Orden y tributos

La política tributaria española sigue pecando, a pesar de las lecciones que pueden extraerse de los últimos 30 años, de falta de orden y de propiciar una escasa pedagogía social. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acaba de anunciar una reducción de impuestos. El recorte impositivo incluye una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, otra en el impuesto de transmisiones patrimoniales, un 25% en el de actos jurídicos documentados y una exención del céntimo sanitario a los profesionales del transporte de la comunidad (camiones y taxis). Asegura la Comunidad que esta rebaja ahorrará 357 millones a los ciudadanos de la comunidad y responde, según la propia institución, al deseo de que los madrileños “tengan una renta mayor”.

Bien está que se bajen los impuestos, siempre y cuando la coyuntura económica lo permita, se respete el equilibrio de las cuentas públicas y se mantenga una estructura fiscal adecuada a las necesidades sociales. Por lo demás, el anuncio necesita una memoria económica que explique, entre otras cuestiones, cuál es el impacto del recorte fiscal sobre las cuentas autonómicas, cuáles serán los efectos reales sobre el crecimiento y el empleo y cómo beneficiará a cada escalón de renta de los madrileños. El presidente madrileño tiene previsto ofrecer hoy sus cifras en una conferencia de prensa. Estas decisiones fiscales sin la correspondiente explicación no son exclusivas de la Comunidad de Madrid; otras autonomías las han aplicado con el mismo grado de incertidumbre a medio y largo plazo.

El anuncio de la Comunidad de Madrid incide en dos factores que deberían contemplarse desde una política fiscal articulada. Por una parte, puede incentivar una escalada competitiva a la baja de impuestos autonómicos, que no siempre está justificada. Resulta difícil de entender para el ciudadano medio cómo mientras se bajan impuestos se informa de que no hay dinero para políticas sociales (parados, dependencia) o para parchear carreteras. Por otra, las decisiones fiscales autonómicas se adelantan a una reforma fiscal en profundidad que el Gobierno tendrá que abordar en 2014 (si de verdad mejora la economía), cuando lo lógico sería lo contrario, que la nueva fiscalidad global precediese a las autonómicas.

Porque una de las verdaderas reformas estructurales que se necesita es la fiscal. Las líneas de esa reforma se conocen. Se impone un nuevo IRPF, con menos tramos de renta y un mínimo exento generoso que alivie a las rentas más bajas; un impuesto sobre sociedades renovado, con tipos más bajos, pero del que se haya extirpado la maraña de desgravaciones y exenciones; y una imposición sobre el IVA que no penalice la actividad y el consumo. Las dos condiciones inexcusables de esa reforma son que mantenga la recaudación pública en condiciones de equilibrar el gasto y que en ningún caso desarme una estructura fiscal acorde con una economía social avanzada.