Un pacto para la recuperación

La configuración de la crisis económica española es fundamentalmente interna: excesivo endeudamiento, sistema productivo poco eficiente y competitivo y deterioro institucional. Su magnitud queda reflejada por una caída acumulada del producto interior bruto del 7,5%, aproximadamente el triple que en la zona euro. Ha aumentado el nivel de desigualdad y la pobreza, que además de la gran importancia e impacto social que ello tiene, es también un factor de incertidumbre que mina las expectativas de la economía española.

En correspondencia con las características de la crisis, la superación de la misma requiere tres acciones que debieran ser simultáneas: a) disminuir el endeudamiento mediante la reducción del déficit público y el logro de una balanza por cuenta corriente equilibrada o en superávit; b) generar una situación de crecimiento estable basada en la adquisición de un knowhow que aumente el valor añadido en nuestro sistema productivo, generando economías de escala intersectoriales y asentado sobre importantes ganancias generalizadas de competitividad; y c) restablecer la eficacia y eficiencia de las instituciones.

Hay que advertir que el cumplimiento de la primera no asegura el logro de la segunda.

Las medidas que desde mayo de 2010 se han llevado a cabo en la economía española no se han abordado trabajando simultáneamente sobre los tres frentes mencionados y en su diseño no han imperado de forma determinante los criterios de eficiencia. Las predicciones que se realizan en el Boletín de inflación y análisis macroeconómico de la Universidad Carlos III indican que el crecimiento esperado en el corto plazo, 2013-2015, es bastante moderado. Con la incertidumbre que existe alrededor de las variables macroeconómicas y que es imprescindible cuantificar para que el diagnóstico no resulte engañoso, nuestras predicciones indican: una situación de crecimiento muy moderado hasta finales de 2014, en la que los riesgos de recesión son todavía algo preocupantes, seguida de una etapa de crecimiento claramente más firme a lo largo de 2015, con una probabilidad alrededor del 50% de que este no será inferior al 1,4%.

Hay que reducir la deuda, pero también restablecer la eficacia y eficiencias de las instituciones

Estas predicciones vienen muy determinadas por una recuperación del consumo privado, que inducirá un crecimiento importante de las importaciones. Con ello la aportación al crecimiento del PIB de las exportaciones en términos netos, es decir, descontando las importaciones, se verá muy reducida. Se espera que el número de personas ocupadas empiece a crecer en tasa anual a mediados de 2014 y que el nivel de empleo alcanzado a finales de 2007 se logre en la segunda mitad de los años veinte.

Este conjunto de resultados no puede considerarse una salida sólida de la crisis. Es necesaria una acción simultánea sobre los tres frentes mencionados, basada en un gran pacto político-social, en el que además las partes se comprometan a que todas las medidas que se aprueben dentro del pacto sean previamente orientadas por un grupo de expertos indiscutibles, de extracción multidisciplinar, independientes y con un porcentaje apreciable de extranjeros. Este pacto generaría efectos económicos positivos desde el momento de su firma.

La regeneración institucional deberá abordarse con prontitud dentro de dicho pacto y debería iniciarse con una nueva ley electoral y otra de partidos políticos orientadas a introducir competencia dentro de ellos y a que los cargos electos se sientan más responsables ante los ciudadanos que ante las cúpulas de los partidos.

La reducción del déficit fiscal de forma permanente en un contexto de bajo crecimiento y con el objetivo de afectar lo menos posible a los servicios que configuran el bienestar social requiere una reforma administrativa en sentido global, que (1) tendrá que abordar la dimensión y estructura de las Administraciones públicas, (2) deberá estudiar en profundidad la eficacia y eficiencia de los gastos públicos, proponiendo reformas pertinentes y (3) diseñar un proceso de fijación y evaluación del gasto público, en el que toda asignación presupuestaria vaya acompañada de una formulación de objetivos a alcanzar con ella y con una definición de indicadores que permitan evaluar posteriormente los resultados obtenidos y, en su caso, exigir las responsabilidades que correspondan.

La competitividad requiere tener costes laborales unitarios (CLU) más bajos que la competencia, y la forma mejor y más estable de lograrlo es a través de aumentos en la productividad, pero si estos no se logran con prontitud, la mayor competitividad se tendrá que conseguir con reducciones de salarios y de márgenes de explotación para poder garantizar la supervivencia de las empresas. Esta forma de aumentar la competitividad puede ser útil en el corto plazo hasta conseguir que los avances en competitividad se asienten en mejoras en la productividad, pero la reducción de los CLU basada en menores salarios puede resultar imposible de mantener en horizontes más amplios de tiempo.

Recortar los costes laborales aumenta la competitividad pero es útil solo a corto plazo

La importancia de realizar un pacto político-social aparece con mayor vigor al contemplar la situación en la que se encuentra la economía española para salir de la crisis en un contexto de política de austeridad global en la zona euro. Con la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales por parte de los agentes económicos españoles, la quiebra de una parte del sistema bancario y la posibilidad de insolvencia como país, se necesitó el apoyo de la zona euro y, en contrapartida, las directrices sobre la política económica española pasaron a diseñarse en Bruselas.

El problema es que las medidas de austeridad para España se han definido en el contexto de política europea en el que no se ha generado ningún estímulo a la demanda por parte de los países con importantes superávits en el comercio internacional. Ello ha agudizado en el corto plazo la caída del consumo, del PIB y del empleo en España, pues la política de austeridad global reinante en un área con tipos de cambios fijos hace inevitable que una parte de nuestra demanda se cubra con importaciones desde los países del área que ya tienen superávit.

En este contexto es necesario suavizar la política restrictiva española sin menoscabar, incluso aumentando, las expectativas actuales de los inversores extranjeros en nuestra economía. Pero esto solo se podrá lograr presentando a los inversores extranjeros un gran pacto político-social español con un contenido sólido en las líneas de lo comentado anteriormente, con un procedimiento claro de implementación y con una manifestación social firme de llevarlo a cabo. Este pacto a su vez constituiría un excelente respaldo para ganar más autonomía respecto a Bruselas en cuanto a la política económica española.

Hay dos alternativas para salir de la crisis de forma firme y duradera, con y sin pacto, ambas penosas, pero la segunda mucho más incierta y más larga que la primera. Finalmente conviene señalar que no debe suponerse que la supervivencia del euro a un plazo más allá de cinco o 15 años es indiscutible, pues dependerá de la convergencia económica que se dé entre los países que configuran la Unión Monetaria Europea. Para prepararse y avanzar como país en ese proceso de convergencia o para prepararse para una posible ruptura del euro, las consideraciones realizadas en este trabajo parecen especialmente pertinentes.

Antoni Espasa es catedrático de Análisis Económico de la Universidad Carlos III y director del Boletín de inflación y análisis macroeconómico del Instituto Flores de Lemus.