Después del conflicto

El término “postconflicto”, que expresa ese deseado momento histórico y escenario superadores de la violencia en Colombia, es el tópico actual más veces repetido en el discurso institucional, en la opinión pública y privada, incluso sin tener nada en firme en las negociaciones de paz en La Habana. Lo más paradójico es que se utiliza aun corriendo el riesgo de que una vez más —como ya ocurriera en otros momentos históricos recientes en ese país—, y a pesar de haber consolidado esta vez acuerdos en tres puntos de la agenda de negociación, las vigentes conversaciones de paz con la guerrilla desemboquen nuevamente en un gran fiasco.

Esta idílica realidad de “postconflicto”, sin embargo, no solo es fruto de un ejercicio de voluntarismo por parte del Gobierno colombiano, que es necesario valorar midiendo su alcance real y los medios humanos y materiales destinados al día de después; sino que también responde a un estado de ánimo histórico de esa sociedad, que clama “no más”. No más muerte y destrucción; no más salir al camino del impulso central bogotano, que nunca llega, para que el territorio avance en esa dirección; no más esperar sentado, como siempre, el cierre formal de un proceso de paz, para reivindicar y buscar un escenario de paz y, sobre todo, de las condiciones que la hagan posible.

Las últimas protestas que afectan a la institucionalidad, a algunos de los sectores sociales más desprotegidos y al medio rural y campesino en Colombia, apuntan a que la aplicación de los acuerdos de paz en un deseable escenario de postconflicto en Colombia debe suponer una verdadera transformación de la sociedad y del Estado y, por ende, de algunas de sus políticas públicas estratégicas, para que este paso histórico cumpla el papel transformador en la sociedad colombiana que impida un “cierre en falso” del proceso de superación histórico de la violencia. En conclusión: pasar del conflicto armado a un deseable postconflicto dentro de la normal confrontación democrática de ideas, posiciones políticas y alternativas ante las numerosas demandas sociales.

Es imprescindible el desarrollo de políticas sociales, la reparación a las víctimas y la protección de derechos 

Un riesgo que corre el proceso de negociación y el impulso transformador que deben suponer los acuerdos es el ascenso reciente de los sectores más moderados y conservadores dentro del equipo de gobierno de Juan Manuel Santos. La elección de la propia fórmula electoral para la consulta presidencial de mayo, y los previsibles cambios políticos posteriores, intentan compensar el probable buen resultado que asignan las encuestas al partido del expresidente Uribe, opuesto radicalmente al proceso de paz, y el apoyo que aun cosechan sus promesas en una parte significativa de la sociedad colombiana que, al menos sociológicamente, todavía es y se siente uribista.

Aun así, el éxito o fracaso en la construcción del escenario superador de la violencia y de estas políticas transformadoras del Estado dependerá, en buena medida, de la capacidad para fortalecer la estructura territorial en una decidida dinámica descentralizadora en lo político y en lo presupuestario. Es la exigencia histórica de un nuevo "pacto" acorde a la realidad constitucional y a la diversidad geográfica, con una nueva estructura administrativa moderna y diversificada, que instale capacidades humanas y materiales en las regiones. En resumen, construir un Estado presente y activo en el territorio, capaz de gestionar las políticas públicas del postconflicto. Y para ello, la necesaria reforma del Estado colombiano no puede plantearse como hacía el príncipe de Salina en la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cuando decía: “…cambiémoslo todo para que todo siga igual”.

Por este motivo, es imprescindible una apuesta firme gubernamental y de toda la sociedad colombiana con el acompañamiento de la comunidad internacional en ámbitos estratégicos de los acuerdos de paz y en la gestión del postconflicto: pero, sobre todo, en el desarrollo de las políticas  sociales más endebles o inexistentes, en la reparación integral a las víctimas y en la protección de los derechos fundamentales de la población, especialmente la más vulnerable.

Sin embargo, para que el Estado pueda realizar ese papel de motor transformador en Colombia en una realidad diaria en paz, es esencial introducir cambios profundos en su cultura democrática; para empezar, aquella práctica repetida de la eliminación física de todas aquellas opciones electorales que son consideradas un “peligro” para el mantenimiento del histórico equilibrio de poder. La democracia no es solo la única forma compatible con la libertad y la justicia; también es la única forma de participación política que basa su esencia en la igualdad y en la equidad. Estos dos principios no solo son la esencia y valor de la democracia —como decía Kelsen— sino que son la base de una verdadera cultura de y para la paz.

Gustavo Palomares Lerma es presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos y catedrático en la UNED de España. En la actualidad dirige el proyecto europeo "Pedagogía de paz y gestión del postconflicto en Colombia".

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