Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Proceso suspendido

Madrid debería replantear el cuestionado plan de privatizar seis hospitales públicos

El proyecto de la Comunidad de Madrid de acometer de una tacada una privatización de la gestión de bienes públicos de enormes dimensiones está en el aire. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha devuelto los recursos en marcha a sus secciones de procedencia, la suspensión del proceso promete alargarse más allá de las próximas elecciones autonómicas en las que el principal impulsor del proyecto, el presidente Ignacio González, del PP, debería validar su cargo en las urnas.

La reacción casi inmediata del Gobierno regional de seguir adelante con la privatización de la gestión de seis hospitales y del 10% de los centros de salud es un brindis al sol. Primero, porque las empresas adjudicatarias difícilmente se prestarán al traspaso de competencias por la vía de los hechos con la espada de Damocles de la justicia pendiente; y, segundo, porque las posibilidades de que los jueces anulen definitivamente el proceso no son remotas. El mismo tribunal que ahora obliga a volver a la casilla de salida ya señaló su preocupación por el carácter irreversible de facto de la privatización y por las presuntas irregularidades del concurso de adjudicación realizado a toda prisa en agosto pasado, que benefició a tres firmas privadas.

Los recursos presentados ante la justicia provienen de los partidos de la oposición —UPyD y PSOE—, pero también de colectivos médicos, alarmados por el planteamiento del Gobierno regional sin que hasta la fecha se haya presentado un análisis sobre las ventajas económicas y asistenciales. El proceso, por el contrario, ha alimentado las dudas. El intercambio de cargos entre la sanidad pública y las empresas sanitarias o el hecho de que en el concurso de adjudicación las compañías no tuvieran que competir entre sí son datos que inducen a la desconfianza sobre la limpieza del procedimiento. A ellos se sumó la intervención del magistrado Gerardo Martínez Tristán —ahora miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP— aunando todas las causas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su ausencia, el resultado ha sido justo el opuesto al que quizá se pretendía.

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Ignacio González ha desoído hasta el momento los razonamientos en contra y las protestas —conocidas como mareas blancas— que los profesionales han protagonizado pidiendo la paralización de un plan que quiere dejar en manos privadas la gestión de los hospitales públicos —construidos y mantenidos con el dinero de los contribuyentes— que asisten al 20% de los madrileños. Las prisas de González y las aparentes maniobras para mantener el proyecto pueden pasarle factura a este político que heredó el cargo de Esperanza Aguirre y que ambiciona encabezar la lista del PP en los próximos comicios. Su fracaso resultaría barato si, a cambio, se aparcara definitivamente un proyecto con todas las trazas de ser perjudicial para los intereses públicos.

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