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OPINIÓN

No es agua todo lo que reluce

Al proclamar el derecho humano al agua y al saneamiento se reconoce que el acceso a ambos debe ser universal, asequible y transparente

Proyecto para el acceso a fuentes de agua potable realizado por Acción contra el hambre en Mauritania (2011).
Proyecto para el acceso a fuentes de agua potable realizado por Acción contra el hambre en Mauritania (2011).

En 2010, cinco años antes de lo previsto, el mundo logró cumplir su Objetivo del Milenio 7C: reducir a la mitad el número de personas sin acceso a una fuente mejorada de agua. Esto significa que esta meta se hizo realidad para 2.300 millones de personas. Ellas, los líderes mundiales y la comunidad internacional en su conjunto se han congratulado por este logro global en múltiples ocasiones durante los últimos años. Esta es la cara de la moneda. La cruz, los casi 1.000 millones de personas que siguen defecando al aire libre cada día, con la exposición que ello supone a enfermedades (y muertes) que podrían evitarse con un saneamiento básico. Porque el agua, y también el saneamiento, no son un fin por sí mismos sino un medio (y uno de los más eficaces) para reducir la morbilidad, la desnutrición, la mortalidad… y alcanzar un próspero desarrollo social y económico. Los expertos calculan que cada dólar invertido en agua tiene un retorno de dos dólares y cada dólar invertido en saneamiento reporta ocho.

Tras las felicitaciones, hay que decir que no es agua todo lo que reluce. Los indicadores de cobertura abordan solo la superficie del problema, la punta del iceberg. En este sentido, nos encontramos lugares donde las políticas para alcanzar estos objetivos han supuesto una mayor inversión en el sector, pero este enfoque debe ser de servicio y no de infraestructura ejecutada. De nada sirven millones de letrinas si la gente no las usa. Tampoco podemos deleitarnos en el alcance masivo de un punto de agua en un suburbio urbano y olvidar así a la población dispersa en el medio rural. Solo verdaderos indicadores de impacto pueden arrojar luz sobre el resto del iceberg. ¿Hay menos diarreas? ¿Ha aumentado la escolarización tras la construcción del pozo en la comunidad? ¿Han aumentado los ingresos agrícolas y están los niños consecuentemente mejor alimentados? Este es el tipo de preguntas que hay que hacerse para saber si realmente hemos conseguido un cambio, a mejor, en la vida de la población.

Pero hacerse estas preguntas no siempre es fácil, ni tampoco lo más cómodo. Para empezar, habría que promover un cambio en el enfoque de la ayuda para perseguir realmente a la meta de universalidad del acceso al agua, tal y como lo reconoce en julio de 2010 la Asamblea de las Naciones Unidas (resolución 64/292) al proclamar el Derecho humano al agua y al saneamiento reafirmando explícitamente que el acceso a ambos es vital para la realización de todos los demás derechos humanos y poniendo en valor un recurso que debe ser universal, asequible y transparente.

El agua es un bien común y hay que gestionarlo como un servicio público

¿Qué tenemos que hacer las organizaciones humanitarias en este contexto? Superar el enfoque de asistencia directa para el aprovisionamiento y trabajar con los titulares de responsabilidades y obligaciones, en las brechas de capacidades que impiden una buena gobernanza de recursos y servicios, desde la asistencia técnica. Acción Contra el Hambre tiene buenas experiencias en este sentido en lugares como Filipinas, Sudán Sur, Kenia, Cáucaso Sur, y América Latina, donde, más allá de la asistencia directa, hemos contribuido a la creación de marcos regulatorios mano a mano con los titulares de obligaciones (el Estado) y los titulares de responsabilidades (los operadores del servicios, ya sea una empresa pública o privada), con una premisa: el agua es un bien común y hay que gestionarlo como un servicio público, y el Estado tiene que ser garante, primero, de asegurar la realización progresiva de este derecho.

El pago por el agua no debería superar el 3% de los ingresos

Un acceso universal no quiere decir que tenga que haber grifos en todas las casas sino una dotación mínima a la que todo el mundo debe tener acceso. Tampoco quiere decir que el agua tenga que ser gratis. Hay que ser conscientes de que el servicio conlleva un gasto. Pero este ha de ser un gasto adecuado al contexto y a la capacidad de pago de la población. El pago por el agua no debería superar el 3% de los ingresos familiares, pero, paradójicamente, hoy son los más pobres quienes más pagan por el agua.

A dos meses de que expiren los Objetivos del Milenio, los gobiernos del mundo se afanan por construir una nueva agenda de desarrollo para los próximos 15 años. El reconocimiento explícito en la agenda del sector del agua y saneamiento, como uno de los pilares para el desarrollo sostenible y vinculado también a otras metas globales como la reducción de la desnutrición, será un gran avance. Las oportunidades están sobre la mesa. No podemos fallar.

Pablo Alcalde es el responsable de Agua, Saneamiento e Higiene de Acción Contra el Hambre.