básicas del Tratado de comercio de armas, que ha sido ratificado y firmado por muchos países, dicen que no se deben vender armas en lugares donde haya la posibilidad de que sean usadas de un modo polémico. Nuestro problema no es la disponibilidad o la existencia de armas, sino que se venden sin condiciones, como que se respete la ley.

P. ¿Qué podría hacerse, entonces, para que países como España –que vende armas a Arabia Saudí que podrían haber sido usadas en ataques a población civil en Yemen, como denuncia Amnistía Internacional– pongan esas condiciones?

R. Hay espacios para el diálogo. Vemos que hay países que venden armamento a Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos y que al mismo tiempo implican a las fuerzas armadas en el respeto del derecho internacional. La cuestión es bajo qué condiciones exportas las armas.

P. ¿Cómo pueden organizaciones como el CICR sensibilizar a la sociedad civil para que reclame a sus Gobiernos que repete el derecho humanitario internacional en la guerra o la venta de armas?

R. La gente alrededor del mundo conoce muy bien la ley. El derecho humanitario no es algo abstracto que ha sido negociado por los representantes políticos en lugares lejanos. Estas son normas de suma importancia para cualquier cultura.

P. Pero la sociedad civil no reclama normalmente a sus Gobiernos que cambien su política de venta de armamento o estrategia militar…

R. Cuando viajo desde Siria hasta Irak y otros lugares del mundo, la gente no quiere ser bombardeada. Y se moviliza contra de este tipo de guerra. Ese es el motivo por el que existe una organización como el CICR, que tiene un mandato de la comunidad internacional que incluye realizar propuestas para proteger a las personas que sufren.

P. ¿Qué siente cuando conoce que se ha producido un ataque a instalaciones o personal del CICR?

R. Me preocupa mucho que se produzcan ataques a médicos, enfermeras o instalaciones sanitarias en general. Se han convertido en un patrón en las guerras. Eso tiene que acabar. Hemos enseñado al personal médico –a los conductores de ambulancia, los doctores y enfermeras–, cómo tienen que mantener conversaciones con los actores del conflicto para que aseguren los lugares y las condiciones de trabajo.

P. Además de esa formación, ¿qué medidas toma una organización como el CICR para proteger a su personal?

R. Nuestra primera preocupación se centra en qué podemos hacer para proteger a la sociedad civil y esto se consigue con el compromiso de los militares y otros contendientes; convenciéndoles y enseñándoles que tienen que respetar la ley. En cuanto a nuestro personal, tratamos que todas las partes en conflicto conozcan qué hacemos, que somos un actor imparcial e independiente, y llegamos a acuerdos. La neutralidad e imparcialidad son características que protegen al CICR y permiten que podamos ampliar el espacio humanitario para proteger a la población.

P. En este sentido, y observando el incremento de ataques a trabajadores humanitarios, ¿han perdido credibilidad las ONG como actores neutrales e imparciales?

Nuestra primera preocupación se centra en qué podemos hacer para proteger a la sociedad civil y esto se consigue con el compromiso de los militares y otros contendientes

R. Muchas personas que viven en lugares donde hay conflictos de alta intensidad leen y saben qué dicen los líderes políticos y los presidentes de organizaciones. Y al mismo tiempo son bombardeados todos los días. Así que no nos debería sorprender que tengamos un problema de credibilidad; porque las personas que están expuestas a la violencia indiscriminada de la guerra se preguntan por qué les ocurre cuando toda esta gente dice que la ley debería respetarse. Obviamente, hay una discordancia entre las declaraciones y la realidad, lo que genera un problema en términos de credibilidad.

P. ¿Influye que quienes violan el derecho internacional respondan o no ante la justicia?

R. La rendición de cuentas es buena, como sabemos. Todos luchamos para que los perpetradores respondan ante la justicia. El problema en el terreno es que, en las operaciones que realizamos, no se condena a los responsables de manera inmediata. Por eso, el CICR mantiene diálogos confidenciales con los perpetradores de las violaciones porque así es como tratamos de influenciar en su comportamiento. Esto no quiere decir que no haya un momento después para la rendición de cuentas en los tribunales de los países o ante el Consejo de Seguridad. Juzgar no es la misión del CICR, somos una organización humanitaria que trata de cambiar comportamientos llegando a acuerdos en torno a un trabajo neutral e imparcial. Negociamos en situaciones difíciles para prevenir lo peor.

P. Tal como está la situación ahora, ¿cree que el mundo será mejor para 2030, fecha en la que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijan un horizonte más pacífico y con menos crisis?

R. Siempre puedes imaginar un mundo mejor, e incluso puedes hacer algo para conseguirlo. Y creo que es relativamente fácil establecer qué se debería hacer para lograrlo. La pregunta es cuáles son los pasos concretos necesarios para crear las condiciones en las que las normas se puedan respetar más fácilmente. Y esa es una cuestión política.

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