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Tras huir de sus países devastados por la guerra, el genocidio y los regímenes represivos, gran parte de los 45.000 solicitantes de asilo que se calcula que hay en Israel se encuentran atrapados en un limbo desde su llegada al país hebreo a causa de la formidable resistencia de las instituciones del Estado israelí. Esperaban conseguir refugio en él después de escapar de los conflictos en los suyos propios. Los desórdenes de 2011 en Libia hicieron casi impracticable la ruta hacia Europa a través de su territorio y los empujaron a Israel.

Desde entonces, la gran mayoría viven con el temor constante a ser detenidos y bajo la presión de ser deportados “voluntariamente”. El Gobierno israelí ha sido indolente a la hora de examinar cada solicitud. Argumenta que casi todos son emigrantes económicos, y que, por lo tanto, no necesitan asilo. A menudo, los funcionarios los tachan de “infiltrados” cuya presencia en el país podría poner en riesgo “la existencia de Israel como Estado judío y democrático”.

Hasta el momento, Israel ha aceptado menos del 1% de las solicitudes de asilo, el porcentaje más bajo en el mundo occidental, según The Hotline for Refugees and Migrants (HRM), una organización que vela por los derechos de estos colectivos en Israel desde 1998. Solamente ha otorgado la condición de refugiado a un sudanés y a un pequeño número de eritreos. Al no tramitar individualmente cada solicitud y, por tanto, no concederla, en la práctica está impidiendo que la inmensa mayoría de los solicitantes accedan a permisos de trabajo oficiales, a la atención sanitaria o a los servicios sociales con el fin de sobrevivir, avanzar e integrarse.

De acuerdo con la legislación internacional, los países no pueden deportar a los solicitantes de asilo sin evaluar primero sus peticiones para determinar si cabe otorgarles la condición de refugiado. Por consiguiente, para que el Gobierno de Israel pudiese empezar a deportar contra su voluntad a los solicitantes que no cumpliesen los requisitos, tendría que empezar a examinar los expedientes y a reconocer como refugiados a aquellos cuyas solicitudes fuesen válidas. Los eritreos y los sudaneses representan el 90% de la comunidad de solicitantes de asilo de Israel, según la ONG israelí ASSAF. "Se les reconoce la condición de refugiados en porcentajes relativamente altos en todo el mundo (88% y 64%, respectivamente). Sin embargo, la tasa actual en Israel es del 0,2%”. Como no tienen condición oficial, estos permanecen atrapados en un limbo legal, al tiempo que pueden ser víctimas de detenciones arbitrarias sin que haya habido juicio.

Tanto ellos como los activistas del país hebreo aseguran que esta y otras medidas tienen como objetivo desmoralizarlos para que acepten “voluntariamente” su deportación a terceros países no especificados, en los que la seguridad en general, y en particular la de no ser expulsado a sus países de origen, en los que se arriesgan al encarcelamiento y la muerte, dista mucho de estar garantizada.

Se han filtrado noticias de que algunos de esos países podrían ser Uganda y Ruanda. Las informaciones señalan que ambos han recibido armas, entrenamiento militar, ayuda para la agricultura o dinero a cambio de aceptar a los solicitantes de asilo que Israel rechaza. Según el diario israelí Haaretz, en 2015, 3.381 solicitantes de asilo abandonaron voluntariamente Israel, frente a los 6.414 del año anterior.

En 2016, 3.381 solicitantes de asilo abandonaron voluntariamente Israel, frente a los 6.414 del año anterior

Un caso que atrajo cierta atención de los medios de comunicación fue el de los tres eritreos solicitantes de asilo que salieron de Israel y fueron ejecutados por el Estado Islámico en una playa libia después de haber sido finalmente persuadidos de que aceptasen los 3.500 dólares y abandonasen el país. Al menos a uno de ellos —Tesfay Kidane— lo trasladaron a Ruanda, donde, al parecer, no fue aceptado. Luego siguió hasta Sudán y, a continuación, hasta Libia, donde intentó llegar a Europa en barco, pero la embarcación fue rechazada y acabó secuestrado por el grupo

Con todo, la decisión de abandonar Israel es la culminación de un largo y tortuoso camino que arranca mucho más atrás. Después de haber sido separados de sus familias en su huida de sus países, secuestrados por traficantes que piden a los parientes que se han quedado en su lugar de origen que les paguen más como rescate, o torturados y encarcelados por el camino, cuando llegan a Israel, muchos demandantes están lejos de haber dejado atrás sus penalidades.

En numerosos casos han sido condenados sin juicio a un año en el centro de internamiento de extranjeros de Holot, situado en el desierto de Neguev, al sur del país. Al menos uno de los tres solicitantes de asilo que murieron a manos del Estado Islámico en Libia también había estado detenido en el campamento de Holot antes de acabar abandonando Israel por el procedimiento de la deportación “voluntaria”. El tristemente célebre centro es una “prisión abierta” de la que los reclusos pueden salir, pero a la que tienen que regresar antes del recuento de las 10 de la noche si no quieren que los trasladen a una cárcel cerrada. Cualquier demandante hombre menor de 60 años puede ser enviado arbitrariamente a Holot.

No obstante, Israel no es ni mucho menos el único en su intento de librarse de los solicitantes de asilo. Por ejemplo, a pesar de sus bombardeos sobre Siria y de su larga relación económica y política con el país, entre 2011 y abril de 2016 Rusia solo había concedido la condición de refugiado a dos sirios, mientras que, igual que ocurre en Israel, miles de los que siguen en el país permanecen en un limbo, trabajando ilegalmente con visados temporales caducados. Las autoridades rusas también se han negado a prolongar los visados y han sugerido a los que buscan refugio que regresen a Siria.

Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, todos ellos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), no se han comprometido a facilitar ni una sola acogida. Los países han sido criticados por su falta de disposición a permitir la entrada de refugiados a pesar de sus contribuciones económicas a diversas iniciativas humanitarias en otros lugares y a su diversa participación en la entrega de armas a las facciones sirias rebeldes e islamistas que luchan contra el régimen del presidente sirio Bachar el Asad.

Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos no se han comprometido a facilitar ni una acogida

Estados Unidos, bajo administración de Donald Trump, ha prohibido la entrada al país a cualquier nacional de siete países mayoritariamente musulmanes. Esto incluye solicitantes de asilo y refugiados, y titulares de tarjetas verdes o nacionales con doble nacionalidad. En un artículo de Bill Frelick se explica el obstáculo insuperable que ahora se pone en el camino de los solicitantes de asilo desde los Estados Unidos: "La orden establece que, después de 90 días, todos los extranjeros serán excluidos si su país de origen si no proporcionan la información necesaria para adjudicar cualquier visa, admisión u otro beneficio". Eso incluiría, presumiblemente, la condición de refugiado ". En resumen, y como Andrew Stroehlein, director de Medios de Comunicación de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de Twitter: "¿Veto extremo o absurdo extremo? La orden de Trump significa que el refugiado oprimido necesita permiso del opresor para entrar".

Mientras tanto, en Europa se ha informado recientemente de que Italia estaba “devolviendo emigrantes a Sudán en aviones privados”. En Eslovaquia, por su parte, el Gobierno prefiere acoger a solicitantes de asilo de una determinada religión. Según The Washington Post, las autoridades del país han anunciado que este iba a “contribuir a compartir la carga de la afluencia de decenas de miles de inmigrantes a Europa acogiendo a 200 refugiados. Una cifra pequeña, aún más llamativa debido a otra condición: los refugiados tenían que ser cristianos”. Al parecer, ese es también el caso en Polonia. En Hungría, informa Human Rights Watch, se dice de los solicitantes de asilo y de los refugiados que son “intrusos” y “terroristas en potencia” empeñados en “destruir la civilización occidental y acabar con el cristianismo y la cultura de Occidente”. El propio primer ministro Víktor Orbán se refirió en julio a la emigración como un “veneno”.

En cuanto a Australia, un artículo publicado en The New York Times y titulado “Destrozados en el paraíso: La crisis mundial de los refugiados no conoce ejercicio de la crueldad más siniestro que las islas-cárcel australianas” detallaba el sufrimiento que se inflige a los “solicitantes de asilo de todo el mundo desterrados por Australia” a cárceles en islas remotas para que se pudran en el limbo.

La siguiente serie de imágenes, en las que se documentan las penalidades de los solicitantes de asilo en Israel, se enmarca en un contexto en el que la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el aumento exponencial del número de personas desplazadas en todo el planeta está determinando el entramado de la política actual.

A esto se añade que el trato que Israel lleva dando a los solicitantes de asilo africanos desde hace tiempo ha transmitido un efecto de contagio a la situación de los refugiados más allá de sus fronteras fortificadas. Muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí para frenar la llegada de demandantes a su territorio durante la última década ha sido tomada como ejemplo por los países de dentro y fuera de Europa.

Por lo tanto, esta serie de fotografías intenta descubrir la situación de los solicitantes de asilo en Israel como medio para prever su posible futuro en otros países a medida que pasan los años y ellos siguen atrapados en un limbo legal. Esta situación es cada vez más frecuente tanto dentro como fuera de Europa, donde su presencia prolongada es contemplada con hostilidad, al tiempo que los Gobiernos no dejan de restringir la acogida.