En las entrañas del cultivo del cacao

El periodista marfileño Ange Aboa recalca que hay tres intermediarios entre el agricultor y la exportación o la fábrica: el ojeador que compra las vainas directamente sobre el terreno, el tratante que se encuentra en la ciudad y emplea al ojeador y las cooperativas formadas por agricultores. “En el primer caso, el ojeador es un intermediario que recibe el dinero del tratante y opera armado con un camión con el que recoge una media de entre tres y cinco toneladas de cacao por viaje”, explica. “El tratante es un gran comprador que emplea a varios ojeadores y está en contacto directo con los exportadores, a los que hace llegar una media de entre 32 y 100 toneladas de cacao a la semana. Las cooperativas son la manera que los cultivadores han encontrado para intentar hacer oír su voz y defender sus intereses ante los compradores”.

El sector del cacao en Costa de Marfil está nacionalizado y se regula desde el Gobierno. La forma escogida para hacerlo es el Consejo Café-Cacao (CCC), una estructura copiada de una similar en Ghana que se responsabiliza, entre otras cosas, de los precios de venta a pie de plantación y de la modernización del sector. Los precios garantizados de venta se establecieron en el año 2012 y se estabilizan en poco más de un euro por kilo (850 francos CFA), independientemente de las fluctuaciones del mercado.

El agricultor debe recibir un mínimo del 60% del precio de venta durante toda la estación. Se prohíbe pagar por debajo

“El Gobierno [anterior] puso en marcha la reforma del sector que preparó con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entre los años 2008 y 2010”, precisa Aboa. “El nuevo Ejecutivo aplicó lo que se había preparado y decidido a partir de 2011”. Aboa señala que el cambio principal que aporta esta reforma se encuentra a nivel de la fiscalidad y del precio a pie de la explotación agrícola que fijan los productores. Antes de la reforma, la fiscalidad y la parafiscalidad representaban entre el 22% y el 30% del precio fijo internacional del cacao en Londres, donde éste se decide. Además, el agricultor recibía un precio indicativo y debía discutir el definitivo con el “ojeador”. Con la reforma, se fija la fiscalidad y parafiscalidad en un máximo del 22% del precio fijo del cacao en la bolsa de Londres. “El agricultor debe recibir un mínimo del 60% del precio de venta del cacao”, afirma. “Se garantiza para toda la estación y se prohíbe pagar al campesino por debajo de ese precio garantizado”.

Jean-Arsène Yao opina que los objetivos del CCC y la nacionalización de este sector fundamental de la economía marfileña son loables. “Busca dar un nivel de vida decente a los campesinos, garantizando un precio de venta del cacao a 850 francos CFA/kilo, y mejorar la calidad de las habas de cacao imponiendo un estricto cuaderno de cargas. Para alcanzar estas metas, el CCC distribuye los plaguicidas a los agricultores, supervisa la actividad de las cooperativas y comercializa el cacao”.

Sin embargo, Yao también advierte que existe un desfase entre los objetivos declarados y los resultados observados en el terreno. “Por una parte, el precio fijado de manera centralizada no es justo, dado que no tiene en cuenta los gastos de producción de los agricultores. Por otra parte, debido al mal estado de las carreteras, los intermediarios encargados de comprar el cacao en las plantaciones tienen unos gastos extra —para reparar sus vehículos— que luego repercuten directamente en el precio de compra. De este modo, muy a menudo, los campesinos no tienen más remedio que aceptar vender su producción por debajo de los 850 francos CFA/kilo. A veces, a 450 francos/kilo. Cabe recordar que en tiempos de la liberalización del sector (durante el Gobierno del presidente Gbagbo), el precio del kilo podía alcanzar los 950 e incluso 1.100 francos CFA/kilo. De hecho, algunos agricultores que podían antaño permitirse escolarizar a sus hijos dicen tener dificultades para hacerlo ahora”.

Ésta es otra de las paradojas de un país que promete un boom económico comparable al de los años setenta pero que, en el camino hacia la emergencia macroeconómica a cinco años vista, deja a la mayoría de su población en la cuneta. Un país que aspira a ejercer de polo de inversiones y motor económico de la región mientras que figura entre los países pobres muy endeudados del Banco Mundial, cuenta con una misión propia de Naciones Unidas para prevenir una violencia como la que lo arrasó hace apenas cuatro años y depende de programas asistenciales de todo tipo de agencias de la ONU y ONGs.