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El calor aprieta. Ahora mismo en todo Senegal el clima es asfixiante, sobre todo si se es profesor. Omar Ndoye lo es, imparte clases en un instituto del norte del país. Quiere utilizar un nombre ficticio por miedo a represalias. En unas semanas comienzan las vacaciones de verano y, aunque esta etapa previa al periodo estival suele ir acompañada de cierta presión para el profesorado por la entrega de las calificaciones de final de curso, este año lo está siendo más que nunca.

Los centros de enseñanza pública han recibido la visita de las autoridades policiales y los profesores han sufrido recortes de sueldo y amenazas de despido ante la negación del cuerpo de docentes de hacer entrega de las evaluaciones. Esta medida responde a la falta de respuesta del Gobierno senegalés ante la huelga convocada desde enero por los colectivos sindicales de educación Fuse y Grand Cadre, pero se remonta a mucho antes de principios de año, concretamente al inicio del mandato del presidente Macky Sall, en 2012. Entonces el nuevo Ejecutivo llegó a un acuerdo con los sindicatos de enseñanza para dar respuesta a las demandas del profesorado, principalmente: la mejora del acceso al cuerpo de funcionarios de enseñanza, el aumento del apoyo económico y la mejora de las condiciones de trabajo, que en algunos centros supone dar clases sin electricidad ni agua. El plazo para cumplir estas reclamaciones fue primero de seis meses, luego aumentó a un año y según los representantes sindicales todavía no se han cumplido.

A día de hoy, los profesores de la escuela pública apenas reciben 165.000 francos CFA, aproximadamente 250 euros mensuales. Omar es uno de ellos. “Vivo explotado con un salario miserable en un Senegal carísimo y con una familia que mantener”, explica este profesor. Y este no es el único inconveniente al que se enfrentan los docentes, tampoco han obtenido su plaza de funcionario de enseñanza aquellos que han formalizado los requisitos establecidos por la Administración, por lo que trabajan sin ninguna garantía de no ser despedidos. “Yo pasé todos los exámenes y todavía sigo esperando para ser funcionario desde 2004”, señala Omar. Una situación laboral que se extiende a todo el país y que afecta a todos los niveles de la enseñanza pública, desde la educación primaria hasta la Universidad.

Hasta ahora el silencio ha sido la respuesta. Al igual que en los tres últimos periodos escolares, el Gobierno ha hecho caso omiso a las huelgas que los profesionales de la escuela pública han ido llevando a cabo curso tras curso para reclamar el cumplimiento del acuerdo de 2012. Hasta ahora. Las últimas protestas a las que se han unido unos 5.000 docentes, según los datos que maneja la prensa senegalesa, no sólo han consistido en suspender las clases sino también en guardar las calificaciones de los exámenes. Sin ellas no hay registro del progreso de los alumnos para pasar al siguiente curso escolar, de ahí que el Ejecutivo de Macky Sall tomara cartas en el asunto.

Los docentes se negaron a entregar las notas de evaluación de los alumnos para forzar al Gobierno a que atendiera sus reivindicaciones

La primera respuesta fue precisamente atacar una de las demandas de los profesores, la remuneración digna, y se les disminuyó el sueldo drásticamente. Omar reconoce: “A veces a los profesores nos da vergüenza decir lo que nos encontramos en el banco. Por ejemplo, yo este mes al ir a buscar mi salario sólo he encontrado 19.000 francos CFA”. Una cifra que corresponde a unos 29 euros. Una acción que no sólo fue efectuada en pleno mes de Ramadán, en el que al tratarse de una festividad los gastos aumentan; sino que además fue llevada a cabo de manera generalizada, ya que incluía a todo el profesorado de la enseñanza pública, incluidos aquellos que no habían seguido la huelga o incluso que se encontraban de baja laboral.

Aún así, las medidas de reivindicación continuaron y entonces la Gendarmería fue enviada a los centros escolares con un requerimiento que les instaba a entregar las notas para que el sistema educativo del país continuara su curso. La posición de los sindicatos fue unánime y el requerimiento no fue recogido. Entonces el Gobierno dio un ultimátum a los docentes advirtiéndoles que o bien proporcionaban las evaluaciones o bien serían despedidos sin derecho a pensión. Lo cierto es que la legislación senegalesa les ampara. Los artículos 7 del Estatuto General de los Funcionarios y 279 del Código de Trabajo establecen que la negativa a recibir una orden de movilización supone el riesgo de ser despedido con la suspensión de derechos de pensión para el empleado, así como el despido sin previo aviso.

El ultimátum tenía una fecha límite de tres días antes de los cuales, el movimiento sindical tendría que cumplir con lo exigido o atenerse a las consecuencias. La noche anterior al fin del plazo, los representantes sindicales se reunieron en la ciudad de Touba con Abdoul Aziz Sy Amine y Serigne Bass Abdou Khadre, portavoces las cofradías religiosas de los Tidjane y los Mourides, así como con Alioune Badara Cissé, anterior ministro de Asuntos Exteriores, como mediador del Gobierno. Su decisión fue acceder a hacer llegar las notas a la Administración tras el compromiso de que el presidente accedería a reunirse con ellos para avanzar en sus demandas pendientes desde 2012. Sin embargo, esta tregua también tenía fecha de caducidad y el coordinador del colectivo sindical GRAND CADRE, Mamadou Lamine Dianté, establecía un periodo máximo de una semana para que el Estado diera muestras de avanzar en la negociación. “Si éste no es el caso, vamos a tener que reanudar la lucha”, advertía en declaraciones recogidas por el portal Seneweb. Algunos ni siquiera aceptaron esta interrupción, tanto es así que el día siguiente del anuncio del cese de la incautación de las calificaciones, veinticuatro profesores se manifestaron ante esta decisión y fueron arrestados por la policía en Mbour, al este del país, mientras los alumnos y compañeros presentes se quejaban de esta detención.

En cualquier caso, el profesorado va contrarreloj para cumplir con la entrega de las evaluaciones de un curso escolar que se ha retrasado hasta finales de julio. Y el Gobierno, por la parte que le toca, ha anunciado la devolución del salario descontado a aquellos docentes que no habían seguido la huelga o estaban de baja; no así a los que sí expresaron su disconformidad con sus condiciones laborales. Pese a esto último, parece que desde el Ejecutivo se ha dado un paso importante. Ocurría el pasado 29 de junio, cuando el Congreso senegalés aprobaba la modificación de la Ley de Finanzas Rectificativa que prevé asignar más de 28.000 millones de francos CFA (más de 42 millones de euros) para “la corrección de las derramas de integración y ascenso en instancia del personal de enseñanza y el aumento de la inversión del sueldo de los profesores y maestros contratados inicialmente previsto para 5.000 agentes en la ley de finanzas iniciales 2016 y que pasa a 10.000 agentes”, según ha explicado el ministro de Economía Amadou Bâ a APS.

Vivo explotado con un salario miserable en un Senegal carísimo y con una familia que mantener” Omar, profesor

La Unión Nacional de Padres de alumnos y Estudiantes de Senegal (UNAPEES, por sus siglas francés) ha instado a los sindicatos de docentes a ver esta medida con buenos ojos. A través de un comunicado difundido en los medios, han calificado esta previsión de incremento económico destinado a los profesionales de la enseñanza como un acto positivo que llevará por fin “paz a las escuelas durante el próximo curso”. Pero para los colectivos sindicales cuentan más los hechos que las previsiones y, dos días después del anuncio de la posible asignación monetaria a la escuela pública, denunciaron que los profesores han sufrido de nuevo recortes en sus salarios este mes de julio, tras cumplir con su compromiso de hacer entrega de las calificaciones de los alumnos.

Mientras tanto, Omar el profesor lee todas estas informaciones en la prensa sin encontrar ninguna concordancia entre los gestos del Gobierno y su cuenta bancaria. Desde un aula de su centro de enseñanza en Louga, echa la vista atrás al 2012, el año en el que los representantes sindicales del profesorado pactaron con el entonces nuevo Gobierno de Macky Sall un acuerdo para mejorar su situación laboral que se fue disuadiendo en el tiempo. A Omar le invade una sensación de dèja vu y explica: “Somos muchos profesores pensando cómo comprar arroz y cómo pagar medicinas para nuestros hijos delante de nuestros alumnos. En estas condiciones, ¿cómo conseguir una educación de calidad?”.