Un incumplimiento manifiesto

Las pensiones públicas en España han estado y siguen estando en el centro de los ataques al Estado de bienestar en los últimos años. En los dos aspectos esenciales que son la edad de jubilación y la cuantía de la pensión, los distintos Gobiernos han asumido los criterios neoliberales más lesivos para los interesados: retrasar obligatoriamente la edad de jubilación y ampliar el cómputo de los periodos para el cálculo de la pensión.

En uno de los escasos aspectos en que se han establecido incentivos y se ha elegido la voluntariedad en lugar de la obligatoriedad, ha sido en la aprobación de subidas en la cuantía de la pensión de personas de más de 65 años que continúen trabajando voluntariamente.

Pues bien, los sucesivos Gobiernos han incumplido, desde 2007, su propia ley con uno de los colectivos de trabajadores incluidos en esa situación. Se trata de los funcionarios del régimen de clases pasivas a los que la norma vigente incluyó junto a los restantes trabajadores del régimen general, reconociéndoles subidas adicionales por cada año en que prolongaran voluntariamente su vida laboral (punto 4 de la Ley 40/2007, de Seguridad Social). Es decir: los Gobiernos no aplican a los funcionarios del régimen de clases pasivas las subidas pertinentes en la cuantía de la pensión y que están aprobadas en la citada ley.— Tomás Muñoz de Morales Ortega.