La lucha de las lideresas de las ‘favelas’ de Chile

Tras unos quince minutos en coche desde el centro de la ciudad chilena de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, la carretera de asfalto deja paso a varios caminos polvorientos y empinados en los que las piedras hacen difícil avanzar en algunos tramos, pero es la única forma que existe para acceder a los cerros. Desde lejos se van dibujando en el horizonte las siluetas de las cientos de pequeñas viviendas desperdigadas que forman el asentamiento Manuel Bustos. Llegar a la favela más grande de Chile es como aparecer de repente en otro país, aterrizar en una realidad que incluso muchos vecinos de la ciudad desconocen.

Chile es el país con mayor desigualdad salarial de los Estados que componen la OCDE donde el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre. El jaguar de Latinoamérica, como se le conoce por su expansión económica, es también el país más desigual en cuestión de ingresos, riqueza y educación. A lo largo del país hay 693 favelas —la región de Valparaiso concentra el 25% de los asentamientos informales—, reflejo de esta desigualdad. Algunos tan solo son unas cuantas viviendas minúsculas construidas en medio de la nada en las que viven unas 15 familias, otros acogen a más de 1.000 hogares.

Las condiciones de vida son complicadas: más del 91% de las viviendas no tienen alcantarillado, el 76% no tienen acceso a agua potable y el 98% de las personas que viven en estos campamentos no ha llegado a la universidad. “No es un problema pequeño en Chile, si bien no afecta en proporción a tantas familias considerando el total del país, sí son mas de 30.000 familias las que no tienen una vivienda, no tienen un lugar digno donde vivir en pleno siglo XXI. Hay familias que están una o dos semanas sin agua potable, suponiendo que el agua potable es un derecho básico y de acceso a todo ser humano. Lamentablemente, en los campamentos los derechos humanos se vulneran a diario”, afirma Alejandro Muñoz, director regional de la organización TECHO en Valparaíso.

La casa de María está muy cerca de la zona turística de Viña del Mar, ciudad que ha sido elegida por los chilenos como la mejor para vivir durante cinco años consecutivos. Una suerte, dirían muchos, pero su realidad y la de las más de 1.000 familias que viven en el campamento difiere mucho de esto: no tienen alcantarillado ni alumbrado público, el agua que llega en camiones a las partes más altas no es potable y en las bajas los vecinos se conectan a canales de agua de manera ilegal, las calles no están pavimentadas y el difícil acceso al lugar hace que para los vehículos de emergencias sea muy complicado subir en caso de accidente.

“La vida para nosotros es muy difícil acá. Hay que subir y bajar del cerro en invierno con barro, con los pozos negros que se rebasan, los malos olores... Y en verano: la tierra, el polvo y los bichos. También está el temor a en cualquier momento quedarnos sin agua”, explica María Medina, una de las lideresas de la favela. Llegó hace casi dos décadas al asentamiento Manuel Bustos, y en su discurso sereno, pero claro, no hay ni un ápice de desaliento ya que como dice construir una comunidad más unida les ha permitido llegar hasta las autoridades e ir avanzando. “Que un dirigente con pocos estudios entre en la universidad y asista a clase siendo recibido por el rector como un alumno mas es un sueño. En este momento, en muchas de estas favelas hay dirigentes que realmente se puede decir que son líderes de sus comunidades y que luchan por ellas”, explica María, galardonada como mujer destacada 2015 por su por su aporte al desarrollo social de la región y el país.

En muchas regiones del país más del 60% de las personas que viven en asentamientos informales son jóvenes entre los 16 y los 29 años

Desde hace algunos años, y con la ayuda de TECHO, la formación de lideresas comunitarias —el 84% son mujeres— para empoderar a las comunidades y que puedan incidir en las autoridades locales está siendo un pilar fundamental para muchas comunidades en los campamentos a lo largo de todo el país. “Buscamos puntos de encuentro entre los líderes de las comunidades y las autoridades para que ellos sean los protagonistas de la solución a sus propios problemas. Nosotros les guiamos y acompañamos en todo el proceso. Los dirigentes tiene que conocer sus derechos y saber cuales son sus redes de apoyo”, afirma Giovanna Moreira, Directora Regional de la organización en la región sureña de Los Lagos. En un ambiente democrático y participativo, las familias junto con los 2.000 voluntarios permanentes trabajan en conjunto y diseñan sus iniciativas y planes de intervención en más de 200 mesas de trabajo. Además se apoya e incentiva la formación de emprendedores para romper el círculo de la pobreza ya que casi un tercio de las personas que viven en los asentamientos tienen trabajos independientes.

Yeanette Vargas vive con sus dos hijas y su nieto en la favela Futuro Esperanza, en la ciudad de Puerto Montt, en la zona sur del país. Llegó a finales de 2010 cuando apenas había un par de viviendas construidas. “Nosotros no teníamos otro lugar al que ir y por eso decidimos venir aquí y construir nuestra vivienda. No teníamos plata, como nuestros vecinos y esta ha sido nuestra única solución”, afirma Yeanette mientras explica cómo el número de familias en chabolas ha aumentado. “Ahora hay más de ochenta familias pero siempre está llegando gente nueva que empieza a construir nuevas mediaguas”, dice, mientras señala a la parte baja del asentamiento en la que se han instalado algunas familias y donde se amontonan planchas de metal y madera señal de que en pocos días otra casa será construida. Yeanette fue la presidenta del campamento, y su deseo es volver a retomar la portavocía para unir a los vecinos y presentar sus demandas ante las instituciones “Si tenemos que quedarnos acá y que nos construyan nuestra casa bien, si tenemos que irnos a Puerto Montt lo aceptamos también, pero queremos tener nuestra casa propia y lo tenemos que conseguir estando unidos”, concluye.

El déficit habitacional, los sueldos que no superan el salario mínimo de 290.000 pesos —menos de 400 euros—, los altos precios de los alquileres y las viviendas y el desigual acceso a la educación hacen que en muchas regiones del país más del 60% de las personas que viven en asentamientos precarios sean jóvenes entre los 16 y los 29 años. “Las familias en campamentos tienen oficios informales, sin contrato por lo que quedan fuera de la protección del gobierno, y de todos los beneficios sociales incluso la salud. Los omiten como ciudadanos que no pueden acceder a nada. Y además, menos del 1% de jóvenes de estos lugares van a la universidad porque es muy difícil poder tener acceso. La mayoría deciden entrar en el mundo laboral, no ven la universidad como algo para ellos ni algo que se puedan permitir”, añade Giovanna Moreira.

Chile es el país con mayor desigualdad salarial de los Estados que componen la OCDE donde el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre

Desde las comunidades, reclaman al gobierno compromiso y políticas multidimensionales e integradoras que solucionen el problema de raíz. Hasta el momento, las medidas han ido ligadas al Ministerio de Vivienda, con políticas de cierre de favelas que no tienen en cuenta que el problema de la pobreza tiene que ver con temas estructurales y de desigualdad. “Las políticas tienen que hacerse desde una visión multidimensional teniendo en cuenta aspectos como la educación y la desigualdad porque si no vamos a seguir en este círculo; se cierra un campamento pero se abren dos. Ya es hora de tener en cuenta que hay derechos esenciales y básicos que se tienen que cumplir”, afirma Moreira.

Desde 2007, se han construido a lo largo de todo el país más de 6.000 viviendas definitivas. “Hay dos caminos para solventar el problema: la radicación y la erradicación. La radicación implica que las familias transforman el asentamiento en un barrio, si es que están las condiciones geográficas para poder hacerlo, se postulan a fondos para que se pueda regularizar el asentamiento y poner todos los servicios básicos como en un barrio común y corriente. También esta la opción de la erradicación: buscar un terreno donde se pueda construir un proyecto de vivienda y las familias se puedan ir a ese lugar. "Cuando se opta por la erradicación, la idea es que se transforme en un espacio público o en un parque, o en un lugar que impida el repoblamiento", explica Alejandro Muñoz, aunque reconoce que la política de cierre de campamentos a nivel de estado es muy deficiente porque estos se vuelven a poblar.

Muchas familias como la de Alicia Vargas no quieren mancharse del lugar en el que han vivido durante décadas y donde tienen formada su red de contactos. Ella vive en Pelluhuín un pequeño asentamiento cerca de Puerto Montt y junto con otras 4 lideresas de su comunidad luchan para conseguir quedarse en el poblado y tener acceso a agua potable. “Ahora somos una comunidad unida. Gracias a la ONG pudimos hacer sedes, escaleras para tener mejores accesos y la iglesia. Los talleres nos han dado mucha confianza y han unido a las mujeres de esta comunidad”, dice sonriente Alicia mientras mantiene la esperanza de tener pronto en sus manos el título de propiedad de su vivienda.